Europa debe agilizar sus tiempos de respuesta en la crisis energética
Bruselas anunció ayer en líneas generales, con un horizonte a corto y medio plazo y con escasos detalles, su estrategia para hacer frente a la crisis energética mediante una respuesta común que no solo será compleja, sino escasamente pacífica en el seno de la Unión. La presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, confirmó que el grueso de la intervención de emergencia que anunció hace unos días lo constituirán dos medidas dirigidas al sector privado con las que Bruselas pretende recaudar 140.000 millones de euros: recortar los beneficios extraordinarios de las empresas generadoras de energía que no dependen del gas y establecer una contribución para las petroleras. Von der Layen también recalcó que las conversaciones para poner un tope máximo al precio del gas ruso no están descartadas, aunque todo apunta a que será una negociación tensa y difícil.
La presidenta de la CE argumenta que las medidas impuestas a las empresas no constituyen un intento de intervención en el mercado “injustificado”, lo cual es cierto, dada la gravedad de una crisis que no solo puede sumir a Europa en un invierno energético, sino también precipitar una recesión. Es innegable que tanto el sector de las renovables como el de las petroleras están recibiendo ingresos extraordinarios muy alejados de sus costes de producción y de sus capacidades de reinversión en mayor generación, aunque ambas medidas constituyen un parche de eficacia limitada y que no resuelve el problema de fondo de una energía a un precio insostenible.
La reforma del mercado eléctrico, junto con el diseño de un modelo energético que libere a Europa de una dependencia cuyos riesgos se hacen ahora evidentes, constituye el gran reto que debe abordar la UE. Pese a que la presidenta de la CE adelantó las líneas generales de esa reforma, cuyo objetivo es desligar definitivamente los precios de la electricidad y del gas, el horizonte para abordarla está en el medio plazo, lo que pone de manifiesto una vez más la lentitud ejecutiva de Europa, las disfunciones de su modelo de gobernanza y la factura que todo ello supone en términos de eficacia.
La magnitud de esta crisis energética no tiene una respuesta sencilla ni inmediata, pero su gravedad exige más medidas a corto plazo, mayor agilidad al implementarlas y un acortamiento de los tiempos para sentar las bases de la reforma del mercado eléctrico. Propuestas como el paquete normativo para combatir la volatilidad en los mercados de la energía, planteado por Bruselas, constituyen una respuesta interesante, que debe completarse con un repaso exhaustivo de herramientas ya en vigor que se descubren infrautilizadas, como los sistemas de estabilización de precios que existen en estos mercados.