De salarios, pobreza y reparto de esfuerzos

Hay que ser cuidadoso cuando se dice que todo el mundo debería aceptar sacrificios en sus rentas en estos momentos

Con el último aumento del SMI estamos un paso más cerca de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio del país, tal y como recomienda la Carta Social Europea. No obstante, esto no quiere decir que el salario resultante suponga una cuantía suficiente para vivir; es evidente que, si los salarios en el país son bajos, el salario mínimo, determinado como un porcentaje de ese nivel salarial, será aún más bajo en términos absolutos. Y España es un país de bajos salarios.

Las estadísticas nos dicen que el salario más habitual para una persona trabajadora es de poco más de 1.000 euros netos al mes. Una cifra que resulta muy insuficiente para atender los gastos mensuales esenciales, y mucho más de un hogar con más convivientes. Más aún en un escenario como el actual, en el que los que la inflación se encuentra cerca de alcanzar los dos dígitos.

Con datos de la OCDE para 2020, el salario medio para España fue de 26.537 euros, 9.528 inferior a la media de la Eurozona, que se situaba en 36.065 euros. Esto supone un salario medio en España un 26,4% inferior al de la zona euro, un 37,7% al de Alemania o un 30,3% al de Francia. Situación que, además, ha empeorado en el tiempo: de 2000 a 2020, mientras que en la eurozona el salario medio a precios constantes se elevó un 12,5%, en España retrocedió 1,1 puntos porcentuales. Dicho claramente, el salario real en España en 2020 es menor que el existente dos décadas antes, bastante inferior al de la media europea y muy inferior al de los países más desarrollados.

En conjunto, estas cifras reflejan la enorme precariedad salarial a la que debe enfrentarse la gran mayoría de la población trabajadora, producto directo de un modelo productivo que ha primado la competencia vía bajos costes laborales frente a la generación de empleo de calidad, así como de un continuo empeoramiento de las condiciones laborales en las empresas. Esta es la realidad salarial en España: ingresos muy bajos para una gran mayoría de la población, como consecuencia de la conjunción de reducidos salarios, contratos a tiempo parcial involuntarios y mucha rotación del enorme volumen de empleo temporal existente, que hace que apenas puedan llegar a fin de mes: el 38 % de las personas ocupadas, y el 78% de las desempleadas, llegan con algún grado de dificultad. Hablamos de casi diez millones de personas trabajadoras a las que no le llega el sueldo cada mes.

Este modelo es el principal causante de que España sea el segundo país de la eurozona donde se registran mayores tasas de pobreza laboral, alcanzando al 11,8% de las personas trabajadoras. Tener un empleo remunerado en España no garantiza alcanzar un estándar de vida adecuado y la cobertura de las necesidades materiales básicas.

Por ello, se debe ser cuidadoso cuando se dice que todo el mundo debe aceptar sacrificios en sus rentas en estos difíciles momentos. En base lo expuesto antes, parece evidente que la mayoría de las personas asalariadas no pueden reducir sus ingresos más porque ya están o bordean situaciones económicas difíciles; y, además, porque se hundiría una demanda agregada imprescindible para huir de la depresión económica que acecha tras los desastres de la guerra.

Del mismo modo, la invocación general a un necesario ahorro energético por parte de todo el mundo puede resultar disonante cuando ya una de cada diez personas en España vive en hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada. En el complejo escenario actual, lleno de incertidumbres, todo esto debería tenerse muy en cuenta para diseñar un cuerpo coordinado de actuaciones solidarias y extraordinarias, que estén a la altura del momento histórico que vivimos (lo que se ha dado en llamar de manera genérica un pacto de rentas).

Primero, cualquier intento de respuesta consensuada debería partir de un importante paquete de medidas públicas de racionalización del funcionamiento del mercado eléctrico (ajustando con urgencia los márgenes de cada tecnología productora), extensión de las redes de protección social y obtención puntual de recursos de aquellas empresas y personas que están obteniendo beneficios extraordinarios con la desgraciada situación que atravesamos o que poseen riqueza y activos de por sí muy elevados (aumentando algunos impuestos de manera selectiva o estableciendo alguno nuevo). Ante situaciones de partida claramente diferentes, la petición de esfuerzos debe ser igualmente asimétrica, contribuyendo indudablemente más quienes más tienen.

Segundo, y en el ámbito más estrictamente salarial, la negociación de los convenios debería otorgar un papel protagonista a las cláusulas de revisión salarial, evitando el hundimiento de del poder de compra, proponer horizontes plurianuales e introducir mecanismos automáticos de recuperación de los esfuerzos realizados.

Por último, estas actuaciones, impulsadas por la urgencia, deben venir acompañadas de transformaciones simultáneas de carácter más estructural en las dos esferas sobre las que se asientan las relaciones laborales: por un lado, continuar la transformación impulsada por la reforma laboral en algunos de los ámbitos que han quedado pendientes (como el despido); y, por otro lado, el sistema productivo basado en salarios precarios, incentivando su transición hacia un modelo de actividades de mayor valor añadido, marcando un patrón de crecimiento económico asentado en el trabajo estable y de calidad. El papel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation en esta tarea se antoja crucial, por lo que la evaluación continua de sus hitos debe ser una prioridad.

Pepe Álvarez es Secretario General de UGT