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La Lupa
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Por qué el PP se enreda pidiendo bajada de impuestos

Si debes 1,43 billones y sumas cada año 82.000 millones de déficit público no hay margen para “un impulso fiscal generalizado”, dice el Banco de España

Esta semana, el Gobierno aprobaba el plan de medidas de apoyo ante la escalada de precios de la luz, gas y carburantes y el PP redoblaba su campaña electoral reprochando al Gobierno que no baje aún más impuestos sobre estos suministros. Mientras, el Banco de España instaba a “evitar un impulso fiscal generalizado”, visión que explícitamente ha compartido el PNV.

Es de sobra conocido que la bajada de impuestos es el argumento principal de la verborrea de Isabel Díaz Ayuso, que continúa con su propia agenda, que le ha llevado hasta Bruselas, al más puro estilo de su némesis, Pablo Casado. La sorpresa saltó cuando Alberto Núñez Feijóo, reconocido por su moderación y experiencia de gestión, se sumó al lenguaje tabernario, gritando que “el Gobierno se está forrando con los impuestos de la luz y la gasolina”. Este fin de semana se va a producir su entronización, sería bueno que retornara a sus reconocidos atributos.

La recaudación de impuestos es la base de la mayor aportación de Europa, el estado del bienestar, determinante para que sea el territorio del mundo con menor desigualdad social. Pese a todo, los partidos políticos, en lugar de hacer didáctica para convencer a los ciudadanos de las indudables ventajas de que les detraigan parte de sus ingresos para tener servicios comunes y universales, levantan quimeras tratando al contribuyente como mero borrego votante.

En situación de normalidad y en un país financieramente autónomo, quizás fuera real que hubiera margen en fiscal; de manera que según la tendencia política del gobierno se pudiera aplicar medidas impositivas diferentes. Esto se pudo hacer en los primeros años de este siglo, en el trienio (2005-2007), cuando había superávit público. Hoy, España está en las antípodas de poder disponer de margen fiscal y, por supuesto, el PP lo sabe.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, seguramente la voz económica más autorizada de este país, lo explicaba esta semana en una conferencia en Pamplona. Las medidas que tome el Gobierno “tienen que ser granulares y focalizadas en los hogares, empresas y sectores más vulnerables. Deben ser temporales y selectivas, evitando un impulso fiscal generalizado. Deben acompañarse de un diseño temprano y, una vez que la recuperación esté asentada, de la implementación de un programa de consolidación a medio plazo que permita reducir gradualmente el elevado endeudamiento público.”

Por tanto, el Banco de España aboga por no enredar con los impuestos. Suspender cualquier subida de impuestos (le encantaría a Podemos) hasta que se aclaren las incertidumbres y se modere la inflación, y, por supuesto, no caer en la tentación de bajarlos, puesto que es mucho lo que se debe.

La invasión de Ucrania ha coincidido con la entrega al Ministerio de Hacienda del libro blanco sobre la reforma fiscal que habían pedido a un comité de expertos. Este documento se concibió como un manual que sirviera de excusa para una subida generalizada de impuestos con el fin de incrementar la recaudación y pagar la deuda sin afectar al crecimiento. La guerra de Putin, que diría Pedro Sánchez, aplaza todo hasta que dejen de caer misiles.

Pero la realidad sigue ahí: España debe 1,43 billones de euros, lo que equivale al 118% del producto interior bruto (PIB). En 2007, cuando hubo albañiles que se hicieron inmobiliarios y viajaban en jet privado, el endeudamiento era de 385.000 millones (35,8% del PIB). En 14 años ha habido una explosión de deuda de algo más de un billón de euros, de los que 800.000 millones se acumularon en los años de la crisis financiera e inmobiliaria (2008-2019) y los restantes 250.000 millones son consecuencia del coste sanitario y los paliativos económicos para superar la pandemia (2020-2021).

Este stock de deuda se puede soportar gracias a que España forma parte del euro y el BCE compra todo lo que emite el Tesoro Público y a un coste ridículo. Es una gran suerte pertenecer a un club que te presta y hasta pone su propia casa en garantía, pero no olvida. Esto lo sabe bien Hernández de Cos, que por su cargo en el Banco de España forma parte del consejo general del BCE, la sala de máquinas del euro.

Para poder afrontar el pago de esa deuda, primero hay que parar el déficit, que el año pasado fue del 6,8% del PIB, algo que no se ve próximo. Los presupuestos para este año, construidos antes de la invasión de Ucrania, contemplaban un gasto de 459.000 millones y unos ingresos de 377.000 millones, de manera que la cartera de deuda se va a engordar en otros 82.000 millones. El mayor capítulo de ingresos son las cotizaciones sociales (168.142 millones), que ni siquiera alcanzan para cubrir todo el compromiso en pensiones (171.165 millones); y el segundo, la recaudación por IRPF (74.300 millones) tampoco llega para el pago del paro (22.500 millones), el sueldo de los empleados públicos (26.000 millones) y los intereses de la deuda (30.200 millones).

Menos aún hay margen en los impuestos vinculados a la energía, que en su mayoría van a comunidades autónomas, grandes ayuntamientos y diputaciones. La previsión de recaudación por el Impuesto Especial de Hidrocarburos es de 12.400 millones, de los que 5.900 se los queda el Estado y el resto, para a las administraciones territoriales. En el Impuesto Especial de la Electricidad, prevé recaudar 1.437 millones, el Estado únicamente se queda 172 millones.

Por tanto, el retrato de las cuentas de España, elevado endeudamiento y cuentas públicas en negativo, no da margen para rebajas fiscales, y el PP lo sabe. Todos los gobiernos sueñan con que sus ciudadanos les quieran y no hay manera más rápida de ganarse el cariño que regando dinero, bajando impuestos y subiendo las pensiones y sueldos a los funcionarios. Es evidente que los que no lo hacen es porque no pueden, todos quieren ser queridos, incluidos Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense

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