El Gobierno y la banca deben pactar una respuesta al alza de las hipotecas variables
El endurecimiento de la política monetaria del BCE y la veloz escalada que ha experimentado el euríbor han aumentado considerablemente la carga financiera de quienes contrataron hipotecas a tipo variable en la era del dinero gratis. En España, el total de este tipo de préstamos, concedidos mayoritariamente entre 2016 y 2021, alcanza el millón y medio de contratos. Se trata del segmento más perjudicado por una conjunción de factores adversos que incluyen la actual crisis fuertemente inflacionista y el horizonte de alzas de tipos de interés dirigido a combatirla. Así, el rápido ascenso del índice de referencia, que se acerca ya al 3%, ha engrosado de forma notable las cuotas de una cartera de préstamos que arroja unos 155.000 millones de euros de saldo vivo.
Aunque los niveles de mora que soporta el sector financiero se mantienen de momento en límites manejables, tanto el Gobierno como la banca están negociando fórmulas para auxiliar a aquellos clientes que puedan llegar a encontrarse en situación de insolvencia, en previsión de que la coyuntura económica se deteriore más allá de lo previsto. Según los últimos datos del Banco de España, las familias consideradas altamente endeudadas, por destinar más del 40% de sus ingresos, se elevan ya al 14%, un porcentaje que alcanza el 35% en los hogares con menor renta. Desde el Ejecutivo, se plantea extender las posibles medidas de ayuda no solo a los grupos en riesgo de exclusión –universo que en principio maneja la banca–sino también a la clase media, un extremo que puede parecer necesario modular. Aunque ha habido alguna entidad que ha dado ya un paso al frente con alguna propuesta concreta, como es el caso de Caixabank y la idea de congelar las hipotecas durante 12 meses para clientes con problemas de pago, la manera óptima de prevenir un hipotético escenario de impagos en cascada es un acuerdo sólido, equilibrado y de consenso alcanzado entre el Gobierno y el sector en su conjunto.
Al contrario de lo que sucedió en la crisis financiera de 2008, la banca opera hoy con niveles de solvencia suficientes para articular una respuesta ordenada y eficaz, gracias a unos balances estables, saneados y fortalecidos por las provisiones realizadas durante la pandemia, y a una política monetaria que ha ensanchado sus márgenes. Con esos aparejos, el riesgo de una crisis crediticia resulta bajo y controlable, pero dada la incertidumbre que viven las economías europeas, la mejor estrategia para minimizar el riesgo pasa por diseñar una solución proporcionada, coordinada y eficaz.