España, a la cola en tiempo medio de ejecución de sentencias

Según la estimación del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros en 2019

José Luis Rojo Gil, técnico de Investigación De Sigma Dos; Rosa Díaz, directora de Sigma Dos; Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE; y Luis Ortega, vicepresidente de la Union Internationale de Huissiers de Justicern  rn  rn
José Luis Rojo Gil, técnico de Investigación De Sigma Dos; Rosa Díaz, directora de Sigma Dos; Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE; y Luis Ortega, vicepresidente de la Union Internationale de Huissiers de Justice

Este miércoles el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha presentado un estudio sobre la ejecución de las sentencias, elaborado por Sigma Dos, que pone de manifiesto que uno de los “grandes problemas de la justicia española” es el trámite de hacer cumplir lo juzgado. No en vano, son muchos los casos en los que, tras obtener una sentencia favorable, su ejecución sufre un gran retraso.

De hecho, en España solo uno de cada cuatro procesos judiciales termina en una ejecución efectiva de la sentencia. Una situación que contrasta con lo que ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, Estonia y Bélgica se posicionan como los estados con mayores tasas de ejecución, llegando en algunos casos al 85%. Y otros países, como Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Lituania, presentan porcentajes cercanos al 40-60%, según datos del Consejo General de Procuradores de España.

La institución presidida por Juan Carlos Estévez señala que Hungría, Estonia y Lituania se posicionan como los países donde el tiempo medio de ejecución es más corto. Concretamente, pueden pasar solo un par de semanas desde que se emite el título de ejecución hasta que se cumple. Además, junto a Bélgica, disponen de una mayor implementación de medios telemáticos y digitales para agilizar las diferentes fases del proceso. Sin embargo, “esta comparativa deja a España como el país de su entorno con los niveles más bajos de implantación de medios digitales para la ejecución de sentencias”.

Al margen casi 11 mil millones

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referidos a 2018 y 2019, en 2019 sólo se habían ejecutado en España una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite. Aproximadamente, el 60% del total de sentencias civiles eran de ejecución dineraria, que tienen un importe medio de 10.000 euros.

Con estos datos, en 2019 la tramitación de estas sentencias representaba un volumen global de prácticamente 14.500 millones de euros. De esta cifra, a finales de 2019 solo se habían ejecutado sentencias por valor de poco más de 3.500 millones de euros. Por tanto, según la estimación del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros, según calculan los procuradores.

Con este telón de fondo, el estudio de la institución presidida por Juan Carlos Estévez señala que “el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso de la ejecución al tribunal hace que el procedimiento no sea ágil y rápido, duplicando o triplicando en algunos casos el tiempo”. En este sentido, califica de “atípico” el sistema español, en el que interviene el juez y el letrado de la administración de justicia, si se compara con lo que ocurre en el resto de países europeos, donde hay una figura específica “responsable de todo el proceso de gestión y tramitación, sin intervención de otros profesionales”.

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