El Gobierno aprueba el tope al gas que bajará la luz y los ingresos extra de las eléctricas
Las rentas por el uso de la interconexión por parte de Francia se destinarán a compensar el coste real de los ciclos combinados
En una reunión extraordinaria celebrada esta mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado, finalmente, el real decreto ley que establece el mecanismo que limitará durante un año el precio del gas para producir electricidad en el mercado mayorista de la electricidad (pool) en España y Portugal, con un tope medio de 48,8 euros/MWh durante ese tiempo. Aunque la norma se publica mañana en el BOE, no se aplicará hasta que se produzca una decisión formal del Colegio de Comisarios y la posterior orden ministerial de Transición Ecológica, que recogerá dicha decisión, que podría demorarse entre 10 y 15 días.
No obstante, según fuentes del ministerio, ese tiempo se destinará en paralelo a recabar la información necesaria sobre las coberturas de las comercializadoras y para que el operador del mercado (Omie) y del sistema (REE) adapte sus sistemas a un mecanismo que implicará una reducción importante de los ingresos extra que reciben las compañías eléctricas al cobrar por otras energías (nuclear, hidráulica y ciertas renovables) por el precio marginal que marca la tecnología más cara (el gas, pero también el carbón). Según las mismas fuentes, las comercializadoras que no cumplan con el deber de información cometerán "una infracción muy grave".
Y es que el ajuste o compensación para pagar el coste real de las centrales de ciclo combinado de gas (que lo recibirán pero no marcarán marginal) lo financiarán las comercializadoras, que lo trasladarán a sus clientes finales. Concretamente lo asumirán los consumidores que, a su vez, se van a beneficiar de la bajada del precio el el pool: los que tienen contratada la tarifa regulada (PVPC), ligada directamente a este mercado diario; los que tienen contratos en el mercado libre indexados al pool y los consumidores que compran directamente en él. También los contratos del mercado libre que, durante el año en que esté en vigor la medida, sean renovados.
En el ministerio aseguran que, pese a pagar la compensación, "el beneficio neto será siempre positivo". No obstante, el RDL incluye una cláusula para que, en caso contrario, "los Gobiernos actúen". Aunque inicialmente, el mecanismo se diseñó para que pagara "toda la demanda", las reticencias de Portugal, que tiene a un 95% de sus usuarios con contratos con coberturs a plazo, se sacaron fuera este tipo de contratos, hasta su renovación. "Una de las condiciones -señalan en el departamento que dirige Teresa Ribera- es que el pago del ajuste a los ciclos combinados no se repercuta de manera indiscriminada, sino a las que se beneficien de la reducción". De manera inmediata, un 37% de los hogares se beneficiarán de la mismaEl Consejo de Ministros aprobó ayer, finalmente, el real decreto ley que establece el mecanismo que limitará durante un año el precio del gas para producir electricidad en el mercado mayorista de la electricidad (pool) en España y Portugal, con un tope medio de 48,8 euros/MWh. Aunque la norma se publica hoy en el BOE, no se aplicará hasta que se produzca una decisión formal del Colegio de Comisarios y una orden ministerial que podría demorarse un par de semanas.
Según fuentes del ministerio, en ese tiempo se recabará la información sobre las coberturas de las comercializadoras y para que el operador del mercado (Omie) y del sistema (REE) adapten sus reglas a un mecanismo que implicará una reducción importante de los ingresos extra que reciben las eléctricas al no cobrar por otras energías (nuclear, hidráulica y ciertas renovables) el precio marginal que marcan el gas o el carbón. Según las mismas fuentes, el incumplimiento supondrá “una infracción muy grave”.
Y es que el ajuste o compensación para pagar el coste real de los ciclos combinado de gas (que lo recibirán pero no marcarán marginal) lo financiarán las comecializadoras, que lo trasladarán a sus clientes finales. Concretamente lo asumirán los consumidores que, a su vez, se van a beneficiar de la bajada del precio del pool: los que tienen contratada la tarifa regulada (PVPC), ligada directamente a este mercado diario; los que tienen contratos en el mercado libre indexados al pool y los consumidores que compran directamente en él. También los contratos del mercado libre que, durante el año en que esté en vigor la medida, sean renovados.
