Los ayuntamientos perderán al menos 78 millones con la nueva plusvalía, según Gestha

Los Inspectores de la Hacienda local prevén una oleada de recursos y una mayor inseguridad jurídica

Sede del Tribunal Constitucional.
Sede del Tribunal Constitucional.

La flamante reforma del llamado impuesto de la plusvalía municipal, impulsada por Hacienda para subsanar la anulación decretada por el Tribunal Constitucional y en vigor desde este jueves, hará perder a los ayuntamientos al menos 78 millones de euros de recaudación, según los cálculos de la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Y eso solo teniendo en cuenta los nuevos coeficientes aplicados en el método objetivo de cálculo del tributo, ideados para adaptarlo a la evolución del mercado laboral, y sin estimar el impacto que tendrá la novedosa potestad del contribuyente de optar por una fórmula alternativa centrada en la propia plusvalía obtenida.

Así, siempre según las estimaciones de Gestha, la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se denomina oficialmente, generará un “agujero” en 35 capitales y ciudades de más de 150.000 habitantes equivalente al 20% de los ingresos.

La peor parte, con rebajas de recaudación de más del 25%, se la llevarán Getafe, Lleida, Málaga, Zaragoza, Murcia, Córdoba, Alicante, Jerez de la Frontera, Móstoles, Huelva, Badalona, Cádiz, Segovia, Girona, Cuenca, Teruel y Granada. En términos absolutos, los ayuntamientos más damnificados serán los de Barcelona (-38 millones), Málaga (-11,9), Zaragoza (-9,2 millones) y Murcia (-7,1).

Por el contrario, se espera que cuatro capitales aumenten sus ingresos: Madrid (73 millones), Santander (15 millones), León (6,7 millones), Soria (3,8 millones) y Albacete (1,8 millones), si no modifican los coeficientes propuestos por el Gobierno.

Por su parte, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) prevé una oleada de recursos de inconstitucionalidad tras la reforma del impuesto y alerta de que se agravará la inseguridad jurídica. El colectivo considera que el vacío legal generado por el fallo, que impide reclamar las autoliquidaciones de los últimos cuatro años, y por la reforma impulsada por real decreto ley mantendrá judicializado el tributo.

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