Ayudas de Estado

Francia obliga a EDF a pagar la factura eléctrica de los usuarios al filo de la ley

Obliga a la energética a vender muy por debajo de su coste una producción nuclear de la que no dispone

Jean Bernard Levy, director ejecutivo de EDF.
Jean Bernard Levy, director ejecutivo de EDF. Getty Images

En tan solo una semana, las acciones de EDF se han derrumbado un 25%, al pasar de 10,35 euros por acción el pasado 13 de enero, a 8,26 euros el viernes, 21. Detrás de este descalabro se encuentra la decisión del Gobierno francés de limitar con cargo a esta compañía pública la subida de la factura de la luz de los consumidores galos a un 4% este año, pese a que los precios del mercado mayorista ha corrido la misma suerte que el español, y el resto de países europeos, con incrementos superiores al 60% desde el pasado verano debido al recorte de la oferta de gas natural por parte de Rusia.

El coste de esta medida, anunciada el 14 de enero, lo pagará de su bolsillo la energética EDF, en la que el Estado controla un 84% del capital, y que explota los 58 reactores que componen el parque nuclear francés. El 16% restante cotiza en Bolsa. Tanto el Gobierno como la compañía han calculado un impacto en el Ebitda de 8.000 millones de euros derivado de la polémica decisión.

En 2011, tras un conflictivo proceso de liberalización del mercado eléctrico que enfrentó al Gobierno francés con la Comisión Europea, las partes acordaron un mecanismo temporal, hasta 2025, para que los consumidores nacionales se beneficiaran de su energía nuclear. Con el nombre de ARENH (Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica), el sistema consistía en un contrato a largo plazo, de 15 años, para que un 25% de la producción nuclear de EDF (100.000 MWh) se suministrara a un precio fijo de 42 euros/MWh.

Un sistema que ha sido enarbolado ante el Gobierno de Pedro Sánchez por los ecologistas y antimarginalistas españoles como un ejemplo a seguir, pero que en puridad va contra el Reglamento de la UE de 2019, cuyo artículo 3 establece que los precios de la electricidad deben fijarse mediante mecanismos de mercado. Por tanto, la normativa comunitaria, salvo en el caso del fomento de las energías renovables, prohíbe regular los precios mayoristas de la luz.

La medida, que sería una ayuda de Estado, tendrá un impacto de 8.000 millones en el Ebitda

Con la excusa de que se trataba de un mecanismo negociado antes de la aprobación de dicho Reglamento, que muchos consideran una auténtica ayuda de Estado, no solo ha sobrevivido sino que el Gobierno francés la acaba de reforzar: la decisión del pasado 14 de enero implica aumentar el volumen de energía que EDF debe suministrar a 42 euros MWh hasta 120.000 MWh.

El problema para el coloso energético galo es que no dispone de toda esa energía nuclear, pues notiene energía ociosa, sino que la tiene comprometida a plazo mediante contratos bilaterales. Además, tiene media docena de reactores indisponibles, por unos u otros motivos. Según fuentes del sector, ello la obliga a comprar energía en el mercado (recuérdese que ha llegado a superar los 200 euros/MWh) para cumplir con la nueva obligación. No de otra manera se entiende el fuerte impacto que la medida tendrá en su Ebitda.

De hecho, con un mecanismo en vigor desde hace 12 años, las cuentas de EDF no se habían resentido hasta ahora pues ese precio regulado se adecuaba a sus costes (en España la nuclear es rentable a partir de 59 euros/MWh).

El caso español

La medida del Gobierno de Emmanuel Macron, viene a equivaler a la que el Ejecutivo español quiso aplicar a través del real decreto ley de septiembre que minoraba a las grandes eléctricas los ingresos extra que estas obtienen en su generación nuclear e hidroeléctrica cuando el gas natural marca el precio marginal del mercado mayorista.

Al igual que ocurre con la energética francesa, Endesa, Iberdrola y Naturgy, tienen buena parte de su energía contratada a plazo por lo que, según sus datos, no reciben beneficios extra. El Gobierno rectificó pues, a diferencia de EDF, que es una empresa pública y tarde o temprano será el Estado (léase, los contribuyentes) quien asuma dicho coste, las tres grandes eléctricas españolas no son propiedad del Estado español (Endesa está controlada por e grupo público italiano Enel).

Tras echar cuentas, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió dar marcha atrás, para evitar unas pérdidas de 5.000 millones de euros a estas compañías.

Por tanto, ya no se trata de que fijar un precio regulado para la nuclear y la hidráulica vaya o no contra de la normativa comunitaria (a la vista de la decisión francesa, Bruselas, muy criticada por utilizar un doble rasero con Francia y Alemania, no tendría argumentos para denunciar a España o a cualquier otro país), sino de evitar un perjuicio irreparable a las compañías.

Tras comprobar las consecuencias perniciosas de la medida para EDF, su director ejecutivo, Jean Bernard Levy, mostró su indignación y habló de “conmoción real” y “shock”, ya que da más poder a los competidores. Unas declaraciones dirigidas claramente a los inversores privados del grupo. EDF venderá por debajo del coste a las comercializadoras ajenas que suministrarán la energía a los consumidores finales. La salida, según sus palabras, “reforzar el balance” a través de medidas estratégicas que hará públicas en un mes.

 

¿Quien le pone el cascabel a Francia en los tribunales?

Elecciones. La intervención en el mercado eléctrico por parte del Gobierno francés para proteger a los usuarios, ha sido analizada en clave política, en un año de elecciones presidenciales. Ante una medida que supone renovar y ampliar el polémico mecanismo del ARENH, que muchos consideran una ayuda de Estado, hay que ver su la Comisión Europea plantea objeciones o vuelve a aplicar el doble rasero con Francia, que el resto de países critican.

Justicia. Otra opción es que otro Estado de la UE denuncie a Francia ante Bruselas, algo que pocas veces ha ocurrido, por el pacto tácito de no agresión que rige entre los países. También inversores privados de EDF o comercializadoras que se consideren perjudicadas podrían acudir a los tribunales locales. Pero para llegar ente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) algún juez francés debería plantear alguna cuestión prejudicial, lo que tampoco es habitual.

Ayudas. Frente a las peticiones, encabezadas por España o la propia Francia, de modificar el funcionamiento de los mercados marginalistas europeos ante la escalada de precios, Bruselas ha planteado que, coyunturalmente, los países recurran a los Presupuestos para aliviar la factura energética de los pequeños consumidores, especialmente, de los vulnerables. Francia, al igual que España, ha aplicado recortes de impuestos en el recibo.

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