Transportes defiende la ley de vivienda y niega conflicto competencial con las regiones

Raquel Sánchez asegura que el anteproyecto de ley cumple con el marco constitucional

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido este lunes el anteproyecto de ley de vivienda tras el revés que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio el pasado viernes. Sánchez ha asegurado, por un lado, que el texto respeta las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda, algo que el órgano de gobierno de los jueces parece poner en antedicho. A su vez, ha lamentado el nuevo retraso que verá la normativa en su trámite hacia la aprobación definitiva.

En anteproyecto, tal y como está redactado, "no supone ningún conflicto en ningún caso", ha aseverado Sánchez desde Barcelona en declaraciones recogidas por Europa Press. "Estamos seguros que cumple estrictamente con la ley y también respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas", ha añadido.

La ministra, además, ha recordado que ahora habrá que esperar al informe que el CGPJ debe emitir el 27 de enero para luego valorarlo y poder añadir los cambios que se consideren oportunos antes de llevar el texto al Consejo de Ministros. En un principio, estaba previsto que el Gobierno aprobase el anteproyecto esta misma semana. "Como no puede ser de otra manera, tomaremos en consideración el contenido del informe que sea definitivo para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen", ha añadido Sánchez.

La titular de Transportes, como ya hicieron fuentes de su departamento el pasado viernes, ha lamentado la demora del CGPJ a la hora de posicionarse de forma definitiva. El ministerio remitió la ley al órgano de los jueces a principios de diciembre con el objetivo de tener las conclusiones en un plazo máximo de 15 días. Tras los retrasos, el pasado viernes, los 21 miembros del pleno del CGPJ tumbaron por una mayoría de 15 votos el borrador redactado por el ponente Álvaro Cuesta que avalaba la ley de vivienda por, según esgrimieron, vulnerar competencias autonómicas en materia de vivienda. Los jueces acordaron también elaborar un nuevo informe que será presentado la semana que viene.

El texto que pretendía aprobar este martes el Ejecutivo, y que fue a grandes rasgos validado en el primer borrador del CGPJ, recoge medidas de diversa índole en torno a la vivienda como la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones en el IRPF para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos, penalizaciones a la vivienda vacía o mecanismos para evitar que las autonomías puedan desprenderse o enajenar el parque público de vivienda.

Sin embargo, aunque el anteproyecto de ley establece un marco común de definiciones y posibles actuaciones en todo el Estado, deja la puesta en marcha de la inmensa mayoría de medidas en manos de las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

Una de las medidas más polémicas, como la limitación del precio del alquiler para viviendas que sean propiedad de grandes empresas o la congelación de las rentas en el caso de los inmuebles que pertenezcan a pequeños caseros, depende exclusivamente de que la comunidad autónoma de turno declare como tensionada una determinada zona o área, algo que además debe justificarse con una serie de requisitos. Otras medidas como la penalización a las viviendas vacías mediante recargos en el IBI depende por su parte de la decisión de cada ayuntamiento.

El pasado viernes, al poco tiempo de conocerse la decisión del CGPJ, fuentes de Transportes "lamentaron" el retraso en la "tramitación de una norma que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles". "Es urgente y necesaria la aprobación de la que será la primera ley de vivienda de la democracia, cuya importancia también conlleva complejidad en su tramitación", añadieron. Aunque desde el ministerio "respetan" la decisión del órgano de gobierno de los jueces, también recordaron que sus informes preceptivos no son vinculantes.