La justicia tardía o el gato de Cheshire
La sentencia del TC de 10 de octubre acierta amparando a un ciudadano cuyos derechos fueron vulnerados, pero esconde las causas reales
En su sentencia de 10 de octubre de este año, el Tribunal Constitucional ha determinado que el señalamiento de un juicio para tres años y casi cinco meses después de la presentación de la demanda lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución en un plazo razonable. ¿Era necesaria esta sentencia? Para el ciudadano afectado, indiscutiblemente sí. Para la sociedad…depende.
Una de las escenas más conocidas de la literatura universal es la que retrata a la pequeña Alicia (de Alicia en el país de la maravillas) conversando con el gato de Cheshire. En ella, la niña le pide al animal que le indique hacía dónde tiene que ir, contestando el menino que la respuesta depende de a dónde quiera llegar. Alicia le replica "A mí no me importa demasiado a dónde…" y el gato concluye "En ese caso, da igual hacía a dónde vayas". Recurriendo al genial Lewis Carroll y a lo gráfico de su metáfora sobre la relatividad del espacio y su importancia, con la sentencia del pasado 10 de octubre ocurre igual que con la joven Alicia: ¿A dónde queremos ir?
La contestación a la pregunta no es intrascendente. El primer pronunciamiento del tribunal de garantías sobre dilaciones indebidas data de 1981 (la sentencia del Tribunal Constitucional 24/1981, de 20 de julio), ¡hace más de cuarenta años!, y en este tiempo cabe recalcar que los retrasos no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado. La litigiosidad masiva, la creciente conciencia de la ciudadanía en cuanto a sus derechos o la complejidad económica han traído consigo un tablero judicial cada vez más amplio en el que no obstante los medios, las estructuras burocráticas y los procedimientos son los mismos o muy similares. De nuevo con la Alicia de Carroll, el tiempo, igual que le ocurriere al sombrerero, ha sido detenido y para los órganos jurisdiccionales siempre es la hora del té. Nada cambia, todo permanece…exactamente igual (o siendo benevolentes, casi igual) que en 1981.
En parámetros jurisprudenciales la sentencia de 10 de octubre no aporta nada. Es evidente lo inaceptable de la espera de un plazo de más de tres años para cualquier juicio y es claro que tanto retraso difícilmente puede conciliarse con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Sin embargo, aceptando el fallo, sí cabía esperar algo más (o quizá no) del Tribunal Constitucional. Y ello es que señalase al culpable mediato y no se escudase en un pronunciamiento técnicamente correcto pero socialmente cobarde.
El de la justicia tardía no es un problema novedoso, como tampoco lo son sus causas o responsables. Y no habitan unas ni otros en los lugares donde se administra esa Justicia sino en otros, distantes y fríos, edificios administrativos, que tienen por propósito elaborar balances y presupuestos, memorias y recomendaciones, planes y ayudas. Sí, no es la Justicia la culpable de su demora, sino tal vez su víctima, una más, como tantas muchas, como también lo es el profesor demandante que recurrió en amparo para que le confirmasen lo que él y su abogado ya sabían.
La sentencia de 10 de octubre acierta amparando a un ciudadano cuyos derechos, sí, fueron vulnerados. Pero yerra, o al menos esconde, las causas reales de esa vulneración. Las mismas que en 1981 propiciaron una primera resolución y que hoy, en la misma hora del té más de cuatro décadas después, culminan con otra sentencia en la que se confunden inocentes y verdugos, aspiraciones y direcciones.
¿Importa a dónde vamos? ¿Importa hacia dónde se dirige la Justicia? ¿Importan los derechos de los afectados o los problemas estructurales y permanentes de los juzgados? Quizá no demasiado. Quizá como Alicia lo relevante sea sólo llegar “a alguna parte”. En ese caso, la sentencia es inapelable. Hemos llegado a un sitio: al mismo que en 1981. El tiempo es una ficción… Es la hora del té, el gato de Cheshire sonríe desde su rama.
Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia.