Los economistas piden que las CCAA puedan fijar copagos en sanidad y educación

Solicitan cambios en el cupo vasco y el sistema foral de Navarra

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La ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesús Montero.

A la espera de que el grupo de expertos encargado por el Ministerio de Hacienda cierre su encargo para dar a conocer las medidas que plantea en materia fiscal, las recetas fiscales a lo largo de las últimas semanas se han ido poniendo encima de la mesa, lo que ha abierto el debate de hacia dónde debe ir la política tributaria a lo largo de los próximos años.

Tras las propuestas fiscales de los empresarios, canalizadas a través de Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la patronal catalana Foment del Tre­ball, incluso el grupo que apoya al Gobierno de coalición Unidas Podemos se atrevió a realizar un trabajo de por dónde debería ir la política de impuesto en España.

A este grupo de propuestas viene a sumarse el trabajo de los economistas integrados en el Consejo General de Economistas (CGE). En su opinión, se parte de un sistema tributario moderno y adecuado a nuestro tiempo, con un ramillete de impuestos troncales homologables a los existentes en Europa o la OCDE. Su principal petición reside precisamente en la eliminación del impuesto sobre el patrimonio ya que ha perdido su potencia recaudatoria al no aplicarse en todas las comunidades autónomas, al tiempo que a nivel europeo está vigente solo en Suiza y Noruega.

Consideran conveniente que las comunidades tengan capacidad normativa para fijar copagos en sanidad y educación y que se modernice el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos.

Su receta para el impuesto de la renta reside en la revisión de los mínimos personales y familiares trasladando el reflejo de la renta que no debe gravar el impuesto a deducción en cuota, con el fin de fortalecer la progresividad. Otra de las medidas que proponen con el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo es que se tenga en cuenta el efecto de la inflación en el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales.

En materia de fiscalidad autonómica y local consideran que no es necesario modificar las cestas de impuestos asignadas a las comunidades de régimen común y a las entidades locales, porque ya tienen cedidos tramos de la mayor parte de los impuestos importantes. Se decantan por no ceder Sociedades ya que generaría problemas si se utilizase para competir fiscalmente entre los distintos territorios.

Según las conclusiones del CGE, hay que buscar la vía para compatibilizar el principio de corresponsabilidad fiscal, que redundará en una gestión eficiente del gasto y conseguirá que se exijan solo los impuestos necesarios para sufragarlo, con que no se produzca una competencia fiscal entre comunidades que pueda producir distorsiones en la actividad económica y en el comportamiento de los agentes económicos que llegue incluso a provocar traslados de residencia solo por motivos fiscales.

Los economistas también dan su receta para el concierto económico con el País Vasco o el convenio con Navarra para que introduzcan un mayor grado de transparencia, así como un cambio en el mecanismo de la actualización del cupo, así como calcular la corrección por déficit todos los años con datos reales.

Poco margen en materia medioambiental

En materia de tributación indirecta este grupo profesional se manifiesta a favor de realizar un análisis de cómo están funcionando los tipos reducidos y superreducidos con el objetivo de poder eliminar aquellos que no estén beneficiando especialmente a aquellos grupos o sectores a los que la medida pretendía. De esta manera se alcanzaría una redistribución del impuesto, aunque el mayor problema que se generaría sería qué tipo elevar.

En cuanto a fiscalidad ambiental, ven poco margen si nos comparamos con la UE. En recaudación ambiental sobre PIB, España está en el 1,8% frente al 2,4% en la UE. En cuanto a los ingresos tributarios y contribuciones sociales, esta fiscalidad representa el 5,5% en España frente al 6,3% de media en la UE.

No obstante, señala que Alemania o Francia recaudan por este concepto por debajo de nuestras ratios. Sin embargo advierten, no obstante, que el objetivo primordial de la fiscalidad medioambiental no es recaudar, sino corregir determinadas conductas, que bien podrían resumirse en la frase de “quien contamina paga”.

En este sentido, anticipa que bajo este paraguas de la fiscalidad ambiental pueden contemplarse algunas deducciones por la rehabilitación de viviendas que las haga más eficientes energéticamente. Otra vía que proponen van en la línea de incentivar el uso de vehículos eléctricos.

En cuanto a impuestos propios de las comunidades autónomas, un buen ejemplo de medidas sería la implantación de un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración. Algo parecido podría suceder con la actual dispersa imposición sobre el agua.

El impuesto de circulación aconseja que se reforme para que esté dotado de un mayor componente medioambiental, de forma que dependa de las emisiones que producen.

De esta manera el grupo de expertos de Hacienda está soportando una fuente presión, ya que cuando se conozca su trabajo ya se han planteado una innumerable cantidad de medidas que podrían llevarse a cabo. No obstante, la entrega del libro blanco podría demorarse hasta marzo.

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