El tsunami demográfico presiona las cuentas de las pensiones
Las estimaciones recientes de población exigen una revisión continua de ingresos y gastos de la Seguridad Social, aunque se alcance el pleno empleo
En mayo hizo cien años que Francis Scott Fitzgerald publicó El curioso caso de Benjamin Button, la historia de un enigmático personaje que vivió al revés, que nació con ochenta años enganchado a un bastón y con el tiempo recuperó verticalidad, lozanía y juventud para asombro de sus vecinos. Un caso entre millones, como el del protagonista de uno de los Cuentos para dormir mejor, en el que el genial Miguel Gila relata la vida de un misterioso paisano que es alumbrado anciano, viaja por la vida con el tic tac del reloj girando a la contra y termina desnaciendo en el vientre de su madre. Una ensoñadora suerte poética: nacer envuelto en sabiduría y fenecer con la inocencia de un bebé.
Pero la realidad es de una dureza tan prosaica que deja poco espacio a las ficciones: en España la gente envejece y lo hace con una intensidad creciente, con una longevidad puntera en el mundo reflejada en las más de 14.000 personas centenarias ahora, pese a la severa guadaña del Covid con los más ancianos, y que dentro de 50 años puede superar las 226.000, entre las que puede estar usted. Ese es el escenario central que pintan las últimas proyecciones demográficas elaboradas por Estadística con la ayuda de decenas de demógrafos.
Ese colectivo de agraciados por la mejora de la esperanza de vida es solo la punta anecdótica del envejecimiento que ha experimentado el país en los lustros pasados y que ganará intensidad en los venideros. La cuestión es si con una esperanza de vida media de 85 años para los hombres y 89 para las mujeres en el ecuador del siglo habrá recursos para atender sus necesidades de servicios sanitarios, de cuidados y de renta como pasivos. Los hombres serán pensionistas en 2050 durante 22 años (tres más que ahora), y las mujeres, durante 25,5 (dos y medio más que ahora), pequeños detalles que encarecerán exponencialmente la factura.
¿Habrá entonces una estructura productiva robusta para costear prestaciones con capacidad económica similar a la actual? ¿Habrá suficientes cotizantes y productividad suficiente en sus empleos para soportar la montaña creciente de gasto en pensiones? ¿Son los gestores de lo público conscientes de lo que se viene encima y disponen de convicción bastante para anticipar decisiones, o, con el habitual made in Spain, los arrollarán las circunstancias e improvisarán suturas temporales?
El INE proyecta que la población residente dentro de 15 años habrá ascendido en más de cuatro millones de moradores y superará los 51 millones, que se acercarán a los 53 millones en la mitad del siglo y se estabilizará después (a la proyección de Estadística le alcanza la vista hasta 2072). Pero concluye que, con una fecundidad media estancada en 1,27 hijos por mujer durante todo el periodo, las defunciones superarán a los nacimientos en todos y cada uno de los años, (en algunos incluso los duplicarían), lo que llevará la población nativa (nacidos en España) a descender hasta los 33,6 millones de moradores en 50 años.
Hay cálculos que dan por descontado el pleno empleo, incluso aunque la variable migratoria dispare las proyecciones demográficas. En todo caso, nadie sabe cuántos inmigrantes llegarán ni cuántos dejarán el país, puesto que el comportamiento de los movimientos migratorios lo condicionan múltiples circunstancias, y de forma especial el crecimiento de las economías, tanto de las emisoras de población como de las receptoras, algo sobre lo que es complicado poner números. Se antoja aventurado, en todo caso, fijar llegadas de casi un millón de personas durante cada uno de los diez próximos años (un 63% más que en los diez últimos), que arrojaría un saldo migratorio favorable de cerca de medio millón de ciudadanos cada ejercicio de los diez próximos (un 82% más que en cada uno de los diez últimos).
Pero dando por buenas las cifras de residentes en el país estimadas por Estadística, y que la población llegada de fuera se adapte a las necesidades del mercado de trabajo, hay que mirar dos veces la estructura de edades de tales moradores. Las personas potencialmente activas, las que estuviesen entre los 20 y los 65 años, que ahora representan el 60,7% del total, pasarán a suponer el 53% en solo 30 años (2050), con un grave desequilibrio respecto a la masa pasiva, la que representan los jubilados y los jóvenes de hasta 16 años.
Una muy buena parte de los jóvenes está en formación y debe considerarse pasiva, y empeora la tasa de dependencia, entendida como la relación porcentual de pasivos sobre los activos, que no evoluciona precisamente a favor por el envejecimiento natural. Hoy ya el colectivo de españoles en edad de retiro supone el 30% de los que tienen entre 16 y 64 años, un porcentaje que llegará al 41% en 2036 y superará el 53% mediado el siglo. Esa dramática tasa de dependencia se incrementaría en 20 puntos si añadimos al colectivo de mayores el de menores de 16 años.
En definitiva, población hay, pero la estructura de edades es tan endemoniadamente envejecida que cuesta creer que haya fortaleza suficiente entre los activos para sustentar a los pasivos. Los gestores de las pensiones públicas admiten que habrá un vertiginoso avance de las altas de pensiones de jubilación, con cifras que superan las 525.000 en 2040, pero que cederán después, para superar en poco las 300.000 solo diez años más tarde. Lo que no dice es si tal alivio compensará financieramente el déficit de cotizantes, que estarán numéricamente a la par con los perceptores de pensión en tales fechas, y de cotizaciones, ya que la pérdida de productividad de los últimos años alerta del riesgo de aportaciones menguantes en términos reales.
Unos perceptores, que, además, lo serán durante unos cuantos años más por la creciente esperanza de vida que llevará a muchos a cobrar durante más años de los que han pagado. Las estimaciones de la Seguridad Social, medioplacistas en el mejor de los casos, cuadran mal con las que esboza Estadística, pero unas y otras están sujetas a una variabilidad que impone su revisión continua.
El gasto en pensiones para 2023 se acerca a 200.000 millones de euros, con un avance de más del 9%, cuando aún no ha explotado la espita que dé acceso a las cohortes del baby boom al retiro. Decisiones legales poco racionales están estirando el gasto más allá de lo conveniente, y cuesta imaginar que, en quince años, hasta donde la visibilidad alcanza, si no se refuerzan los ingresos y se ajusta de gasto, pueda mantenerse la viabilidad de la caja. De más allá no hablamos, pero deberán forzarse más aportaciones y prestaciones, crecientes las primeras, y menguantes las segundas.
José Antonio Vega es periodista