Enmiendas a Crea y Crece: lo que piden los negocios

La ley no cumplirá su objetivo a menos que el Congreso la mejore

La norma agiliza el registro, pero soslaya las trabas posteriores

Creación de pymes en España Pulsar sobre el gráfico para ampliar

El proyecto de ley Crea y Crece, que busca facilitar la creación y el crecimiento de las empresas, entró en el Congreso para su debate parlamentario a inicios de diciembre. Ahora mismo se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene de plazo hasta el 7 de febrero para corregir el borrador presentado por el Gobierno.

Pese a que la propuesta pasó por una fase de consulta pública antes de llegar al Parlamento, expertos y representantes de pymes y autónomos coinciden en que salvo que se aprueben enmiendas de calado y se complemente con otras reformas, la norma difícilmente hará honor a su nombre.

La principal novedad es la eliminación del capital social mínimo de 3.000 euros que actualmente se exige para constituir una sociedad, de manera que a partir de la entrada en vigor de la norma será posible hacerlo con 1 euro, trámite que, además de online se podrá efectuar en cinco días presentando una escritura elaborada por el mismo interesado en lugar del modelo oficial.

Aunque los emprendedores agradecen la medida porque acercaría a España a países como Francia, Grecia, Dinamarca u Holanda, donde tres o cuatro días son suficientes para fundar una compañía (aquí hacen falta 12, según el Doing Business del Banco Mundial), los pequeños empresarios consideran que facilitar el parto es insuficiente si luego a la criatura no se le ayuda a dar los primeros pasos.

El proyecto hace posible constituir una sociedad
con 1 euro en menos de 5 días

“La intención es buena, pero le falta ambición. El proyecto pone demasiado acento en la creación, cuando no hay realmente un problema de emprendimiento, sino de consolidación y crecimiento, y el proyecto incluye muy pocas medidas en este sentido”, afirma Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, la federación de asociaciones de autónomos.

Incluso hay dudas sobre si será factible cumplir con el plazo de cinco días para la constitución exprés de sociedades, “ya que el registrador mercantil deberá examinar que cada uno de los pactos se ajusta al ordenamiento jurídico y esto en un plazo tan breve será complicado”, avisa José Miguel Tabares, vicedecano del Colegio de Registradores.

“El desembolso de los 3.000 euros no es el único obstáculo económico. Muchos de los problemas surgen el día después: cuotas de autónomo, cotizaciones a la seguridad social, escasez de ayudas públicas, exceso de obligaciones de carácter meramente formal, etcétera”, confirma Rafael Lillo, abogado sénior de Broseta, firma de servicios jurídicos.

De hecho, el emprendimiento en España no se ha detenido ni en los peores momentos de crisis. “La pandemia no ha frenado la iniciativa emprendedora. Si bien en 2020 se produjo una caída de casi el 19%, en 2021 la creación de empresas repuntó un 34%”, refrenda Rita Estévez, presidenta y CEO de Experian en España y Portugal.

En total se constituyeron 102.169 sociedades, “la tercera cifra más alta del histórico, sólo superada en 2008 y 2016”, destaca. No obstante, también se cerraron 63.357 negocios, un 20% más que en 2020, “por lo que no todo son buenas noticias”, matiza.

Carga burocrática y fiscal

Ferrero, de ATA, insiste en que darse de alta en la Seguridad Social y en Hacienda para iniciar una actividad comercial no es problemático, las dificultades se presentan a la hora de gestionar las licencias de los ayuntamientos o las evaluaciones de impacto medioambiental de las comunidades, fuera de los papeleos del día a día. Cepyme estima que cada año se editan cerca de un millón de páginas en los boletines oficiales del Estado y de las autonomías.

David Miranda, socio del departamento de derecho mercantil de Osborne Clarke, descarta que eliminar el requisito de los 3.000 euros como capital inicial vaya a suponer un revulsivo, porque es solo uno de varios gastos en los que debe incurrir un emprendedor a la hora de montar un negocio.

Lo que en su opinión sí marcaría la diferencia sería aliviar cargas fiscales, como por ejemplo, la obligación que tienen las empresas que venden más de 6 millones de declarar de manera online e inmediata el IVA de sus facturas en lugar de hacerlo de forma mensual o trimestral.

“Aquí, cuando alcanzas ciertos umbrales de facturación, las cargas burocráticas se multiplican. Puede que prefieras no contratar un empleado más para no tener que asumir esas obligaciones y los costes que acarrean”, advierte.

