Industria

Los acreedores de Celsa piden controlar el 49% del capital para firmar su salvamento

La SEPI espera un pacto con la compañía para autorizar la operación

Los acreedores de Celsa piden controlar el 49% del capital para firmar su salvamento

Las espadas siguen en alto en Celsa. Los acreedores han puesto encima de la mesa su propuesta para salvar a la empresa catalana: la conversión de los 2.300 millones en deuda en el 49% del capital de la compañía. Un acuerdo entre los acreedores y la empresa es imprescindible para que la SEPI autorice el rescate de 550 millones que ha solicitado el grupo.

La familia Rubiralta, propietaria de Celsa, trata de blindar el poder sobre la compañía. Su propuesta pasa por una quita del 52% de la deuda, a cambio de que la familia fundadora inyecte 50 millones en forma de ampliación de capital. Los acreedores —entre los que figuran los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs, pero también una cohorte de fondos que adquirieron estos paquetes de deuda a un elevado descuento— han rechazado esta oferta.

Su propuesta pasa por convertir 485 millones de pasivo en el 49% del capital y transformar los 700 millones restantes en deuda con acceso preferente a equity, que cuelgue de una nueva compañía holding. Este grupo de acreedores está liderado por fondos como Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global, además de los bancos mencionados.

La pelea entre los Rubiralta y los fondos se extiende ya desde la pandemia, cuando la familia catalana solicitó en el juzgado la no conversión de un préstamo de 1.250 millones por el efecto de la pandemia, aludiendo la cláusula rebus sic stantibus. El juez finalmente dio la razón a los fondos, que negocian desde entonces con la compañía una solución.La deuda de Celsa se estructura en dos tramos: 1.425 millones de la matriz y un convertible de 650 millones que quedan por debajo.

Ahora todo se acelera. El plazo para que la SEPI gaste el dinero que falta del fondo de rescate por el Covid-19 expira el 30 de junio. Y la institución pública exige un alto el fuego entre los accionistas y los deudores para dar luz verde a la inyección de dinero público. Tambièn pide que se aplique árnica a los fondos deudores y estos asuman importantes quitas.

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