El arbitraje de inversiones mantiene el ritmo en Latinoamérica

Este año, los países latinos se vieron involucrados en el 21 por ciento de las reclamaciones que se presentaron mundialmente ante el CIADI

Banco Mundial, sede del Ciadi, en Washington.
Banco Mundial, sede del Ciadi, en Washington.

Los grandes inversores internacionales mantienen el ritmo de demandas contra los gobiernos latinoamericanos por la vía del arbitraje de inversiones. Fuentes del sector confirman que la pandemia no ha supuesto un paso atrás en la intención de las empresas de defender sus intereses en el extranjero. De hecho, Latinoamérica continúa siendo una de las áreas con más actividad arbitral.

Las impresiones coinciden con los datos oficiales. Este año, los países latinos se vieron involucrados en el 21 por ciento de las reclamaciones que se presentaron mundialmente ante el Centro Internacional de Arreglo por Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En total, estas administraciones recibieron 18 demandas en 2021, las mismas que en 2020 y solo cuatro menos que en 2019, donde se marcó el récord de 22 reclamaciones.

Desde la creación del CIADI en los años sesenta, los poderes públicos de América del Sur y El Caribe han sido blanco del 27,4 por ciento de las demandas inversor-Estado que se han presentado frente a esta corte. Las cifras la colocan como la segunda región más demandada del globo, según un informe del Transnational Institute.

De cara al futuro, México podría ser un imán para nuevos arbitrajes. La proyectada reforma de la ley de industria energética implicaría nuevas restricciones a la libre competencia y fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los inversores miran con recelo esta hora de ruta, temiendo una posición demasiado ventajista para las empresas públicas en detrimento de sus planes. La Cámara de Comercio Internacional de México lo ha advertido: una ola de reclamaciones por este asunto podría costar a las arcas públicas hasta 20 veces lo invertido en el sector, que hasta el momento se cifra en 44,000 millones de dólares.

Cambios legislativos

El arbitraje de inversiones es una vía de resolución de conflictos para limar diferencias entre gobiernos y fondos de inversión. Los países acuerdan someterse voluntariamente a cortes ajenas a su justicia ordinaria, lo que supone un plus de tranquilidad para los inversores, que cuentan con una garantía de independencia al pleitear en un país que no es el suyo. El demandante siempre es la empresa; la administración, la demandada.

Los pleitos entre inversores y gobiernos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los conflictos que surgen a raíz de expropiaciones o limitaciones de licencias, y por otro, las reclamaciones por reformas legislativas inesperadas que acaban perjudicando a los fondos. Estos virajes normativos “pueden ser vistos por los inversores como un cambio de las reglas de juego”, explica Katia Fach Gómez, conciliadora designada por el Reino de España ante CIADI (2020-2026) y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza.

Asesorar desde España

El frenesí de reclamaciones en tierras latinas ha llamado la atención de los abogados españoles, que se postulan como candidatos para asesorar a las empresas demandantes desde España. El idioma común, una cultura similar o un sistema normativo parejo son puntos de ventaja respecto a la competencia. También contar con unos precios “más competitivos”. Así lo defiende Antonio Bravo, socio de Procesal de Eversheds Sutherland España, quien presenta nuestro país como “una opción muy interesante para coordinar y asesorar a clientes en Latinoamérica”.

No cualquier empresa está legitimada para demandar a un estado. Es requisito someterse, primero, a un acuerdo comercial que lo permita, alianzas internacionales en torno a grandes tratados que funcionan a modo de simbiosis. Los estados se aseguran la protección de sus empresas en países extranjeros, y a su vez, se comprometen a respetar los proyectos que echen raíces en su territorio.

Los fondos muestran interés en el arbitraje “porque suponen una alternativa a la opción de plantear una demanda ante un tribunal nacional”, explica Fach. “A lo inversores se les ofrece la posibilidad de acudir a CIADI en los APPRIS, los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que su país ha firmado con otros países”, puntualiza la experta. España tiene firmados “muchos de estos tratados con países latinoamericanos”, agrega Bravo, lo que convierte al continente en una región “donde los inversores pueden verse protegidos”.

Datos

CIADI. Es la corte de árbitros dedicada al arreglo de diferencias entre estados y gobiernos del Banco Mundial. Fue fundada en 1965 y su sede está en Washington.

Perú. Ha sido el Estado más demandado este año de los 164 países que han firmado el convenio de CIADI, acumulando seis reclamaciones. México ocupa el segundo lugar con tres nuevos pleitos, empatando con Egipto, Tanzania y Turkmenistán.

Asuntos. El sector del petróleo, el gas y la minería se llevan la palma como áreas más conflictivas, copando el 29% de las nuevas demandas. Le siguen los pleitos por construcciones (16%) y en materia de energía (14%).

Híbridos. Es común que los despachos creen equipos interconectados a uno y al otro lado del océano para garantizar una representación a tres bandas: allá donde surge el conflicto, donde se encuentre la corte y donde esté el cliente. “No es necesario contratar a un abogado estadounidense”, subraya Antonio Bravo. “Son temas que se basan en el derecho internacional público, por lo que da igual de dónde sea el abogado. Lo importante es que sea experto en la materia”.

Críticas. Hay tensiones entre los que defienden los tratados de arbitraje y aquellos que revindican el derecho a legislar de los países, sin ataduras de acuerdos comerciales.

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