Seopan urge medidas para evitar desequilibrios y desabastecimiento en la construcción
La asociación de constructoras prevé un alza del 3,9% en la producción en 2022, pero teme un estancamiento ante el parón en las fábricas siderúrgicas y de cemento
La inflación que venía desbocada desde 2021 y la nueva incertidumbre generada por la invasión rusa de Ucrania, con impacto directo en los precios energéticos, ha puesto en guardia al sector de la construcción. La asociación que reúne a las mayores referencias del país, Seopan, alerta de un posible estancamiento en el crecimiento si se da una situación de desabastecimiento en materiales básicos como el acero o el cemento.
El colectivo estima un incremento de la producción de la construcción del 3,9% para 2022, cuota que podría bajar a cero con solo dos semanas de falta de materiales en las obras, e incluso situarse en términos negativos si un eventual desabastecimiento alcanza un mes. Así lo ha indicado esta mañana en rueda de prensa el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien urge medidas al Gobierno para garantizar el funcionamiento de la cadena de suministros, en plena huelga de parte del transporte pesado, y para rebajar el coste energético.
Productores del sector siderúrgico o cementero están parando hornos ante la creciente factura de la luz. La patronal de las cementeras, Oficemen, señaló ayer que la mitad de las plantas han detenido ya su actividad. Desde el frente de constructoras se han señalado paradas en instalaciones de Acerinox, ArcelorMittal, G.Celsa, Megasa, Ferroglobe y Siderúrgica Balboa. A ellas se suma ocho plantas de cemento y otras con paradas técnicas por mantenimiento.
Una cesta de siete materiales comunes en las obras supone una factura de unos 23.000 millones al año para la construcción española, el 50% del coste total que representan los suministros. De estos, el acero tiene un peso de 11.000 millones en pedidos y el cemento alcanza los 5.600 millones.
Núñez también se ha referido esta mañana a la necesidad de ampliar el mecanismo de revisión de precios en contratos de obra pública, incluido en el Real Decreto ley 3/2022 que ha sido convalidado hoy en el Congreso. La medida de reequilibrio por el alza del precio de los materiales de construcción solo afecta a sobrecostes en 2021, por lo que no contempla proyectos licitados el año pasado ni las desviaciones que se producen en este arranque de 2022.
Desde Seopan se reclama al Ministerio de Transportes la revisión de todos los contratos en ejecución y la inclusión de la revisión de precios, incluidos los costes de la energía, en las nuevas licitaciones. Para Seopan es clave que se elimine la carencia no revisable durante los dos primeros años del contrato.
El alza de precios entre enero de 2020 y este primer trimestre de 2022 no tiene precedentes: el acero corrugado subió un 93%; el aluminio lo hizo un 125%; el cobre ascendió un 77%; la madera se encareció un 227%; el petróleo, un 84%; el gasoil A subió un 28%; la electricidad de disparó un 122%, y el gas, un 116%. “Debido a que esta situación, lejos de resolverse, se ha agravado en el primer trimestre de 2022, harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021”, ha indicado Julián Núñez.
Prórroga en los concursos abiertos
En este contexto de inflación, las empresas constructoras se encuentran con la dificultad de calcular los costes de aprovisionamiento y trasladarlos a las ofertas relacionadas con concursos actualmente abiertos. Esta complejidad mueve a la petición de una prórroga en la presentación de ofertas a la vista de que el Gobierno tiene previsto presentar el 29 de marzo un Plan Nacional contra el impacto de la guerra de Ucrania en la economía.
Desde el frente de constructoras se advierte que si no se ofrece un aplazamiento en la entrega de ofertas, la Administración estará contratando en precios máximos y con inseguridad sobre la viabilidad de la ejecución de las obras.
Otro de los mensajes lanzados esta mañana es el de la necesidad de una profunda revisión del modelo concesional para el relanzamiento de la colaboración público-privada. En España apenas se adjudicaron proyectos por 490 millones en concesión el año pasado, lo que supone el práctico abandono de esta modalidad de contratación. La cifra está un 95% por debajo de los máximos alcanzados en 2010.
