El inminente rescate energético del Reino Unido implica un 'quid pro quo'
Londres podría exigir a cambio a las eléctricas que paren los dividendos y limiten los salarios de sus ejecutivos
Las empresas energéticas británicas suspiran por un rescate estatal. Con las facturas medias anuales de los clientes ya un 50% por encima de su nivel de 2021, compañías como EDF y Centrica quieren que los políticos aprueben un paquete de ayudas que, en teoría, podría superar los 100.000 millones de libras (118.000 millones de euros). Es lógico, ya que la subida de los precios mayoristas hace que las facturas sean cada vez más altas, pero el acuerdo implica una contrapartida.
Los proveedores de energía y los políticos están a punto de llegar a un consenso sobre el llamado “plan de déficit tarifario”, cuentan fuentes cercanas. Según el plan, los 29 millones de hogares británicos tendrían la factura de la luz limitada a su nivel actual de 1.971 libras (2.325 euros). Los bancos privados o el Gobierno prestarían a un fondo, que adelantaría a los proveedores la diferencia entre los precios de la energía al por mayor y lo que pagan los clientes. Los grupos energéticos devolverían el dinero al fondo a medida que la crisis remitiera, cobrando a los clientes un incremento en sus facturas durante una década aproximadamente.
La idea es sencilla y necesaria. Pero costará una barbaridad. Tapar la brecha entre los precios del gas y las facturas podría requerir al menos 2.000 libras (2.300 euros) por hogar. Si los precios mayoristas del gas se mantienen altos durante dos años, como sugieren los valores a futuro, el coste sería de 116.000 millones de libras (137.000 millones de euros). Eso supone casi el 5% del PIB, y está en la misma línea que los 133.000 millones (157.000 millones) de ayuda en efectivo que se dieron a los bancos en la crisis financiera mundial.
No es de extrañar que los ejecutivos de las utilities hagan hincapié en la diferencia entre 2008 y 2022. Argumentan que se trata de un rescate a los clientes y no a sus modelos de negocio, y que esos clientes devolverán el dinero. Si los bancos británicos del sector privado, como Barclays, prestaran al fondo, el plan no tendría por qué inflar la deuda de Gran Bretaña, que ya representa alrededor del 100% del PIB. Los políticos podrían reducir los costes aumentando los impuestos sobre gigantes de la energía como BP.
Sin embargo, un plan financiado por los bancos podría causar un gran revuelo cuando los consumidores se den cuenta de que están pagando los intereses, además de los costes de la energía. Los Gobiernos podrían reducir los costes de los préstamos garantizando a los bancos contra las pérdidas. Pero eso puede hacer más difícil evitar que la deuda pase al balance del Estado.
Los bancos que tomaron capital del Estado en 2008 tuvieron restricciones sobre los dividendos y se enfrentaron a presión por los salarios de los ejecutivos. En teoría, el Gobierno podría obligar a las utilities a acelerar los objetivos de cero emisiones de carbono y a instalar bombas de calor a cambio de la ayuda de los contribuyentes. Pero no es difícil imaginar también medidas punitivas como la prohibición de los bonus y del pago a los accionistas. Puede que los grupos eléctricos no tengan tanta culpa de la crisis energética, pero algunas de las consecuencias de la ayuda estatal podrían ser sorprendentemente similares a las de la crisis bancaria.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías