Ribera sigue analizando un ajuste anticipado de la retribución de las renovables
Pide bilaterales para aliviar la factura de domésticos e industria. Acciona encabeza la resistencia.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sigue manteniendo contactos con distintas asociaciones del sector de las renovables y la cogeneración, con el objetivo de buscar soluciones coyunturales para paliar el efecto pernicioso de la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad en la factura de los domésticos y la industria.
Aunque su ministerio nunca ha reconocido oficialmente sus intenciones, la de destinar la energía verde de las instalaciones primadas con retribución específica, la del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos) a los hogares acogidos al PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) y la industria mediante contratos bilaterales a 60 euros/MWh, asociaciones y empresas que han participado en las reuniones han filtrado el contenido de las mismas.
La hipotética medida ha creado un gran revuelo entre las afectadas, que la consideran una propuesta de las grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola, que el Gobierno ha hecho suya. Estas compañías se han librado de la fuerte minoración de ingresos de sus energías inframarginales (nuclear e hidráulica) incluida en el Real Decreto Ley (RDL) del 14 de septiembre, que incluía un tajo de 2.600 millones de euros a las eléctricas para destinarlos al recorte del 96% que desde esa fecha se aplica a los usuarios en los cargos de los peajes de la luz. El ministerio rectificó un mes después y ahora el problema es de dónde obtener fondos para sufragar dicho recorte sin que recaiga casi todo en los Presupuestos.
Fuentes políticas aseguran que, pese a la falta de consenso, Transición Ecológica sigue estudiando medidas para ajustar una retribución que garantiza a las del Recore una rentabilidad del 7,1% (el 7,4% en el caso de las que rehusaron recurrir a arbitrajes internacionales por el recorte de la reforma eléctrica de 2014), que se ha triplicado en muchos casos debido a los altos precios del pool. Aunque se descarta una aprobación inmediata de la propuesta, esta sigue encima de la mesa.
La rentabilidad se desborda
El Recore suma una potencia de 29.200 MW, sobre algo más de 50.00O MW de este tipo de energías, y disfruta de una retribución que les garantiza la recuperación de su inversión con la citada rentabilidad y un precio de referencia de unos 30 euros MWh. Como venden en el pool y cobran sus actuales precios (cercano a los 200 euros MWh en los últimos días), podrían obtener solo en este año la rentabilidad que les hubiese correspondido en dos o tres años (esto es, un mínimo del 14%) a un precio preescalada.
Las propietarias de instalaciones más recientes no han opuesto mucha resistencia, ya que no se pone en cuestión dicha rentabilidad y aún les quedan muchos años de vida regulatoria. La retribución se ajusta por periodos de seis años y semiperiodos de tres (el actual termina a finales de 2022), y aunque en teoría no supone que vayan a cobrar más de lo que les corresponde, lo recibirán antes.
Por contra, la vicepresidenta se ha encontrado con la férrea oposición de compañías con parques eólicos más antiguos, como es el caso de Acciona, que se podría beneficiar a futuro de la actual coyuntura de precios. Dado el funcionamiento del mecanismo, las plantas cuya vida regulatoria termina en el siguiente periodo de seis años, a partir de 2023, no estarían obligadas a devolver al sistema lo que puedan cobrar de más. Según el Anexo VI del RD 413/2014, “el valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado (..) en ningún caso será negativo”. Ello supondría, en muchos casos, terminar recibiendo una rentabilidad superior al 7,1%.
Acciona y otras afectadas alegan que, aunque la medida solo implica trasladar el cobro de su retribución al resto de la vida útil del proyecto, al revisarse esta cada tres años según el precio de mercado, sí afecta a la liquidez de las compañías. Fuentes empresariales aseguran que “los generadores pagan sus créditos cada año con la retribución que se calculó al final del periodo anterior y el precio del mercado”. En este sentido, recuerdan que en 2020 “sufrieron precios muy bajos por la pandemia, y tuvieron dificultad para devolver sus préstamos, que son cuotas fijas”. Muchas “hicieron coberturas vendiendo futuros para asegurase un precio razonable”, añaden.
Consumidores y comercializadoras también se oponen
Más allá del ajuste de la rentabilidad de las renovables y cogeneradoras con retribución específica que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica, el mecanismo que sugiere para beneficiar al consumidor final (bilateralizar esta energía a un precio de 60 euros MWh con domésticos e industria) no convence a las comercializadoras independientes y a las organizaciones de consumidores.
En el primer caso, las independientes consideran que un precio para el PVPC muy inferior a los actuales del mercado mayorista les impedirá competir. De aplicarse, denuncian, los usuarios con derecho a dicha tarifa regulada que han optado por el mercado libre se pasarían en masa a un PVPC a 60 euros MWh. Muchas pequeñas comercializadoras están sufriendo serios problemas financieros por la escalada del pool.
Más sorprendente resulta la oposición de las asociaciones de consumidores, como OCU y Facua, que se niegan a que se aplique dicho precio, pues si el del pool baja el próximo año -dicen-, se liga al usuario a una tarifa fija y no se beneficiaría de una bajada del todo improbable.
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