Actas

El BCE afronta dividido el alza de precios y duda sobre su alcance a medio plazo

Las actas de la cita de marzo revelan que hay miembros del Consejo que cuestionan la previsión de IPC del 1,9% en 2024 y piden terminar del todo las compras de deuda en verano

Christine Lagarde, presidenta del BCE
Christine Lagarde, presidenta del BCE Getty Images

El BCE se halla ante un enorme dilema sobre cómo afrontar el alza desbordante de precios en la zona euro desatado con la guerra de Ucrania y la división de opiniones es palpable en su Consejo de Gobierno, según revelan las actas de la pasada reunión del 10 de marzo publicadas hoy. En ella se acordó acelerar la reducción de las compras netas de deuda y explicar que su finalización no tiene por qué suponer una subida inmediata de los tipos de interés, aunque en el mensaje posterior al encuentro subyace un intenso debate y las dudas sobre cómo responder a la guerra desde la política monetaria.

La del pasado marzo fue una decisión salomónica, tras un intenso debate en el que hubo opiniones partidarias de dar una fecha concreta para el fin definitivo de las compras de deuda en el verano y que cuestionaron que vaya a cumplirse la previsión de que la inflación se relaje al 1,9% en 2024, después de que la previsión para este año se haya elevado en la cita de marzo a un IPC del 5,1% en 2022, desde el 3,2% de la previsión anterior.

“Algunos miembros (del Consejo de Gobierno) prefirieron establecer una fecha final concreta para las compras netas de deuda del programa APP durante el verano y no condicionar su finalización a los futuros acontecimientos”, señalan las actas publicadas hoy. Esto despejaría el camino para una posible subida de tipos de interés en el tercer trimestre a la vista del deterioro de las expectativas de inflación, según recoge el documento.

De hecho, hubo quienes defendieron que las condiciones para que el BCE apunte a una subida de tipos en su hoja de ruta, y que tienen que ver con una inflación sostenida y generalizada, ya se habrían dado o estarían a punto de darse, una afirmación que hoy propicia el alza de rentabilidades de la deuda soberana de la zona euro. El bund alemán ha llegado a subir al 0,7%, un nivel no visto desde febrero de 2018.

En cambio, “otros miembros expresaron su preferencia por adoptar una postura de esperar y ver en la presente reunión dada la incertidumbre excepcionalmente elevada que ha creado la invasión rusa de Ucrania”. Según los defensores de esta decisión, las condiciones para una actuación adicional no se han dado todavía y defienden que los escenarios alternativos para la economía de la zona euro que maneja el BCE coinciden en que la inflación retrocedería por debajo del 2% en 2024. También en el supuesto severo de que se dispare los precios este año al 7,1%, ante un posible recorte del suministro de energía por parte de Rusia.

La previsión de una inflación del 1,9% en 2024 del escenario base apuntado por el BCE en marzo fue también motivo de controversia. Algunos miembros del Consejo de Gobierno mostraron sus dudas sobre ese objetivo, que implica una fuerte reversión de los precios desde el shock actual. “No debería haber pretensión de saber dónde estará exactamente la inflación en 2024 “, señalaron algunos críticos, que insistieron en prestar más atención a riesgos como los efectos de segunda ronda, que estarían "muy silenciados" en las previsiones económicas de la institución. Explicaron que la inflación subyacente se ha situado claramente por encima del 2% y que los riesgos de efectos de segunda ronda en los precios, con alzas salariales, son cada vez mayores y “harían la inflación más presistente”.

En el debate se recordó que en el pasado, otros shocks de precios de la energía fueron de corta duración en el tiempo y fueron absorbidos vía salarios o beneficios empresariales. “Esta vez la situación parece ser diferente”, en opinión de algunos miembros, puesto que al shock en los precios de la energía se añaden cambios estructurales y en la demanda y las cadenas de suministros tras la pandemia.

Las actas también recogen la advertencia que surgió en el debate de que “el gasto fiscal en defensa y energía que probablemente tendrá lugar durante los próximos años supondrá una presión inflacionista adicional”

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