La Audiencia de Castellón absuelve a los ejecutivos del almacén de gas Castor

Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, libres del delito contra el medio ambiente y riesgo para las personas

La Audiencia Provincial de Castellón publicó ayer por la tarde la sentencia sobre el juicio por la acusación de delito contra el medio ambiente y de riesgo para la integridad física de las personas que pesaba sobre el presidente de Escal, Recaredo del Potro, y su consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau. Escal es la sociedad participada por la empresa canadiense del mismo nombre y ACS (esta un 66% y la primera, con el resto), a la que el Gobierno otorgó en 2008 la construcción y explotación del almacén de gas submarino Castor, que fue paralizado en 2013 tras los seísmos que se produjeron durante el llenado de gas de la instalación.

Tras un largo pleito, a instancias de la asociación Aplaca (asociación de los afectados por a plataforma Castor), que se inició en un juzgado de primera instancia de Vinaroz, el fallo de la Audiencia de Castellón ha absuelto a los dos acusados de dichos delitos, además de los de ocultación de información a la Administración y de grave deterioro irreversible o catastrófico. La Audiencia descarta la existencia de dolo en las conductas de los acusados y demuestra que atendieron todos los requerimientos de la Administración. Se pedía para ellos hasta seis años de cárcel. La sentencia echa por la borda los argumentos del informe del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y la Universidad de Harvard que encargaron el Ministerio de Energía, que dirigía Álvaro Nadal, con el que pretendía poner punto y final al conflicto, y respaldado por Enagás, el gestor del sistema gasístico, al que el Gobierno traspasó una planta que costó 1.350 millones de euros al sistema y que será desmantelada.

Según la sentencia, no existen pruebas claras y determinantes del mal causado a las personas, al no justificarse médicamente que ninguno de los miembros de la asociación haya sido afectado por la actividad sísmica. Tampoco de los daños en las propiedades. La magnitud de los seísmos, según la sentencia, no justifica los daños denunciados por vecinos y fueron “poco relevantes”.

Por otro lado, concluye que “no hay una relación unívoca de causalidad entre las inyecciones de gas y la sismicidad, ni se ha determinado con certeza las fallas geológicas que ocasionaron los sismos. En este sentido, alude al mapa oficial de peligrosidad sísmica de España, elaborado por el Instituto Geológico Minero en 2002, y actualizado en el año 2012 y 2015, en el que define la ubicación del depósito de gas Castor como una de las zonas con el nivel de más baja peligrosidad sísmica de España.

El fallo se basa en multitud de informes periciales que concluyen, asimismo, que los terremotos no tuvieron nada que ver con la Falla Amposta, a la que se atribuyó en el informe del MIT los terremotos. “De hecho, es bien factible que la Falla Amposta no tiene capacidad para generar sismos”, subraya.

La absolución conlleva que no se haga ningún pronunciamiento sobre las responsabilidades civiles derivadas de dichos delitos y de otro, que las costas procesales en la causa se declaren de oficio.

Principio y fin de un despropósito

Con la escalada de los precios de la electricidad, provocada por la del gas, algunos se lamentan de que España no cuente con un almacén de gas como el Castor. Una instalación que costó 1.350 millones y que tras la alarma tras los seísmos provocados durante el llenado de gas, el Gobierno de Mariano Rajoy optó por cerrarla y rescatar su deuda. Esta fue colocada entre varios bancos y endosada a los consumidores en los peajes del gas. La judicialización se extendió por doquier: una sentencia del Constitucional anuló el RDL del rescate, al considerar que debía haberse tramitada como ley. Los bancos acabaron ganando su recurso ante el Supremo. En paparlelo, los dos directivos de Escal fueron acusados de varios delitos, de los que ayer fueron absueltos.