Las cicatrices bancarias de una crisis del ladrillo que no se debe olvidar

La banca española ha realizado un exigente esfuerzo a lo largo de los últimos años para digerir los numerosos activos tóxicos ligados al ladrillo que permanecían acumulados en su balance como consecuencia de la crisis desatada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Solo desde enero de 2015, el montante de ese proceso de limpieza de créditos malos ha alcanzado los 128.000 millones de euros, lo que supone que las entidades todavía mantienen, a día de hoy, un 27% de activos tóxicos. En esta cifra no se incluyen las peores cartas, un total de 51.000 millones de euros, entre créditos e inmuebles, que fueron absorbidos por Sareb de los balances de aquellos bancos que recibieron ayudas entre 2012 y 2013.

Las fórmulas que ha utilizado la banca para gestionar ese proceso han sido heterogéneas. Buena parte de los activos han sido cedidos a los denominados servicers, compañías especializadas en esta tarea, como es el caso de Haya Real Estate (controlada por Cerberus), Solvia (Intrum), Altamira (doValue), Servihabitat (Lone Star), Aliseda (Black­stone) o la firma española Hipoges, entre otras. Pero también se han vendido carteras de ladrillo a grandes inversores institucionales, con descuentos de precio respecto al nominal que en ocasiones han llegado al 90%. Operaciones como el Proyecto Quasar, llevado a cabo por Blackstone y Santander en 2017, con un volumen de 30.000 millones de euros, son un ejemplo del apetito inversor con el que los grandes fondos internacionales han respondido al necesario saneamiento del sector.

El esfuerzo realizado en estos años por la banca española se ha traducido en el hundimiento de su tasa de morosidad, que hoy se sitúa en un tercio de la que registraba a finales de 2014, pero que sigue duplicando la media que soporta el sector en Europa, del 2,1%, una ratio no vista en España desde el verano de 2008. El hecho de que doce años después del inicio del proceso de reestructuración del sector financiero, haya todavía casi un 30% de activos tóxicos en los balances de las entidades permite calibrar el enorme daño que produjo la crisis inmobiliaria, como también el profundo esfuerzo que ha debido realizar el sector para cumplir con unas exigencias de solvencia y capital cada vez más estrictas.

Pese a que el ritmo de digestión de los activos lógicamente se ha ido reduciendo con el tiempo, y que los créditos e inmuebles que permanecen son con toda seguridad los más difíciles de colocar, la banca tiene todavía por delante la tarea de desprenderse de los últimos efectos de una crisis inmobiliaria cuyas causas no se deben olvidar.