El CES apoya que los tribunales de lo civil resuelvan los litigios sobre marcas y patentes

El Consejo Económico y Social valora “muy positivamente” el anteproyecto para reformar la propiedad industrial

El CES apoya que los tribunales de lo civil resuelvan los litigios sobre marcas y patentes
GETTY IMAGES

El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido recientemente su dictamen sobre el anteproyecto de ley para modificar la normativa vigente sobre marcas, patentes y protección jurídica del diseño industrial, considerada como la más importante reforma del régimen de propiedad industrial en España.

El informe del órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral realiza una valoración “muy positiva” del anteproyecto al trasladar la competencia sobre los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a los tribunales civiles.

Este cambio de competencia se “venía demandando por buena parte de la doctrina y del propio Consejo General del Poder Judicial”, asegura el organismo presidido por Antón Costas. La aplicación de las competencias de los tribunales civiles se producirá tras la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.

El anteproyecto también servirá para actualizar y mejorar los procedimientos sobre signos distintivos, patentes y diseños industriales, con normas de mayor coherencia, seguridad jurídica y precisión. Además, la legislación española se adecuará al contexto normativo europeo con la incorporación de las últimas novedades internacionales, corrigiendo algunas deficiencias detectadas y adaptándolas a los cambios interpretativos de la UE.

Hay que tener en cuenta que el régimen sobre marcas en España ya fue modificado en 2018 con la transposición de la Directiva UE 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por ello, las modificaciones previstas en materia de marcas son menos sustanciales que las planteadas para los otros dos regímenes de propiedad industrial: patentes y diseño industrial.

Sin embargo, el CES critica que “no es el momento oportuno para hacer modificaciones sustantivas” sobre la protección jurídica del diseño industrial, ya que “está previsto que la UE adopte próximamente una Directiva para armonizar las normas comunitarias en materia de protección de dibujos y modelos”.

Solicitud provisional de patentes

En el anteproyecto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se recoge la figura de la solicitud provisional de patente, ya regulada a nivel internacional en diferentes países, y pensada para facilitar la protección de invenciones que todavía están por desarrollar o perfeccionar.

Aunque el CES valora positivamente esta nueva figura administrativa, sin embargo critica que la solicitud provisional “además de llevar asociada una nueva tasa, pueda generar una falsa sensación de seguridad jurídica por lo que se debe informar adecuadamente a las personas y usuarios” sobre sus condiciones.

También se quiere introducir con la reforma normativa una nueva situación administrativa denominada licencia publicitaria para que el titular de un diseño registrado pueda ofrecer licencias de diseños con fines de publicidad y difusión.

Tasas y plazos

El informe remitido por el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social critica la insuficiente justificación en la reforma de la Ley de Marcas del incremento de la tasa de oposición.

Aunque el anteproyecto extiende el régimen de bonificación del 50% de todas las tasas aplicables previstas para las universidades públicas, el CES solicita que esa bonificación también debería extenderse, igualmente, a los centros tecnológicos.

Las tasas deben contribuir a la sostenibilidad y financiación del servicio que presta la Administración y cualquier modificación sobre su importe debe realizarse de manera equilibrada para evitar que afecte a la calidad y estabilidad del sistema de protección de la propiedad industrial.

Por otro lado, la habilitación legal que se prevé para poder modificar los plazos máximos de resolución mediante una orden del ministro de Industria, Comercio y Turismo también es motivo de censura por el CES.

El Consejo considera que lo más apropiado es mantener los plazos máximos para limitar la discrecionalidad de la Administración y dar más certidumbre a las personas y entidades que utilizan la propiedad industrial. Incluso a pesar de la dificultad que conllevan los procedimientos de resolución, el CES “considera que los plazos máximos deberían reducirse respecto a los vigentes”.

En relación al procedimiento de arbitraje sobre propiedad industrial, el órgano consultivo del Gobierno considera que se deberían expresar con claridad los plazos del mismo en el futuro texto de la ley.

El anteproyecto deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros mediante un proyecto definitivo que incluirá las alegaciones que el CES, ciudadanos y profesionales del sector han realizado, para así modificar definitivamente las principales normas de propiedad industrial, y tramitarse en las Cortes Generales.

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