En el ministerio aseguran que, pese a pagar la compensación, “el beneficio neto será siempre positivo”, pues el RDL incluye una cláusula para que, en caso contrario, “los Gobiernos actúen”. Aunque inicialmente, el mecanismo se diseñó para que pagara “toda la demanda”, las reticencias de Portugal, que tiene a un 95% de sus usuarios con contratos con coberturas a plazo, se han dejado fuera a este tipo de contratos, hasta su renovación. Esto supone, de facto, que los consumidores portugueses no pagarán nada.
“Una de las condiciones, según el departamento que dirige Teresa Ribera, es que el pago del ajuste no se repercuta de manera indiscriminada, sino a las que se beneficie de la reducción”, de entrada, un 37% de los hogares. Según sus datos, el tope al gas permitirá una bajada del precio hasta un 40%, que dependerá principalmente, del precio del Mibgas y el de los derechos de CO2. Considerando un precio de 96 euros/MWh para el gas y 80 euros/tonelada de CO2, el precio medio del pool será de media 130 euros/MWh en los 12 meses, frente a los más de 210 euros/MWh sin l mecanismo. Este precio de referencia inicial de 40 euros/MWh se aplicará durante seis meses y se irá incrementando en 5 euros MWh al mes a partir de entonces, hasta acabar en 70 euros/MWh.
Respecto a si los consumidores españoles y portugueses van a financiar a los franceses, que aumentarán sus compras en un pool ibérico más barato, el ministerio confirma que las comercializadoras extranjeras no asumirán el ajuste: “el mercado seguirá siendo único, con una sola casación”. Sin embargo, aunque el saldo será netamente exportador para la península, frente al equilibrio actual, esta se beneficiará de las llamadas rentas de congestión” o derechos de uso de las redes.
Con el mecanismo en marcha, la compensación al gas lo pagará la demanda de España y Portugal, la que fluya en las interconexiones no está sometida al mismo. “Pero no subvencionaremos, porque las comercializadoras foráneas pagarán la renta de congestión”. “Una francesa puede comprar por dos vías: bilateral a plazo, tras acudir a subastas de capacidad de uso y haya pagado unos derechos de uso, que son rentas de congestión, o puede que haga una oferta en su mercado y por el menor precio, haya un saldo exportador, ese saldo genera una renta, que terminará beneficiando al consumidor ibérico porque se destinará a compensar al gas”. Sin embargo, según el acuerdo con Francia, dichas rentas se reparten al 50% con España, “lo que significa una subvención al consumidor galo”, según fuentes del sector.
Hasta ahora dichas rentas iban a financiar las redes que gestiona el TSO, pero Bruselas permite ahora sufragar el coste del mecanismo”, subrayan fuentes del ministerio. Estas añaden “la medida podrá beneficiar a los franceses por la competencia que genera el precio ibérico más bajo”.
El ministerio reformará el PVPC antes de octubre
El nuevo mecanismo para poner un tope al gas en el mercado mayorista de la electricidad “ayudará a contener la escalada de precios y la inflación y, sobre todo, ejercerá de cortafuegos ante la volatilidad de los precios del gas derivada de la guerra en Ucrania”, consideró ayer el Ministerio para la Transición Ecológica en una nota de prensa,.
Esta mayor “estabilidad” permitirá ganar tiempo para reformar PVPC, que Transición anunció ayer para antes del 1 de octubre. La modificación se hará calculando este precio regulado con una cesta de productos a plazo, mensual, trimestral y anual con la energía procedente de subastas de las renovables con retribución específica (Recore). El RDL habilita al ministerio para proceder a dicho cambio.
La escasa liquidez de los mercados en esto momentos y los altos precios de los futuros, impiden cambiar el PVPC. “Ahora hay pocas ofertas de compra y de venta, a más de un año hay poca liquidez, si lo cambiáramos ahora las comercializadoras no encontrarían energía”, subrayaron fuentes del ministerio tras ser aprobada la norma.
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