El reto de exportar a países en riesgo de guerra

Apenas 25 kilómetros, los que hay del centro de Madrid a Alcobendas o de Barcelona a Sabadell, ha sido hasta ahora lo más cerca que la invasión rusa de Ucrania ha estado de agredir territorio de la OTAN. Es la distancia que hay de Yavoriv a la frontera con Polonia. El 13 de marzo pasado misiles rusos destruyeron una base militar ubicada en esa ciudad ucraniana.

El ataque, que sumó 35 muertos y al menos 134 heridos al sangriento parte de bajas del conflicto, avivó el temor a que un error de cálculo pudiese degenerar en una guerra abierta OTAN-Rusia. El fracaso de las tropas invasoras en su intento de tomar Kiev y su posterior repliegue hacia el este del país han atenuado esa amenaza, pero mientras la ofensiva continúe es un riesgo que no se puede descartar.

La imposibilidad de enviar mercancías a un territorio arrasado por las bombas y el cierre del mercado ruso en respuesta a las sanciones comerciales de Occidente –el Kremlin ha prohibido la exportación de cereales, azúcar, coches, aviones y drones, entre otros productos– han prácticamente borrado del mapa de los exportadores españoles dos destinos importantes que combinados representaron 2.895 millones de euros en 2021. El coste para los importadores es todavía mayor: 7.500 millones de euros.

Sin embargo, las pérdidas podrían ser todavía más cuantiosas si Moscú cruza la línea roja marcada por la OTAN. Por su cercanía al foco del conflicto, los primeros países en verse comprometidos por una guerra más amplia serían los bálticos, dos de los cuales, Suecia y Finlandia, no pertenecen a la alianza militar atlántica, pero pretenden incorporarse a ella este verano, razón por la cual han sido amenazados por el régimen de Putin.

Pero incluso los tres más pequeños le han salido respondones: a inicios de mes, Estonia, Letonia y Lituania suspendieron la compra de gas ruso después de negarse a pagarlo en rublos como exigía Moscú.

¿Qué supondría para los exportadores españoles que el frente de batalla se extendiera a estas naciones? En 2021, España exportó a los países bálticos –considerando como tales a Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Suecia y Dinamarca y dejando fuera a Alemania y Rusia que también tienen acceso a ese mar– bienes por un valor de 14.943 millones de euros, que equivalen al 4,7% del total y al 7,7% de los envíos a la UE.

Polonia encabezó las ventas con 7.580 millones, más del doble que Rusia y Ucrania juntos, seguido por Suecia, con 2.500 millones. En todos los casos, las partidas más grandes son frutas, legumbres y hortalizas; equipos y semimanufacturas, sobre todo productos químicos, y coches.

“Los países de la UE que rodean el mar Báltico son muy relevantes para nuestro comercio exterior. Representan casi la mitad de lo que exportamos a Alemania, y las importaciones [13.600 millones], el 4% del total, también son importantes. Una extensión del conflicto a la región tendría consecuencias tanto en los costes de intercambio como en los volúmenes”, señala Raymond Torres, director de coyuntura y economía internacional de Funcas.

“A corto plazo, la materialización de ese riesgo restaría vigor a las exportaciones españolas, que se habían constituido en uno de los motores de la recuperación. Pero también agudizaría la crisis de suministros, presionaría sobre la inflación, en cotas ya muy altas, y desor­ganizaría la actividad en parte del tejido productivo”, advierte.

Desde Solunion, una joint venture de Allianz y Mapfre especializada en seguros de crédito y caución, discrepan. “Si bien es cierto que en los últimos años las ventas a países como Polonia o Finlandia han crecido de manera significativa (a doble dígito en 2021), por su distancia geográfica, la falta de lazos históricos y el tamaño de sus economías, su peso relativo en las relaciones comerciales españolas es limitado, por lo que el impacto de que la guerra se extendiese a esos países estaría en esa misma línea”, opina Jochen Wilmes, director de riesgos e información de Solunion España.

Dicho esto, puntualiza que, en el caso de Polonia y Finlandia, la consecuencia sería una menor demanda de automóviles, maquinaria, equipos y ropa. En cuanto a compras, las más afectadas serían las de papel y cartón procedentes de Finlandia.

Coberturas

Ruth Pérez, directora corporativa de legal y compliance de Solunion, aclara que, por definición, los seguros de crédito y caución privados cubren impagos derivados de un riesgo comercial, por lo que normalmente no indemnizan por pérdidas causadas por situaciones extraordinarias como una guerra. En algunas ocasiones, los asegurados pueden pedir garantías adicionales para protegerse del riesgo político de ciertos países. Aquí caben no solo conflictos bélicos, sino también devaluaciones o medidas que impidan transacciones. Sin embargo, “en estos momentos no estamos recibiendo solicitudes para contratar una cobertura de ese tipo, ni en estos países ni en otros”, afirma.

Ahora mismo, los bálticos “son mercados con plazos de pago extensos, pero con niveles razonables de morosidad e impago”, comentan fuentes de Crédito y Caución, filial del grupo Catalana Occidente. Si bien aceptan que la posibilidad de que se instaure en la zona un escenario de tensión constante “es un factor a tener en cuenta”, aseguran que en estos momentos siguen ofreciendo a sus clientes “un alto nivel de cobertura” en estos países.

En tanto agencia de crédito a la exportación, Cesce es la única entidad que cubre a los exportadores españoles, por cuenta del Estado, con pólizas que mitigan riesgos extraordinarios como catástrofes naturales, confiscaciones, expropiaciones, el impago de compradores públicos o guerras. Eso sí, el seguro debe haberse contratado antes de que estalle el conflicto.

“Por el momento no hemos observado un incremento en las solicitudes de cobertura en estos mercados, lo que indica que las empresas no están percibiendo una mayor probabilidad de que se produzca ese suceso o la necesidad de cubrirse para seguir operando”, apunta Ricardo Santamaría, director de riesgo país y gestión de deuda de Cesce.

En el Club de Exportadores consideran muy poco probable que el panorama en la zona empeore porque la agresión a un país miembro de la OTAN obligaría al resto a salir en su defensa, lo que desencadenaría una escalada bélica de efectos impredecibles. Pero incluso sin llegar a ese extremo, la asociación reconoce que la crisis ucraniana ha atizado aún más el alza de la energía, de los fletes y de las materias primas, toda una serie de sobrecostes que empezaron en 2021 cuando el retroceso de la pandemia destapó el cuello de botella generado por meses de restricciones en la oferta.

La inflación, que en marzo repuntó un 9,8%, el nivel más alto desde mayo de 1985, “nos quita competitividad porque supera a la de países competidores como Italia o Francia”, dice Antonio Bonet, presidente del Club, quien reclama al Gobierno una reducción temporal de impuestos similar a la aplicada por nuestros rivales. “Aquí no solo no han bajado, sino que han subido”, recuerda, en alusión al aumento de las cotizaciones sociales aprobado en noviembre y que surtirán efecto a partir de 2023.

Torres, de Funcas, coincide en que hacen falta medidas para atenuar el impacto de la crisis energética y de suministros en las empresas más expuestas, para evitar la quiebra de negocios viables a largo plazo. “Estas ayudas podrían estar condicionadas a la adopción de planes de eficiencia energética y financiadas por los fondos Next Generation EU”, precisa. Propone también un tope al precio del gas y un pacto que contemple la moderación de salarios, de los márgenes empresariales, de los precios de la electricidad y de las pensiones, por ejemplo.