Propuesta sobre la tasa de descuento
Seopan ha remitido al Gobierno una propuesta para modificar la tasa de descuento en las concesiones, con el fin de hacerlas más atractivas al capital privado. En la actualidad, todo contrato que supere los cinco años de duración recoge una tasa de descuento equivalente al rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años en los últimos seis meses, a lo que suma un diferencial de 200 puntos básicos. Esto resulta una tasa del 2,7%, según Seopan muy inferior a lo que requieren los inversores privados (alrededor del 7,4% para un país como España).
Así, la asociación pide que la tasa de descuento se ligue a la tasa libre de riesgo a 30 años, y no a 10, dado que se trata de inversiones a largo plazo. Y a ello, debe sumarse un diferencial equivalente a la prima de mercado de España, en lugar de los 200 puntos básicos que fija el Real decreto 55/2017.
En este encuentro anual con los medios de comunicación Seopan ha actualizado la cesta de proyectos que podrían contar con inversión privada, con actuaciones por 49.000 millones, y propone al Gobierno un ambicioso plan de modernización de carreteras de alta capacidad.
Este último aprovecha la esperada implantación del pago por uso para la inversión de más de 5.000 millones en digitalización, seguridad vial, movilidad eléctrica, transición ecológica y medidas paliativas para el transporte profesional. El presidente de Seopan defiende el pago por distancia recorrida y ha expresado que España debe aprovechar este hito para adaptar la red a la nueva movilidad y no limitarse a traspasar el coste de mantenimiento a los usuarios.
3.700 millones en obras sin ejecutar
También preocupa entre las constructoras el presupuesto que queda cada año en el aire. Seopan estima que los dos grandes ministerios inversores, el de Transportes y el de Transición Ecológica, dejaron sin ejecutar 3.683 millones en obras previstas.
Respecto al balance sobre 2021, el colectivo apunta una pérdida de relevancia de producción para las Administraciones Públicas entre las grandes constructoras. Por primera vez, la que está adscrita a clientes privados representa más que la demandada por las Administraciones, con un 55% de la producción total. Las firmas de Seopan, entre las que se encuentran las cotizadas ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr, OHLA y San José, fue de 6.473 millones en España, un 6,6% más.
La licitación pública subió un 68% en 2021 hasta los 23.647 millones. Este nivel está un 23,4% por encima del desplegado en 2019, aunque es un 39% inferior a la licitación máxima alcanzada en 2009. La contratación por parte de las distintas Administraciones fue de 12.022 millones, lo que supone una mejora del 67,4% respecto a 2020 y solo supera en un 3,5% el nivel previo a la pandemia. Estos 12.000 millones son un 60% inferiores a la contratación en 2009.
Seopan estima que las bajas en la contratación pública alcanzan una media del 19,2%, un registro que califica de alarmante.
Concesionarias abocadas a los tribunales en busca del tráfico perdido por la pandemia
La asociación que engloba a las mayores constructoras y concesionarias del país, Seopan, ha advertido de una nueva oleada de judicialización en los contratos de explotación de autopistas ante la demanda de reequilibrios por el tráfico perdido durante la crisis sanitaria.
Las empresas estiman que la caída del tráfico entre 2020 y 2021 en concesiones de autopistas fue del 25,6% acumulado (del 44,5% en los meses de pandemia de 2020 y del 1,6% entre enero y el 9 de mayo de 2021, cuando se levantaron las restricciones a la movilidad). Y la pérdida alcanzó el 17,4% en el caso de las autovías de primera generación (-25,8% en 2020 y -9% en 2021), en las que las empresas concesionarias cobran un peaje en sombra.
Seopan señala que las últimas regulaciones no han resuelto el problema y aboca a las concesionarias a los tribunales. El presidente, Julián Núñez, ha aseverado que el RDL 26/2020 supuso una drástica limitación, con carácter retroactivo y solo para las concesionarias de autopistas y autovías estatales. Contratos con décadas de antigüedad fueron modificados y las concesiones fueron privadas del derecho al reequilibrio que ofrece la normativa general y el RDL 8/2020.
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