Odisea de las empresas para reclamar por la ‘expropiación’ de patentes decretada en Rusia

Los expertos señalan que el camino para obtener una compensación en caso de vulneración de derechos es muy complicado

Animación de Peppa Pig, perteneciente a Entertainment One.
Animación de Peppa Pig, perteneciente a Entertainment One.

La invasión de Ucrania está provocando una ola de sanciones y contramedidas que han afectado al mercado de la propiedad industrial e intelectual. Y es que, según un decreto emitido por Rusia, cualquier persona o empresa autorizada por el Gobierno ruso puede utilizar una patente propiedad de un titular de un país “hostil” sin pagar los correspondientes derechos. Además, hace unos días, la Corte de Arbitraje de Kirov desestimaba una demanda de Entertainment One por la explotación sin consentimiento de la marca de su famoso personaje de dibujos animados Peppa Pig y lo justificaba por las sanciones impuestas a Rusia.

Esta situación ha puesto en alerta a las empresas y personas potencialmente afectadas de los países señalados, entre los que se encuentra España. Según datos oficiales de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), en Rusia hay un total de 1.895 patentes de origen español entre 2015 y 2020. Las compañías se preguntan si podrán reclamar algún tipo de indemnización en caso de verse perjudicadas porque una empresa rusa produzca y venda su producto en el país sin pagarles. Todo ello, contando con las dificultades que, en el terreno práctico, puedan darse para llegar a implementar esta producción debido a los costes y la complejidad para desarrollar la tecnología patentada.

Sin encaje legal

Lo cierto es que, con esta decisión, Rusia se desvincula de los pactos internacionales sobre el comercio de artículos patentados. En la práctica, señala Pepe Isern, socio director de Isern Patentes y Marcas, supone una “pseudoexpropiación” de estos derechos. Pero, para evitar la expropiación, que necesitaría de justificación y exigiría una indemnización, el decreto utiliza torticeramente una fórmula más fácil, conocida como “licencia obligatoria” que se usa, por ejemplo, cuando una patente no está siendo explotada, y que también está sujeta a compensación, la cual se mantiene en el decreto, pero se ha estimado en el 0%. Como afirma Juan Arias, socio director de ABG Intellectual Property, “no tiene encaje legal internacional”.

El motivo es que ni el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) ni el Convenio de la Unión de París suscritos por Rusia permiten la promulgación de esta ley al no respetar los requisitos mínimos. Y es que, explica Arias, si bien el Adpic prevé una fórmula parecida al de la licencia obligatoria, “exige que las autorizaciones sean individualizadas y se compense a los titulares”. Ni siquiera, opina, encajaría como medida de “excepción en tiempo de guerra”. Por ello, afirma el socio de Balder Óscar García, “la ley nacional rusa debería considerase nula si contraviene los tratados”.

Reclamaciones

Pedir una indemnización por daños puede resultar una odisea porque, como explica Inmaculada de la Haza, socia de Balder, los perjudicados deberían acudir a los tribunales rusos. Esas acciones, apostilla Arias,"deberían interponerse ante los propios tribunales rusos, ya sea ante la jurisdicción encargada de revisar los actos de la Administración o ante el Tribunal Constitucional".

Mientras el decreto siga existiendo, agrega la socia de Balder, “no parece existir un cauce legal para canalizar una reclamación al uso”. No obstante, apunta, cualquier país que considere que Rusia ha incumplido el Convenio de la Unión de París podría acudir a la Corte Internacional de Justicia.

Aunque, en la actual situación bélica, Isern ve “muy difícil” el recorrido a distintas “iniciativas políticas o legales” que pudieran valorarse. Lo más efectivo ahora, reflexiona, “son las sanciones y aislamiento político y económico que se puede hacer desde las organizaciones internacionales como la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.

Precisamente este miércoles, los miembros del G-7, la UE y otros miembros de la OMC han comunicado que han acordado denegar a los productos y servicios rusos el trato de nación más favorecida en los mercados de la Unión Europea.

Marcas

En las actuales circunstancias, es posible que termine por dejar de respetarse las marcas extranjeras en Rusia. De hecho, un tribunal de este país ha autorizado recientemente a un empresario ruso a usar sin autorización la marca del famoso personaje de dibujos animado Peppa Pig. Esta decisión, advierte Arias, “podría ser un adelanto de futuras medidas del Kremlin”.

Si el decreto se ampliase y se fabricaran, por ejemplo, zapatillas rusas Nike, señala Isern, estas “solo podrían comercializarse en territorio ruso”. Sin embargo, el uso simultáneo de marcas sin control de sus titulares, apunta De la Haza, sería más problemático porque “el público se vería incapaz de identificar con ella un origen empresarial determinado o unas calidades determinadas”. “Nadie tendría la certeza sobre quién habría fabricado esta zapatilla Nike ni sobre su calidad”, resume.

Además, señala Isern, “expropiar una marca es más difícil de justificar que una innovación o tecnología por un supuesto interés público". Lo que le interesa al gobierno ruso, opina, “es potenciar las marcas locales con tecnología ‘expropiada’”.

Otra duda es qué pasará una vez finalice la guerra. Para Isern, “Rusia debería emitir un segundo decreto dejando sin efecto el anterior”, pero ve probable un periodo transitorio.

 

Guerra tecnológica

  • Países afectados. Rusia ha elaborado el siguiente listado de países considerados hostiles, entre los que se encuentra España: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Australia, Albania, Andorra, Reino Unido, Islandia, Canadá, Liechtenstein, Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Ucrania, Montenegro, Suiza.
  • Romper la baraja. La reacción de los países afectados por el decreto ruso sobre el uso gratuito de patentes extranjeras podría escalar en este clima de tensión. Sin embargo, los expertos ven improbable que le devuelvan la jugada a Rusia. Como señala Juan Arias, socio director de ABG Intellectual Property, “no puede romperse sin más la baraja porque uno de los jugadores decida salirse del reglamento acordado”. Además, añade Óscar García, socio de Balder, “si Europa reacciona de la misma forma, en el futuro se vería inhabilitada para reclamar cualquier compensación”.
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