Los economistas, partidarios de mecanismos que agilicen la salida de la insolvencia

Para 2021, España se coloca en primera posición mundial en previsiones de insolvencias

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El Consejo General de Economistas de España ha presentado este martes el Atlas Concursal 2021 elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR), que recoge los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en España (concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…).

En la presentación han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente del REFOR, Juan Carlos Robles; el profesor de Economía y analista macro-financiero, Javier Santacruz, y el secretario técnico del REFOR, Alberto Velasco. A la vista de los datos, durante el acto se han adelantado unos primeros pronósticos de insolvencias post-covid en 2021 y 2022. Asimismo, se han definido, en el marco de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal, posibles ineficiencias y asimetrías de los mecanismos de resolución de insolvencias y se han establecido propuestas de mejora.

 Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha aclarado que “tanto los datos concursales de 2020 como los relativos a 2021 y 2022 están condicionados por los efectos de la covid, así como por las medidas que se han venido aplicando”. En este sentido, para el presidente de los economistas “la moratoria concursal vigente hasta el 31 de diciembre 2021 ha servido para contener el incremento concursal previsible, aunque no parece que una vez finalizada la moratoria se vaya a producir una acusada avalancha concursal tan elevada como se pensaba”. Referido a estas distorsiones en la tendencia sobre el número de insolvencias, Valentín Pich ha querido dejar claro que “las medidas extraordinarias puestas en marcha como compensaciones al sector productivo por las restricciones impuestas por la pandemia (como son los ERTE, los avales ICO y algunas medidas fiscales) han roto la correlación histórica entre ciclo económico y concursos de acreedores”. Según Pich, “para que esta situación inédita se pueda sostener en los próximos trimestres, la condición necesaria es que el crecimiento de la economía española continúe de forma robusta, de manera que cuando se retiren dichas medidas extraordinarias, que han totalizado 20 puntos de PIB en año y medio, las empresas continúen trabajando con normalidad”.

En relación a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal, durante la presentación se hizo un repaso del texto legislativo definiendo sus avances respecto de la anterior legislación, así como las deficiencias que aún persisten en el mismo. A este respecto, el presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, ha destacado que el nuevo texto presenta mejoras en cuanto al adelanto en la detección de la probable insolvencia, el fomento de las reestructuraciones, el mayor peso del contenido económico en la gestión de las insolvencias o que las competencias en concursos de personas físicas hayan vuelto a los juzgados de lo mercantil. No obstante, para Robles sigue habiendo aspectos en la norma que habría que mejorar como el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas, el paso atrás en los mecanismos de segunda oportunidad, la desregulación de los profesionales de la insolvencia o la falta de un testeo eficaz que garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico.

 Asimismo, en el acto de presentación el economista Javier Santacruz  ha indicado que “la crisis económica provocada por el COVID-19 no se parece a ninguna otra anterior ni en su dinámica ni tampoco en su respuesta macroeconómica, lo que cambia la dinámica anticíclica entre crecimiento económico e insolvencia empresarial, dado que la crisis fue inducida como consecuencia de la paralización de todas las actividades productivas no esenciales por parte de todos los gobiernos a nivel mundial y sus consecuencias están siendo amortiguadas”. Según Santacruz, “la situación macro no es lo suficientemente dinámica como para evitar que la gran mayoría de las empresas y empleos congelados por las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno durante la pandemia puedan mantenerse a medio plazo”. Ha incidido en que “la recuperación de los niveles pre-covid se está frenando, siendo España la economía más importante de la zona euro más retrasada en la recuperación (queda aún un 5% por recuperar) y la que lo hará más tarde, probablemente bien entrado 2023, ralentizando la recuperación de los resultados, rentabilidad y capitalización de las empresas”.

Evolución concursal

En relación con los datos recogidos en esta edición del Atlas, en 2020 se produce una ligera disminución del 3,3% en el número de concursos de empresas con respecto a 2019 (4.630 en 2020 y 4.789 en 2019). En el bloque específico de autónomos, micropymes y pequeñas empresas, que son la gran mayoría de nuestro tejido empresarial, ha habido un decrecimiento en 2020 del 4% respecto de 2019 en el número de concursos (de 4.154 en 2019 a 4.008 en 2020). En este sentido, los economistas forenses del Consejo General de Economistas han puesto de manifiesto que referido a la relación número de insolvencias/número de empresas, España es la que menor ratio concursal tiene de los países de Europa. Solo 13 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acreedores en España, muy por debajo de la media europea (en torno a 52 empresas en concurso por cada 10.000).

