Reforma de las pensiones y privilegios fiscales

La capacidad predictiva de los demógrafos es muy mejorable. Por ejemplo, el INE realizó en 2014 y 2016 proyecciones a futuro que hacían variar la proporción de personas que llegarían a la jubilación sobre el total de población de manera significativa, el 75% en 2014 y el 66% en 2016. En el 2013, Eurostat estimó el 54%. Esto no quiere decir que no existan problemas demográficos. Pero sería un simplismo afirmar que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones es solo demográfico.

Ese ha sido el argumento más traído en torno al modelo de pensiones que debemos tener. Los bloques mayoritarios son dos: defensores de un sistema público y de reparto y los que abanderan el cambio por un sistema privado de capitalización. En España, las pensiones responden al primero de los tipos. Esto se traduce en que los trabajadores que están en el mercado laboral y los empresarios, con sus cotizaciones, pagan las pensiones de los que ya se han jubilado.

Los vientos ideológicos vienen soplando desde hace décadas en favor de las posiciones más liberales en las que tienen mayor encaje los planes de pensiones privados, pero, en Europa, las ideas rawlsianas y la consolidación del Estado de Bienestar son un dique de contención. El Gobierno ha planteado una reforma socialdemócrata encaminada a hacer sostenible el sistema a largo plazo. Existen problemas que se deben resolver de inmediato. Cuando un trabajador se jubila lo hace, generalmente, con bases altas de cotización. Sin embargo, cuando un joven se incorpora al mercado, lo hace con salarios jibarizados cuya cotización a la Seguridad Social no cubre la de un pensionista.

Por si fuera poco, debe asegurarse la pensión de los nacidos en el baby boom de los años sesenta y los setenta del siglo pasado. La caída en los nacimientos, mayor esperanza de vida y un elenco de jubilables en el corto plazo, desató todas las alarmas. La reforma propuesta por el Gobierno cambia la forma de financiación el sistema. La fuente de ingresos no serán solo las cotizaciones de los trabajadores en activo, sino que los Presupuestos Generales del Estado incorporarán una aportación para el mantenimiento del sistema. Aunque la medida es oportuna y va en el buen camino, el problema de fondo que no es otro que la necesidad de una estructura económica con mayores productividades, sigue sin resolverse.

Los impuestos dependen de la renta y, por tanto, de la productividad del trabajo. Sin un cambio en el modelo productivo que permita mejores salarios, habrá tensiones de déficit. La contradicción es que faltan jóvenes, pero sobran jóvenes por la robotización. La conclusión es que el problema debe abordarse desde la mejora de la productividad y una mejor distribución de la cualificación y de la renta. El otro elemento es la reforma fiscal pendiente en España. El modelo es injusto porque los ingresos lo soportan mayoritariamente las rentas del trabajo, pero también porque sigue manteniendo privilegios difícilmente justifícales.

Si medimos el déficit producido por las pensiones por comunidades autónomas, las proporciones son sustantivamente más elevadas en el norte de España. Sistemas como el cupo vasco son elementos de insolidaridad. Si los impuestos van a sostener las pensiones de todos, no puede haber privilegiados que no arrimen el hombro.

 Tomás Gómez Franco es Profesor del Grado en Administración y Dirección de Empresas de VIU-Universidad Internacional de Valencia y exdirigente del PSOE