El cuello de botella se encuentra en la tramitación de licencias locales y autonómicas

Lillo, de Broseta, defiende que en un país de pymes como España es esencial que se facilite el funcionamiento de estas, sobre todo cuando muchas de ellas no cuentan con los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con todas las formalidades que se les imponen.

“El cumplimiento de estas exigencias tributarias, laborales o mercantiles no debería suponerles un esfuerzo añadido que les fuerce a recurrir a terceros con el coste que ello conlleva”, puntualiza.

El proyecto de ley se limita a agilizar la puesta en marcha de empresas a través de ventanillas únicas telemáticas, sin embargo, sistemas como DUE y Circe ya existen desde hace mucho sin que hayan dado grandes resultados. La experiencia muestra que su utilización es más bien escasa –“quizá por desconocimiento”, dice Lillo– y no necesariamente sencilla.

“Se asume que todos los emprendedores están familiarizados con la tecnología y no siempre es así; es necesaria una acción pedagógica por parte de los organismos públicos para que no quede en una ley más, aprobada y sin aplicación real”, enfatiza el experto de Broseta.

A fin de promover la digitalización de los pequeños negocios, el Gobierno lanzó en noviembre un programa de subvenciones que ofrecerá bonos de 2.000 a 12.500 euros para la contratación de herramientas de marketing digital, ecommerce y diseño de páginas web, entre otros servicios, que serán prestados por agentes autorizados. Las bases para acceder a estas ayudas se publicaron a finales de diciembre.

Parte del objetivo del llamado kit digital es facilitar la adopción entre las pymes de la factura electrónica, que desde 2015 solo es obligatoria para la contratación pública, pero que Crea y Crece propone ampliar a las relaciones entre empresas privadas de todos los tamaños.

ATA pide eximir a los autónomos del IVA online hasta que se digitalicen

Crea y Crece contempla un periodo transitorio para la implementación de la factura electrónica de un año, contado desde la aprobación de su reglamento, para las firmas y autónomos que facturen más de ocho millones de euros y de dos para el resto.

Ferrero, de ATA, argumenta que la medida no debería de ser obligatoria para autónomos hasta que se convoquen las ayudas del kit digital dirigidas a este colectivo. Lo único oficial de momento es que una primera partida de 500 millones (de un total de 3.000 millones) para compañías de 10 a 49 empleados estará disponible a partir de febrero.

Morosidad

El proyecto busca también reducir la morosidad imperante en las operaciones comerciales, para lo cual, aparte de generalizar la factura electrónica, prohíbe el acceso a fondos públicos a las empresas que incumplan el límite legal de 60 días fijado para el pago a sus proveedores.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), opina que la medida va en la buena dirección, pero será insuficiente mientras las compañías no estén obligadas a demostrar por medio de un certificado expedido por un auditor independiente que acatan esa regla. “Ahora basta con presentar una declaración responsable que en la mayoría de los casos es papel mojado”, critica.

PMcM propone acompañar los límites a la morosidad con un régimen sancionador

Las cotizadas del Ibex liquidan sus facturas en un periodo medio de 191 días, el triple de lo establecido, y acumulan impagos por 82.000 millones, según PMcM, que reclama también la aprobación de un régimen sancionador, pendiente de tramitación en el Congreso desde septiembre de 2020. “En Francia se imponen multas de hasta 800.000 euros. Sin ellas, la ley aquí será inútil. La factura electrónica deja constancia del retraso, pero por sí sola no mejora los plazos”, sentencia.

Administración morosa y financiación

papeleos Administración
Getty Images

Municipios. Las empresas privadas no son las únicas que incurren en morosidad. La PMcM alerta de que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar a sus proveedores. La deuda de estas corporaciones ronda los 213 millones. Por eso, Celia Ferrero, de ATA, mantiene que la prohibición de contratar con el Estado propuesta por Crea y Crece para las firmas morosas no debería aplicarse a rajatabla, sino teniendo en cuenta el origen del retraso.

Ir al origen. Ferrero explica que en lugar de asumir a priori que la morosidad responde a una mala praxis, Hacienda debería analizar caso por caso con toda la información que posee. “Puede que una pyme no pague a tiempo a sus proveedores porque su cliente, la propia Administración, no le paga en tiempo y forma”, precisa.

Crowdfunding. El borrador de la ley también incluye medidas para potenciar el acceso de las startups a la financiación. La principal es que las plataformas de crowdfunding podrán agrupar a varios inversores en una sola sociedad, de manera que el emprendedor –o un fondo de capital riesgo interesado en participar en una futura ronda de financiación–no tenga que tratar con varios socios a la vez sino con uno solo que los represente a todos.

