Los concursos de acreedores aumentan un 7,9% pese a la moratoria

La nueva Ley Concursal debe estar lista antes del 30 de junio y evitar así el colapso de los Juzgados de lo Mercantil para cuando finalice esta moratoria

Crisis y órganos judiciales Pulsar sobre el gráfico para ampliar

El Consejo General Poder Judicial hace balance del primer trimestre del año, mediante la contabilidad de aquellas actuaciones en las que tiene que ofrecer tutela. El primer dato que llama la atención en su informe de efectos de la crisis ante los órganos judiciales es el de la evolución de los concursos de acreedores.

Su tendencia va en aumento trimestre a trimestre, y eso que se encuentran inmersos en una moratoria cuyo punto final se fija en el próximo 30 de junio. Esta moratoria, que permite a las empresas en situación de insolvencia no declararse en concurso para ahuyentar una posible liquidación por una tensión puntual, ha ejercido, pese a todo, de muro de contención y evitado una verdadera avalancha de liquidaciones que podría haber colapsado los Juzgados de lo Mercantil.

Ahora le toca al Gobierno tener en tiempo y forma la reforma de la Ley Concursal para dar solución a la situación de un importante número de sociedades en problemas por efectos de la pandemia. Una de las medidas que se persigue para agilizar el proceso es que no sea obligatoria la gestión por parte de un administrador concursal, lo que ha levantado severas críticas por parte de este colectivo profesional.

Hasta que esto suceda, su número vuelve a crecer en este primer trimestre a un ritmo del 7,9% hasta un total de 5.312. En esta cifra se suman los presentados tanto en los Juzgados de lo Mercantil, como los de personas físicas que se registran en los de Primera Instancia. La tendencia no varía desde el tercer trimestre de 2020, lo que ofrece una idea del efecto de la crisis. De este total, 2.812 correspondieron a personas físicas no empresarios, que aumentaron un 11,1 % respecto al primer trimestre de 2021.

Los 2.500 restantes correspondieron a los presentados en los mercantiles, que se incrementaron un 4,4% interanual. De estos, 1.080 corresponden a personas físicas empresarios (un 29,5% más), y 1.420 a personas jurídicas (un 9% menos).

Otra variable con tutela judicial es el de las demandas por despido. En el primer trimestre se han presentado 30.126 demandas por despido, lo que supone un 12,6% interanual menos, como consecuencia de la mejora tanto de la pandemia, como del mercado de trabajo, que ha provocado una reducción de los despidos y consecuentemente de las demandas que ello genera.

Cataluña, con 6.287 (el 20,9% del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas. Tendencia semejante se da en el número de demandas por reclamaciones de cantidad. Su evolución ha sido de un 6,9% inferior a las presentadas hace un año.

Se han presentado 6.410 ejecuciones hipotecarias, un 12% menos que hace un año, mientras que el número total de lanzamientos practicados se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, hasta 11.072.

Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625, el 68,9% del total) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias.

Los 692 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 8,1% interanual sin embargo, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 3,1%.

 

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