Así permite la banca abierta que el cliente pague menos por mejores servicios

Varias entidades esperan la luz verde del Banco de España para competir Comienzan a sentarse las bases para la tercera edición de la directiva de servicios de pagos electrónicos

Ana Botín, presidenta de Santander, Carlos Torres, presidente de BBVA; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; César González-Bueno, CEO de Sabadell; María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, e Ignacio Juliá, CEO de ING.

Que los bancos tengan que soltar la llave de los datos de sus clientes y permitan el acceso a ellos a otras entidades, ya sean fintech o competidores directos, se conoce como banca abierta. El impacto sobre la competencia de la segunda edición de la directiva sobre medios de pago, PSD2, surte efecto. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter e ING han trabajado intensamente en la norma.

Mariona Pericas, asociada sénior de finReg360, explica que la mencionada directiva, sin duda, ha contribuido a fomentar la competencia en el sector financiero. Pero está convencida de que “algunas entidades no habrán quedado satisfechas con la implementación final de esta norma”. “Debemos destacar que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sigue dando criterios interpretativos para mejorar su eficacia en la práctica [...]. De hecho, este verano la EBA debe responder a la Comisión Europea algunas preguntas para abordar una futura PSD3”, agrega.

La experta de finReg recuerda que esta regulación nace de la premisa de que los datos son del cliente y este puede compartirlos con quien quiera con la finalidad que pacte. “Lo cierto es que este criterio está abriendo muchas reflexiones y modelos de negocio que van más allá de las cuentas y servicios de pago, como es el caso de otros servicios financieros, como seguros, servicios de inversión o mucho más allá, a través de la portabilidad de datos”, comenta. Así, un cliente puede acceder desde el servicio online de su banco de referencia a las cuentas en cualquier otra entidad, pero no solo eso.

Los bancos compiten directamente por el cliente con los datos de sus rivales. ING, para ajustar al máximo el precio de sus créditos al consumo, se conecta al banco principal del solicitante para disponer de todo su historial. Tras conectarse con su entidad de referencia, el usuario generará una clave personal para acceder a la app y a la web de ING. Así, los no clientes pagarán el mismo interés que pagarían si fueran usuarios.

ING personaliza sus créditos al consumo con datos del banco principal del cliente

Desde PwC señalan que, tras haber tardado en arrancar, su impacto comienza notarse. A finales del año pasado había unas 70 entidades de pago, de dinero electrónico y prestadoras del servicio de información de cuentas, que son las que se pueden beneficiar de la nueva normativa. Y PwC añade en su reciente informe Unión Bancaria, un clima de cambio que “muchas decenas más estaban en la ventanilla del registro a la espera de recibir la autorización, en un trámite que se suele alargar alrededor de un año”.

Lista creciente

En esa lista de solicitantes aparecen no solo empresas fintech, sino también compañías cotizadas y públicas, lo cual da una idea del potencial atractivo de estas actividades, puntualizan desde la firma de servicios profesionales. La competencia se fortalecerá, si bien, en España, por ejemplo, algunas de las nuevas entidades de pago tienen problemas para abrir cuentas de salvaguarda en el sistema bancario, según PwC.

Las nuevas entidades tienen problemas para abrir cuentas de salvaguarda

El mencionado es un requisito para mover el dinero de los clientes, ya que no pueden gestionar depósitos, y “los bancos tradicionales se resisten a prestarles ese servicio, por entender que son competidores, y los nuevos entrantes han tenido que recurrir a instituciones de crédito extranjeras, sobre todo estadounidenses, para crear cuentas de salvaguarda”.

El problema de la normativa para la prevención del blanqueo

 

Consulta. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 11 de marzo que los proveedores de servi­cios de información sobre cuentas no están exentos de cumplir con la directiva de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La buena noticia para estas firmas es que matiza que, “al igual que otras entidades obligadas, pueden ajustar sus sistemas y controles [...] en función del riesgo”. Así, indica que “teniendo en cuenta que el riesgo asociado a estas instituciones financieras es limitado debido a que no participan en la cadena de pagos y no mantienen los fondos de los usuarios de servicios de pago, las directrices establecen que las medidas simplificadas son adecuadas en la mayoría de las situaciones”.

Proporción. Desde finReg360, Mariona Pericas considera que los agregadores, como el resto de entidades y como sujetos obligados, deben colaborar y contribuir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, si bien precisa que es necesario que sea de forma proporcionada. Si esto no fuera así, “sin duda, la consecuencia sería un freno a estos negocios y por tanto a la innovación”, sentencia la experta.