Capital riesgo. La norma amplía el universo de empresas en que pueden invertir las sociedades de capital riesgo especializadas en pymes al elevar el tamaño de las compañías objeto de la financiación, de 250 a 499 empleados. Los otros dos límites, una facturación de hasta 50 millones de euros y activos por valor de 43 millones, se mantienen.

José Miguel Tabares: "Hay cierta obsesión con los plazos del registro mercantil"

José Miguel Tabares
José Miguel Tabares, vicedecano del Colegio de Registradores.

José Miguel Tabares, vicedecano del Colegio de Registradores, comparte sus impresiones sobre el proyecto de ley Crea y Crece que busca facilitar la constitución de empresas e impulsar su crecimiento.

Tal y como ha sido planteada la ley, ¿cumple con ese doble objetivo? ¿Hay alguna enmienda (o varias) que consideren necesaria durante el trámite parlamentario?

El objetivo del proyecto es loable porque busca facilitar la creación de empresas en un tiempo razonable, si bien quizás existe una cierta obsesión con los plazos de despacho del registro mercantil, no tanto en cuanto a las sociedades que acudan a los modelos oficiales, para las cuales el plazo de seis horas ya existe, sino en cuanto al plazo de cinco días para las sociedades que acudan a un texto elaborado libremente por ellas, ya que el registrador mercantil, en el ejercicio del control de legalidad que le atribuye la ley, deberá examinar que cada uno de los pactos se ajusta al ordenamiento jurídico, y esto en un plazo tan breve será complicado, más aún si tenemos en cuenta que la directiva fijaba un plazo de diez días, que el proyecto reduce a la mitad, y que ningún otro registro de personas jurídicas en España trabaja con unos plazos tan breves. Por si esto fuera poco, tampoco se gana nada con esa reducción de plazo del examen jurídico del registrador, ya que se prevé una inscripción provisional que permite a la sociedad funcionar desde un primer momento y los efectos de la inscripción definitiva se retrotraen a la fecha de aquella.

La eliminación del mínimo legal de 3.000 euros de capital, ¿será suficiente para facilitar la creación de empresas? ¿Qué otros costes administrativos deberían reducirse?

En el proyecto se reduce el capital mínimo a un euro, sin embargo, que la ley actual establezca un capital de 3.000 euros tampoco era un elemento que pudiera por sí solo impedir la creación de empresas, ya que estaba permitido un sistema de formación sucesiva donde el desembolso de ese capital mínimo quedaba aplazado. Lo cierto es que la modificación de la norma no parece que obedezca a la subsanación de un problema real. En cuanto al tema de los costes administrativos, las empresas se quejan especialmente de los retrasos derivados de la obtención de licencias o permisos más que del coste económico de los mismos. Por otro lado, en el caso de los registros, como veíamos antes, ya se trabaja en un plazo récord de seis horas y con unos aranceles también mínimos que apenas cubren los gastos.

Registradores ha señalado la complejidad administrativa, la normativa cambiante y la falta de uniformidad entre comunidades autónomas como el mayor obstáculo al crecimiento de los negocios en España. ¿Esta norma simplifica en parte esa complejidad?

En general, los tres principales problemas de cualquier empresa en su crecimiento son el acceso a la financiación, a personal cualificado y a tecnología de vanguardia. Desde el punto de vista administrativo el obstáculo mayor es quizá la complejidad normativa, que está en variación constante, y su falta de uniformidad en las diferentes comunidades autónomas para las mismas actividades, así como su aplicación tecnológica, que exige amplios conocimientos específicos. El nacimiento de una empresa puede ser muy rápido. Así, en el registro mercantil español está prevista la posibilidad de constitución de una sociedad en plazos mínimos, de hasta seis horas en determinados supuestos. Son los trámites administrativos obligatorios posteriores, presentes ya en toda la vida de la sociedad, los que dificultan y retrasan el inicio de su actividad y su posterior crecimiento, con altas de todo orden en diferentes organismos, licencias de actividad o de obras, requisitos laborales, fiscales, etc., unidos en ocasiones a repeticiones innecesarias de acreditación de datos que ya obran en poder de la Administración. La norma intenta simplificar estos aspectos, pero también es cierto que es una situación difícil de revertir.

La norma también promueve la constitución telemática de empresas a través de una ventanilla única, pero en teoría esta ya existe desde hace varios años. ¿Qué mejoras serían oportunas este aspecto?

La norma intenta que el sistema de ventanilla única, que ya existe, funcione con una mayor celeridad, aquí habrá que esperar para comprobar si las medidas adoptadas atraen a los emprendedores.

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