Los caseros estudian fórmulas para reclamar al Estado 1.700 millones por el tope al IPC
Estudian una demanda conjunta a la Administración por el plan anticrisis Asval pide un trato justo para los propietarios ante la inflación
Los grandes y pequeños propietarios de vivienda en alquiler ultiman una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Administración por la medida del plan anticrisis que limita al 2% la actualización anual de los contratos. Por el momento, explican en la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el plan es actuar como canalizador para que los caseros que así lo estimen presenten demandas individuales. En paralelo, estudian una reclamación conjunta por la que se exigiría al Estado una reparación que ascendería a los cerca de 1.700 millones de euros.
La asociación, que reúne aproximadamente a 4.000 pequeños propietarios de vivienda y a los grandes caseros de España, se decanta por una reclamación contencioso administrativa por pérdida patrimonial de carácter conjunto, si bien tomará la decisión en firme próximamente.
El problema radica en el plan de choque impulsado por el Gobierno a finales del mes de marzo para hacer frente al alza de los precios, prorrogado por el momento hasta fin de año. Este paquete, entre medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, incluye un tope a las actualizaciones anuales de las rentas, normalmente ligadas al índice de precios al consumo (IPC) general, hasta un máximo del 2%. Teniendo en cuenta los elevados niveles de inflación registrados, que previsiblemente cerrarán el mes de junio por encima del 10%, la pérdida de ingresos para los caseros se situará en torno a los 1.700 millones de euros según los cálculos del portal Idealista, suscritos por la asociación de caseros.
La medida decretada por el Ejecutivo, en opinión de Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario, supone una pérdida de ingresos “incuestionable” para los propietarios de vivienda, ya que no viene acompañada de ningún tipo de compensación. La norma “adolece de un vicio de inconstitucionalidad”, señala, ya que constituye una “auténtica expropiación temporal del derecho del propietario a cobrar la renta pactada sin que se reconozca el derecho a percibir la correspondiente indemnización, recogida en la Ley de Expropiación Forzosa”. Por ello, el experto ve visos de prosperar a cualquier reclamación que recaiga sobre el Estado.
Desde Asval, además, cargan contra el carácter arbitrario de la norma. Según explican desde la asociación, el tope del 2% no distingue entre inquilinos vulnerables y no vulnerables, de la misma forma que mete a todos los propietarios en el mismo saco. Por ejemplo, explican fuentes de la entidad, la normativa no analiza cómo afectan las subidas de los precios generalizadas en el poder adquisitivo de algunos caseros, o cómo podrá influir la futura subida de tipos en el pago de la hipoteca de muchos tenedores que tienen la vivienda arrendada. La directora general de Asval, María Andreu, pide un “trato justo” para los caseros ante una medida que corre el riesgo de “convertirse en una limitación permanente mientras se mantenga las altas tasas de inflación”.
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