Los juristas reclaman una solución legislativa para reconstruir La Palma
La excepcionalidad del desastre vulcanológico motiva que la normativa actual deba ser revisada, coinciden los juristas en unas jornadas organizadas por el Notariado
La erupción del Tajogaite el 19 de septiembre de 2021, hace ya un año, dejó miles de afectados y cambió la orografía de La Palma. Tras 85 días y 8 horas de erupción volcánica, muchos palmeros siguen luchando por recuperar un hogar y su vida. Los notarios han estado desde el primer momento ayudando a los afectados a acreditar que eran dueños de una casa, inmueble o plantación.
Esta semana, el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane ha acogido las jornadas Ideas para el desarrollo sostenible de La Palma (La oportunidad después del volcán), un foro de reflexión organizado por el Colegio Notarial de Canarias, el Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Notariado. En las jornadas han participado profesionales de la justicia, la economía, la arquitectura y del catastro, junto con autoridades nacionales, autonómicas y locales (incluidos los alcaldes de las zonas afectadas). Todos ellos han propuesto han compartido propuestas para encontrar soluciones jurídicas para la reconstrucción de La Palma.
Durante el acto inaugural de las jornadas, este jueves 22 de septiembre, el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, subrayó el compromiso del notariado. Martínez Sanchizpuso de manifiesto que "han sido muchos los compañeros que han tratado de recuperar, desde el punto de vista documental, la situación producida por el volcán. Hay dos circunstancias fundamentales a las que nos enfrentamos: la ayuda a las víctimas y el futuro que debemos fraguar. Sobre este segundo aspecto, el Colegio Notarial de Canarias, la Fundación Notariado y el CGN hemos querido convocar estas jornadas, con el propósito de aportar ideas para el desarrollo sostenible de la Palma. Espero que este foro permita alumbrar nuevas vías que transitar". “No solo queremos reconocer los títulos de propiedad, también queremos reconstruir las vidas de los damnificados", recalcó.
Soluciones para la reconstrucción
Distintos profesionales debatieron en una de las mesas de la segunda jornada, moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia. Contó con las intervenciones de José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias; Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio Arquitectos y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Tenerife del Colegio de Registradores de España.
Rodríguez constató que "la realidad jurídica es tremendamente compleja. El abanico de problemas ha desbordado la realidad fáctica del Valle de Aridane. Se plantean numerosas circunstancias que quedan al margen del Decreto Ley 1/2002 (por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma)".
El decano de los abogados palmeros propuso "buscar soluciones extraordinarias en el mundo del Derecho. Los canales magmáticos han sepultado suelos rústicos en los que se edificaban núcleos familiares en la misma finca o viviendas sin declaración de obra nueva, por poner ejemplos. La realidad es que, pasado un año, no se han buscado soluciones a esas situaciones; por lo que comienza una etapa en la que se pasa a la intervención judicial y a la denegación de solicitudes de ayuda. Ahora estamos pasando a judicializar la vía civil, con reclamaciones al consorcio de compensación de seguros".
Ricken, decana del Colegio Arquitectos, sostuvo que "la reconstrucción debe pasar por la sostenibilidad y evitar la especulación inmobiliaria".
Celestino Lalanda, representante de los registradores, señaló las dificultades a la hora de coordinar la información registral y catastral tras la erupción, "ya que la situación de hecho distaba de la de derecho". También puso en valor "la labor de los notarios para que los afectados pudieran acreditar que eran dueños de una casa, inmueble o plantación; y, una vez identificados, poder recibir una indemnización". Como solución a la recuperación económica, propuso "la reparcelación y adjudicación de fincas de reemplazo, ya que muchos terrenos van a quedar yermos durante mucho tiempo; o los beneficios fiscales, que permitan atraer inversión para la isla".
En otro de los paneles del foro, Omar Hernández, concejal de turismo de Tazacorte, agradeció el compromiso de los notarios con sus vecinos: "Resolvieron con éxito expedientes sobre viviendas afectadas, Sin embargo, deberían llegar respuestas y ayudas en cuanto a demanda habitacional por parte de las entidades públicas. Aún hay personas alojadas en caravanas y en viviendas de familiares. Debería existir una legislación específica más ágil".
Sector jurídico
El sector jurídico también reclamó modificaciones legislativa para impulsar el trabajo de reconstrucción de la isla, tal y como se puso de manifiesto en otra de las mesas de debate, dirigida por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, en laque intervinieron Miguel Ángel Pulido, de la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias; Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo; Eduardo Risueño, abogado y profesor de Derecho Administrativo; Juan José Santana, secretario general de la Delegación de Gobierno en Canarias y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias
Francisco Villar resaltó que "la Ley Nacional de Protección Civil no está pensada para una situación como la de la Palma, en la que todo desaparece por completo y el nuevo territorio que surge es hostil a la recuperación".
El abogado Eduardo Risueño puso de manifiesto que "no tenemos una normativa de concentración parcelaria. Hay cinco millones de metros cuadrados de suelo agrario que debemos tratar de recuperar, basándonos en principios de compensación".
José Alberto Marín coincidió en señalar que "falta decisión, por lo que una previsión legislativa es necesaria".