El peligro de procrastinar en las decisiones económicas

La recuperación del empleo y de otros indicadores no debe hacernos olvidar que España debe aprovechar ahora para transformar su modelo productivo

En la economía, como en la vida, a veces ocurren sucesos inesperados, como por ejemplo que la recaudación de la Agencia Tributaria hasta noviembre haya aumentado un 15% con respecto al mismo periodo de 2020 y un 4,6% por encima de los niveles precrisis de 2019, en lo que ha podido influir, entre otros factores, el imprevisto –por desaforado– repunte de la inflación, el mayor de los últimos 30 años. Por otra parte, las comunidades autónomas acumulan un superávit de 12.379 millones hasta octubre, algo a lo que no estamos acostumbrados, y cuya explicación se debe, igualmente, al aumento de la recaudación de impuestos –sobre todo, transmisiones patrimoniales– y a las transferencias del Estado y de la Unión Europea por el Covid. Pese a estos datos, el déficit previsto en 2021 para el conjunto de las Administraciones podría oscilar entre el 8% y el 9%.

También llama la atención que en 2021 se hayan superado los niveles de empleo de antes de la pandemia con la creación de cerca de 800.000 puestos de trabajo –el mayor aumento desde 2005–; que el número de cotizantes se haya aproximado al máximo histórico de los 20 millones y que el número de desempleados esté cerca de bajar de los 3 millones. El incremento del consumo, el levantamiento de las restricciones y el aumento de las vacunaciones, sin olvidar la tabla de salvación que han supuesto los créditos ICO, las ayudas a autónomos y los ERTE –a estos últimos ya solo están acogidos alrededor de 100.000 trabajadores–, podrían ser algunos de los motivos que expliquen este fenómeno, pero aun así no cabe duda de que las cifras impactan.

Otro hecho que tampoco debería pasarnos inadvertido es que, pese a la enorme pérdida de nuestro poder adquisitivo, en 2020 –año de inicio de la pandemia en que nuestro PIB cayó casi un 11%– se constituyeron en España según el INE 334.000 hipotecas para la compra de vivienda, cifra esta superior a las de 2015, 2016 y 2017, cuando nuestro país crecía a unos niveles del 3% o incluso más, y solo un 8% por debajo de las que se firmaron en 2019. En este año –con el PIB ya en positivo–, solo en el mes de octubre se registraron más de 36.000 hipotecas para vivienda –casi un 28% más que el mismo mes del año pasado– a un plazo medio de 24 años; ahí es nada. Posiblemente, este aumento de las hipotecas haya podido verse aupado por los bajos tipos de interés, pero ello no quita para que la cifra no deje de sorprendernos.

A la vista de estos datos, podríamos aventurarnos a hacer algunas reflexiones. Recordemos que en la Gran Recesión se hablaba con mucha frecuencia de rescates, término este que nos daba pavor y que, curiosamente, en la actual crisis ha quedado desterrado. Ahora el mantra es otro: políticas expansivas. Un maná ha llegado de Europa y hay que aprovecharlo como sea. Ahora toca gastar, aunque nos endeudemos, aunque nuestras cuentas no cuadren; pero no deberíamos olvidar que el aumento de los ingresos de las Administraciones está producido por una serie de variables coyunturales –cuya evolución habrá que seguir–, entre las que se encuentran las ayudas europeas, la compra de deuda y, en cierta forma, la subida de los precios. Por ello, si no queremos hacer trampas jugando al solitario, es preciso que tomemos conciencia de dónde viene ese dinero que permite al Estado incrementar el gasto, y que, obviamente, es finito.

Pese a este contexto de endeudamiento, el Banco Central Europeo parece que va a continuar manteniendo por ahora una política monetaria laxa, pero en Estados Unidos la Reserva Federal ya está pensando en acelerar la retirada de estímulos y prevé subir los tipos de interés en 2022 con objeto de intentar frenar la inflación y retornar a esquemas monetarios más equilibrados. A este respecto, no hay que olvidar que las circunstancias provocadas por la pandemia son excepcionales, así como es excepcional la cláusula de salvaguarda activada por la UE en el cumplimiento de las normas de déficit público, por lo que más pronto que tarde volverán a funcionar las reglas fiscales, viéndonos obligados de nuevo a reducir el déficit y cumplir con el pacto de estabilidad y crecimiento.

Es evidente que nuestros problemas con el déficit no provienen de la crisis del Covid-19, sino de desequilibrios estructurales más lejanos, y que nuestras cuentas públicas ya estaban deterioradas, aunque la pandemia haya acrecentado el problema. Los fondos europeos han de servir para fortalecer la economía, pero no hay que olvidar que estos no han de destinarse únicamente a la recuperación, sino también a la transformación de nuestra economía. Hemos de aprovechar por tanto este momento para introducir dinámicas de mejora en nuestro modelo productivo para que cuando lleguen los ajustes estemos preparados en las mejores condiciones si no queremos que nuestra prima de riesgo se dispare. Según Hacienda, las comunidades autónomas han dejado de emplear cerca de 3.000 millones de euros de los fondos Covid. ¿Cómo es esto posible?, ¿no se podían haber invertido en proyectos estructurales para aumentar, por ejemplo, nuestra productividad?

En España la productividad crece muy poco (o cae) en las fases expansivas del ciclo, pero aumenta en las recesivas. El motivo está en el comportamiento del mercado de trabajo: cuando crecemos, aumenta también mucho el empleo (actividades intensivas en mano de obra y poco productivas); cuando caemos, se desploma el empleo por la temporalidad y las rigideces del mercado de trabajo. En definitiva, uno de los problemas estructurales de nuestra economía es la enorme dificultad de mejorar la productividad, si no es destruyendo empleo. Falta invertir más en tecnología, desarrollar actividades con mayor valor añadido (cambio de modelo productivo, industria 4.0), que permitan pagar salarios más altos y mejorar nuestra renta per cápita.

Estamos en un momento óptimo para poder abordar estas cuestiones y no deberíamos dejar pasar esta oportunidad que ahora se nos brinda, pero habría que hacerlo ya, aunque nos cueste, porque en política económica procrastinar tiene un precio.

 Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España