WhatsApp, Google, Amazon y los gigantes tecnológicos se salvan de la tasa de operadores

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones

WhatsApp, Google, Amazon y los gigantes tecnológicos se salvan de la tasa de operadores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que transpone a la legislación española la directiva europea referente al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, aprobado en 2018. Entre otros puntos, WhatsApp, Google, Amazon y el conjunto de los gigantes tecnológicos que ofrecen servicios de comunicaciones electrónicas bajo la fórmula OTT se verán eximidos de abonar la tasa de operadores.

De esta manera, el Gobierno parece dar marcha atrás frente a unos planes que pasaban por obligar a estas empresas a realizar estos pagos, tal y como se ha reclamado por parte de las grandes operadoras, que han exigido siempre que las OTT debían pagar esta tasa porque ofrecen servicios de telecomunicaciones. De hecho, en el anteproyecto de ley, que se sometió a audiencia pública el año pasado, se consideraba la opción de establecer la obligatoriedad a estas empresas de mensajería instantánea de inscribirse en el registro de operadores pero, finalmente, esta obligación no se ha incluido.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han indicado que se ha decidido no imponer esta tasa a estas empresas en la nueva ley puesto que podría considerarse una extralimitación regulatoria, siguiendo la opinión de distintas instituciones. Además, han indicado que no iban a aportar prácticamente nada a las arcas del Estado. “Se decidió que no tributasen esta tasa”, afirman.

La tasa será solo obligatoria para las empresas que estén incluidas en el registro de operadores de la CNMC, que supone el abono del uno por 1.000 de sus ingresos brutos anuales.

El proyecto de ley, eso sí, establece una nueva clasificación de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, y regula a los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración. Según el Departamente de Nadia Calviño, estos servicios asumen obligaciones como la comunicación previa al registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. Además, deberán garantizar la integridad y seguridad de sus servicios y tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.

Entre otros puntos, la nueva ley introducirá nuevas medidas para incentivar las inversiones en las redes de telecomunicaciones de alta velocidad, con la intención de alcanzar el objetivo de una conectividad adecuada de alta velocidad para el 100% de la población en 2025. Fuentes del Gobierno precisan que se establecerá una regulación más flexible para facilitar los acuerdos de coinversión entre opereradoras, e impulsar la compartición de infraestructuras pasivas.

En la norma se han introducido medidas para impulsar la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT), la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de redes de muy alta capacidad, así como la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil. Precisamente, esta ha sido una de las quejas históricas de las operadoras, que frenaban los despliegues de las redes de móvil. Ahora, las telecos deberán afrontar el despliegue de la nueva red de 5G, que obliga a una mayor densificación para ofrecer los servicios.

La nueva ley incorporará medidas de la Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea, adoptada recientemente, que pretende impulsar la coordinación entre las administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que contribuirá a agilizar su implantación.

También incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la opción de desplegar estaciones small cells, claves para el 5G, además de impulsar un mercado secundario de espectro radioeléctrico.

"Con el mercado secundario se busca flexibilizar la mutualización de frecuencias entre operadores, bajo una neutralidad tecnológica", dicen fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que apuntan que con la nueva ley se pretende cambiar la normativa del espectro radioeléctrico. Este cambio en la gestión del espectro radioeléctrico busca impulsar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores.

Otra de las novedades que contempla la ley es el establecimiento de un plazo mínimo de la duración de la concesión del espectro radioeléctrico, de 20 años. No se ha fijado un periodo máximo. No obstante, meses atrás, el Gobierno aprobó un real decreto que permitió prorrogar la concesión de espectro de la banda de 700 MHz, clave para el 5G de 20 a 40 años. Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones aseguran que, de esta forma, se aseguran los horizontes de inversión de las operadoras. En cualquier caso, todavía no se ha decidido si esa ampliación a 40 años se extiende a frecuencias ya adjudicadas.

En relación al denominado servicio universal de telecomunicaciones, la nueva ley prevé eliminar las tradicionales cabinas, así como las guías telefónicas. Además, reforzará la libertad de elección del usuario, que podrá contratar el abono social al operador que desee.

En este sentido, el proyecto de ley busca armonizar los derechos de los usuarios españoles con el conjunto de la Unión Europea. El Gobierno cree que se mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas en un resumen previo a la contratación. Además, su duración máxima se limitará a 24 meses, para permitir que, tras ese periodo de tiempo, el cliente pueda prorrogarlo o cambiar de compañía, sin penalización. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos apuntan que por primera vez se regulan los contratos de paquetes de servicios, a los que están suscritos la mayoría de los hogares en España.

En el ámbito de la portabilidad, la nueva ley introducirá nuevos derechos de los usuarios, como la posibilidad de desbloquear la tarjeta del móvil para facilitar el cambio de operador, conservar el saldo en el prepago, mantener el número durante un mes tras la resolución del contrato, así como tener derecho al reenvío de correos electrónicos, una vez rescindido el contrato.

La nueva legislación también aplicará cambios de relevancia en las comunicaciones de emergencia, entre las que destaca el desarrollo de un sistema de alertas ciudadanas. De esta manera, las telecos estarán obligadas a transmitir alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes.

En la nueva ley se mantiene el acceso gratuito al 112, y se desarrollarán modificaciones técnicas que permitan disponer de una ubicación más precisa de las personas en situación de emergencia, que realizan llamadas a este número. A su vez, los servicios de emergencia para usuarios con discapacidad deberá ser equivalente al que pueden acceder el resto de usuarios.

El anteproyecto de ley comienza su andadura parlamentaria, y el Gobierno prevé que esté aprobada durante el primer semestre de 2022, una vez que reciba el visto bueno de Congreso y Senado. Fuentes de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones han afirmado que es "razonable" cumplir ese plazo.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones era una de las reformas previstas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la digitalización de España y el conjunto de su tejido productivo. La norma forma parte del componente "Conectividad, 5G y Ciberseguridad", que prevé unas inversiones de 4.000 millones de euros procedentes de fondos públicos, para extender la conectividad al 100% de la población. Es el quinto componente con mayor peso presupuestario del citado plan.

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