Diferente evolución muestra los datos sobre concursos de personas físicas, que crecen un 35% en 2020 respecto de 2019 (de 2983 a 4032). En cinco años, de 2015 a 2020, se han multiplicado por seis los concursos de personas físicas en nuestro país (de 649 a 4.032), representando, en 2020, el 47% del total de concursos de acreedores. Para el REFOR este hecho puede deberse a que las personas físicas han sido las más vulnerables a la crisis económica derivada de la pandemia, así como a que la STS de 2 julio 2019 ha permitido una mayor exención del crédito público en segunda oportunidad. Asimismo, desde el REFOR estiman que es previsible un incremento de los mecanismos de 2ª oportunidad y en consecuencia de los concursos de personas físicas –la gran mayoría de los concursos de personas físicas se deben a la 2ª oportunidad– en 2021 y 2022 por el efecto Covid-19, así como por posibles consecuencias derivadas del incremento en el precio de las energías, inflación y retrasos en el abastecimiento de determinadas materias primas.

En cuanto a la distribución territorial de los concursos, solo Cataluña y la Comunidad de Madrid tienen un incremento de concursos en 2020 respecto de 2019 pese a la moratoria concursal de 2020. En el resto de comunidades disminuye el número de concursos en 2020 respecto de 2019. Las comunidades autónomas con mayor número de concursos de empresas en 2020 son Cataluña, con 1.253 (1.174 en 2019) seguida de Madrid, con 859 (852 en 2019); Comunidad Valenciana, con 716 concursos (en 2019 fueron 719) y Andalucía, con 400 (474 en 2019. Entre estas cuatro Comunidades suman casi un 70% (3.228 concursos) del total de concursos de acreedores de empresas en España en 2020 (4.630). Cifra superior a la de 2019 (67%). Sólo estas cuatro comunidades autónomas y el País Vasco superan el umbral de más de 250 concursos de acreedores de empresas en 2020. Asimismo, referido a la relación entre el número de empresas y el número de concursos de acreedores, el 0,14% de las empresas españolas acudieron al concurso en 2020 (aproximadamente una de cada 700 empresas). Cataluña con un 0,20%; Comunidad Valenciana con un 0,19%; y País Vasco con un 0,18% son las comunidades autónomas en las que más concursos se produjeron en relación con el número de empresas. Les siguen en esta comparativa Madrid, con un 0,16%; Aragón, con un 0,15%; Asturias e Illes Balears, con un 0,12%; La Rioja, con un 0,11%; Cantabria y Galicia, con un 0,10%; Murcia, con un 0,09%; Castilla-La Mancha con un 0,08%, y Andalucía, Canarias y Castilla-León, con un 0,08%. Las comunidades autónomas con menor porcentaje de concursos en relación con su número de empresas son: Extremadura y Navarra, con un 0,06%, y Ceuta y Melilla, con un 0,02%.

Procedimientos de refinanciación

En 2020, se produjo un decrecimiento del 16,53% respecto a 2019 en cuanto a los acuerdos de refinanciación no homologados (3.504 y 4.198, respectivamente). Por comunidades autónomas, los acuerdos de refinanciación no homologados en 2020 se concentraron en Cataluña (27%), Comunidad de Madrid (18%), Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (11%). Por su parte, los acuerdos de refinanciación homologados crecieron un 14,06 % en 2020, siendo su número un 96% menor que el de los no homologados.

Pronósticos 2021 y 2022

Hasta el tercer trimestre de 2021 el número de concursos de acreedores se incrementa respecto del mismo intervalo de 2020, de 3.131 a 3.169, pero disminuye comparado con el mismo intervalo de 2019 (3.383). Asimismo, el mayor incremento en este mismo intervalo se produce en los concursos de autónomos, 1.446 en 2021 frente a 398 en 2020 y 326 en 2019, esto es, más del triple que en 2020 y más de cuatro veces que los habidos en 2019. Aumentan también los concursos de personas físicas en este periodo, un 8% más que en 2020 (de 2.554 a 2.756) y un 33% más que en 2019 (2.068). A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas y el presidente del REFOR, Valentín Pich y Juan Carlos Robles, respectivamente, han coincidido en resaltar que ahora resulta conveniente recurrir, sobre todo las pymes y los autónomos, a mecanismos de reestructuración, que van a ser impulsados con la reforma para tratar de reflotar empresas y evitar que terminen en liquidación. Otro dato que han destacado es la tendencia ascendente de concursos exprés: primer trimestre de 2021 (30%), segundo trimestre de 2021 (30%) y tercer trimestre (un 32%), lo que viene a indicar que la situación concursal no es positiva, pues son empresas sin masa.

En términos globales, a nivel mundial se prevé que el índice de insolvencia para 2021 sea del 13% y en torno al 15% en 2022. España, con un incremento en torno al 24% en 2021 y de un 26% en 2022, es uno de los países con un porcentaje más alto.

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