El Gobierno desoye al CGPJ y aprobará la ley de vivienda el martes

Transportes defiende que no hay choque de competencias con las autonomías

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. EFE

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llevará este martes el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados. "Habrá ley de vivienda", ha resumido en la ministra del ramo, Raquel Sánchez, tras el varapalo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Gobierno, tras analizar el informe aprobado oficialmente hoy por órgano de gobierno de los jueces, no ha encontrado "cuestiones que pongan en duda la validez de los tres artículos sobre los que tenía que pronunciarse" el CGPJ, según ha detallado Sánchez. Esta institución, ha recordado, debía dar su opinión sobre la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos principalmente a los procedimientos de desahucio. Tras ver la postura del CGPJ, Sánchez ha ratificado que el proyecto de ley "respeta la Constitución y no invade las competencias de las comunidades autónomas".

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves, por 15 votos a seis, el borrador que critica con dureza la ley de vivienda redactada por los ministerios de Transportes y Derechos Sociales. Una de las razones, esgrimen los jueces, es el choque competencial. "La vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud de la Constitución y los estatutos de autonomía". Por ello, el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda "corresponde a cada una de las comunidades autónomas".

El texto aprobado por el CGPJ, que se conoció a comienzos de semana, sostiene que la normativa que ha preparado el Gobierno de coalición supone un “claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales" que lleva aparejado un "problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.

El anteproyecto de ley, a grandes rasgos, establece un marco común de definiciones y posibles actuaciones alrededor de la vivienda. La aplicación de las medidas más polémicas, como la declaración de zona tensionada, los topes al precio del alquiler, la congelación de rentas o las penalizaciones los inmuebles vacíos queda, sin embargo, en manos de los gobiernos regionales o locales.

En el informe hoy ratificado, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, se recalca que el Gobierno central tiene ciertas competencias en materia de vivienda. Estas, según recoge el texto, se han articulado tradicionalmente "a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal, o a la eficiencia energética".

Sin embargo, añade el documento, la competencia autonómica afecta al conjunto de la materia de vivienda. Por tal motivo, "el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas". Es decir, el texto reconoce que el Ejecutivo central puede desarrollar actuaciones en esta materia, pero siempre respetando las "competencias autonómicas".

En los últimos días, la ministra Sánchez ha recordado que los informes preceptivos del CGPJ no son vinculantes, por lo que no podrán frenar la tramitación de la norma. Este jueves, además, ha escrito en la red social Twitter que "la parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género. No nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda".

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