Ejecución de los Perte: no se trata de gastar, sino de invertir bien

En España no hay suficiente cultura de evaluación de las políticas públicas. Según la OCDE, es una de las debilidades político administrativas del país

Los Perte representan la mayor oportunidad para abordar un proceso de reindustrialización basada en tecnologías y conocimientos avanzados, en innovación. Su correcta ejecución será esencial para alcanzar los objetivos últimos de crecimiento, empleo y aumento de productividad necesarios para la transformación de nuestra economía. Sin embargo, por correcta ejecución no debe entenderse el ser capaz de conseguir ejecutar el presupuesto disponible, que sin duda es una premisa necesaria, sino también el diseñar unos indicadores que permitan evaluar el éxito o fracaso de esos planes. Todos conocemos ejemplos de programas cuyo presupuesto se ha conseguido ejecutar, la satisfacción de los participantes es alta, y, sin embargo, su eficacia ha sido nula o muy pequeña. En consecuencia, no se trata de gastar, sino de invertir bien.

La evaluación de políticas es precisamente el marco sobre el cual se ha de valorar si determinados programas, en este caso los Perte se ejecutan bien. Existen varias fases que han de ser tenidas en cuenta: en primer lugar, la evaluación ex ante, que determina la pertinencia de un programa determinado, así como la coherencia de su diseño; la evaluación de seguimiento se efectúa durante el transcurso del programa, y evalúa la gestión del mismo, así como resultados intermedios que se hayan podido definir, si los hubiera. Finalmente, la evaluación de impacto o ex post se ha de realizar tras la finalización del programa, y su fin es el de identificar y cuantificar el impacto del programa en determinados objetivos.

En España no hay suficiente cultura de evaluación de las políticas públicas. Lo dice la OCDE en sus sucesivos informes sobre la economía española y recurrentemente señala este aspecto como una de las debilidades de nuestro sistema político-administrativo. Es necesario que cale entre las instituciones que implementan las políticas públicas que la evaluación debe entenderse como una herramienta esencial de aprendizaje para la toma de decisiones que permite diseñar mejor, gestionar mejor y, por último, evaluar los resultados y medir la eficacia de esas intervenciones en la consecución de los objetivos macro y micro definidos. Hasta ahora, la evaluación se ve más como un elemento fiscalizador que como una herramienta de aprendizaje. Esta visión de la evaluación es especialmente relevante cuando se desarrollan políticas públicas de innovación orientadas a misiones, como son los Perte.

Sería, sin embargo, ingenuo por nuestra parte obviar la complejidad de la evaluación de proyectos como estos, donde concurren objetivos ambiciosos y de muy diversa índole, numerosas iniciativas con mecanismos de asignación diferentes, y la participación de un número elevado de agentes de distinta naturaleza. De hecho, no está siendo fácil ni definir, ni localizar, ni, por tanto, medir el enorme volumen de resultados que debieran desprenderse de estos programas tan complejos.

Un ejemplo de esta problemática puede visibilizarse en el retraso en el despliegue de la llamada plataforma Coffee (plataforma común de FFFEE -Fondos Europeos), que es el sistema informático que la Secretaría General de Fondos Europeos ha puesto en marcha para su gestión. De momento, solo está accesible para la gestión de las convocatorias ministeriales y está pendiente su utilización para la de las convocatorias autonómicas. Y lo que viene más al hilo de nuestra reflexión, al revisar los ejemplos sobre los informes que proporcionará este sistema, la metodología de seguimiento menciona hitos e indicadores cualitativos para la medición del grado de cumplimiento de cada proyecto y subproyecto; es decir, se hace mención al cumplimiento en la ejecución del gasto, es decir, a gastar, sin ninguna mención a la existencia de indicadores agregados que informen sobre la calidad de la gestión (evaluación de seguimiento), así como del impacto de cada proyecto (ex post), es decir, a invertir bien. Reconozcamos que no es una tarea fácil.

Para resolver un problema de esta complejidad, es preciso trocearlo, y apoyarse en indicadores concretos, posiblemente parciales, pero que permitan ir cuantificando de algún modo las misiones que cada Perte ha definido y que se alimenten de los resultados de los proyectos aprobados en cada convocatoria. Para ello es preciso compartir entre las partes que intervienen en un Perte que el objetivo fundamental es la transformación de nuestra economía hacia un modelo más tecnológico e industrial que genere más valor añadido. A partir de este punto de encuentro probablemente será más fácil desplegar un sistema jerarquizado de objetivos.

Una figura que puede ayudar en este despliegue es el comisionado, que está siendo un elemento esencial para impulsar y dar a conocer cada iniciativa además de contar con el respaldo de agentes públicos y privados. El prestigio y la experiencia profesional de las personas seleccionadas ofrece una oportunidad para mejorar el modelo de gobierno y la rendición de cuentas. De hecho, nos parecería muy positivo ampliar el alcance de su papel y proporcionarles recursos y herramientas para que puedan ser el elemento canalizador que contribuya a que los fondos se inviertan bien. Para ello una posibilidad sería desplegar una oficina de proyecto que (i) ayudara a todos los agentes participantes a revisar la gestión, coherencia y grado de implementación de cada convocatoria con los objetivos globales del Perte a lo largo del tiempo, (ii) facilitara el dialogo entre los agentes para la definición conjunta de los indicadores macro y micro de cada iniciativa y (iii) asegurara que todos están dispuestos a proporcionar la información para que esos indicadores puedan medirse, adaptando los procesos tras la adjudicación de los fondos.

Con un comisionado con las funciones descritas, cabría la posibilidad de agilizar y flexibilizar los requisitos ex ante de control y cumplimiento de compromisos, que, en la actualidad, están siendo vistos por las empresas como mecanismos entorpecedores de sus planes de desarrollo en aspectos que las empresas sienten que aportan poco valor añadido. Es cierto que a veces las empresas se olvidan la responsabilidad del Gobierno en la gestión del dinero público y la necesidad que este tiene de justificar sus decisiones con la máxima diligencia y transparencia.

Ante una menor exigencia ex ante, por supuesto, le seguiría una supervisión ex post rigurosa y contundente, como sucede en otros países de nuestro entorno, pero que sería muy asumible si a lo largo del desarrollo de los proyectos se ha contado con ese modelo de gestión que ha facilitado la obtención de los datos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos prefijados. Esta sería, de hecho, también una forma de invertir mejor: si en vez de requerimientos de cumplimientos de convocatorias tuviéramos objetivos de retorno de los proyectos y fuéramos exigentes en los mismos, solo aquellas empresas que creyeran firmemente en sus proyectos se arriesgarían a asumir potenciales sanciones futuras.

Grupo de reflexión de Ametic