El Gobierno amplía el mandato del presidente de la CNMV a seis años
El Ejecutivo da luz verde a la ley del mercado de valores
El Consejo de Ministros ha accedido a una de las principales reivindicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Ejecutivo ha incluido en el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores la modificación de los mandatos de los miembros del consejo del supervisor, incluidos su presidente y vicepresidente, y ampliarlos a seis años, desde los cuatro actuales. A partir de ahora los mandatos no tendrán no podrán ser prorrogados, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora.
Con esta decisión, el Ejecutivo accede a equiparar a la CNMV con otros organismos nacionales como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a otros supervisores de los mercados europeos. El actual presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, había reclamado en múltiples ocasiones esta modificación para reforzar la independencia de los consejeros. También lo había solicitado Oliver Wyman en 2020 en la evaluación que realizó entonces al supervisor.
A partir de la entrada en vigor del proyecto de ley, los nuevos nombramientos del consejo serán de seis años, sin posibilidad de renovación. Los actuales consejeros podrán renovar su mandato siempre y cuando estén en su primer periodo de mandato y por un periodo máximo total de seis años.
Dentro de del fomento de la financiación no bancaria incluido en la ley del mercado de valores, el Ejecutivo contempla la reducción de los costes administrativos y la simplificación de procedimientos para las emisiones de renta fija con la reducción de las tasas de la CNMV. Una medida con la que se busca reducir las trabas burocráticas y al mismo tiempo incentivar el acceso a la financiación no bancaria por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Además, la nueva ley del mercado de valores incluye la aplicación del régimen de opas a las empresas incluidas en BME Growth, el mercado de pequeñas empresas cotizadas y heredero del antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Una medida con la que se busca facilitar el acceso de las pymes a la financiación no bancaria y a los nuevos inversores.
En cuanto a las novedades sobre la protección del inversor, el real decreto ley trata de adelantarse a la entrada en vigor de la normativa europea sobre regulación de los criptoactivos (MICA) y permitirá que en cuanto la normativa europea sea aprobada -ahora está en fase de trílogos- pueda ser aplicada directamente en España, para lo que el real decreto ley incluye el régimen sancionador de la misma.
Asimismo, facilitará la llegada de las SPAC al mercado español. Las sociedades de propósito especial, que en 2020 registraron un fuerte boom en el mercado estadounidense, verán así despejado el camino en España al ofrecer protección a los inversores al garantizar el reembolso del capital invertido por los pequeños inversores en caso no les guste la empresa con la que se acuerde la fusión.
El texto también contempla un nuevo régimen prudencial para las sociedades de inversión (ESIS), en especial para las empresas de asesoramiento financiero.
Por otra parte, a partir de ahora ya no habrán recursos de alzada ante el Ministerio de Asuntos Económicos contra las sanciones graves que imponga la CNMV.
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