Pymes que duermen con su enemigo

Hay que dudar de que estén en contra de la morosidad quienes llaman trabas burocráticas a las garantías de pago

De boquilla, todos queremos acabar con la morosidad en España. La teoría es conocida: empeora la rentabilidad, competitividad y capacidad de supervivencia de nuestras pymes, parte esencial de nuestro PIB y principal fuente de empleo. Aunque a primera vista pareciera que tenemos legislación suficiente para que la morosidad no existiera, es un hecho que se produce, quizás porque existen grupos interesados en mantenerla. Sorprendentemente, no siempre es evidente quién o quiénes pueden estar interesados.

Por ello, ante la evidencia de que las palabras no siempre son coherentes con los actos, paso a exponerles una serie de hechos para que cada uno valore por sí mismo. Me refiero a la reciente aprobación de la Ley Crea y Crece en el Congreso, en los principales puntos referentes a materia de morosidad.

Primero. Con respecto a la contratación pública, obligará a los contratistas a certificar que han hecho en plazo los pagos a sus subcontratistas. Esto permitirá establecer un control por parte de las Administraciones Públicas que, dicho sea de paso, ya deberían estar haciendo según mandato de la Ley de Contratos de Sector Público.

Segundo. Impedirá que medianas y grandes empresas reciban subvenciones públicas en el caso de incumplir los plazos legales de pago a sus proveedores. No se trata de que no vayan a recibir subvenciones, ¡no es eso! Es solo que deberán cumplir el requisito de pagar en el plazo legal para recibirlas. Dado que la certificación de este hecho se producirá por un auditor colegiado, cabe esperar que brille la transparencia en el proceso. Este punto es fundamental, ya que supondrá un aliciente de la suficiente magnitud para animar a los morosos a pagar en plazo: si no pagas lo que debes, no habrá subvenciones, ni fondos europeos, ni nada… habrá que acudir al mercado…

Tercero. La creación de un Observatorio de la Morosidad para operaciones comerciales que, de asegurar su independencia, generará información “científica” sobre lo que de verdad ocurre en el mercado con respecto a los pagos entre empresas. Aunque la información, per se, no soluciona el problema, al menos la publicación de las listas de grandes morosos supondrá un efecto elusivo para estas malas prácticas.

Cuarto. La implantación generalizada de la factura electrónica, además de tener efectos positivos sobre la competitividad de nuestras pymes y autónomos, permitirá la trazabilidad de los movimientos de facturación y cobro que debiera finalizar con los tejemanejes a los que algunas grandes compañías someten a las más pequeñas. Aunque parezca mentira, hay veces que lograr el número de expediente de una obra para poder incluirlo en una factura puede ser un proceso que se alargue durante varias semanas.

No obstante, seguimos echando en falta medidas que consideramos deseables para acabar con la morosidad, como un régimen sancionador o la eliminación de los privilegios de pago que otorga la Ley de Ordenación del Comercio Minorista a las grandes distribuidoras frente a sus proveedores, y no duden que seguiremos luchando.

Consideramos que la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas contribuirá a mejorar los plazos de pago en España. Es muy importante en esta crisis: decrecimiento, alta inflación e inminente incremento de los costes financieros. Un sinfín de problemas para nuestras pymes y autónomos que no debemos agravar sometiéndoles a plazos de pago impuestos por algunas de las empresas más grandes, las que tienen posición dominante, y que pueden superar ampliamente los seis meses.

En esta tesitura, duden de quien (argumentando que representa y defiende a las pymes) cuestiona sorprendentemente una importante medida como es la relacionada con las subvenciones. Curiosamente, señalan que esta medida perjudicará a pymes y autónomos, llamando “trabas burocráticas” a las garantías de pago...

No puede cuestionarse una medida tan contundente que supone un logro sin precedentes en la lucha contra la morosidad, salvo que uno esté a favor de que no se cumplan los plazos de pago y, por ende, que en realidad se esté defendiendo unos intereses bien distintos.

Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)