Previsión social

Escrivá abre las nuevas pensiones colectivas a múltiples gestoras y fija la comisión máxima en el 0,5%

Los responsables de Seguridad Social culminan el anteproyecto de ley que creará la figura del plan de pensiones de empleo de promoción pública

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha diseñado una propuesta completa de cómo quiere que sean los nuevos fondos de pensiones de promoción pública, que pretende tener listos antes de que acabe este año. El departamento que dirige José Luis Escrivá ha redactado un borrador del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados. El texto recoge la arquitectura básica de una de las medidas estrella de este Gobierno en materia de previsión social complementaria.

Según este borrador, al que ha tenido acceso CincoDías, la Seguridad Social está pensando en lanzar una suerte de marco común bajo el que sumar multitud de planes colectivos de empleo, descartando un macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y una supervisión pública.

Por el contrario, podrán constituir los planes de empleo simplificados (una figura jurídica de nueva creación, y vinculada necesariamente a los fondos de empleo de promoción pública), “empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva”; “Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas”; “asociaciones de trabajadores autónomos para sus asociados, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social (como la Mutualidad de la Abogacía)”.

Todos ellos “serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única comisión de control especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública”.

Según el anteproyecto podrán ser entidades gestoras de fondos de pensiones de empleo de promoción pública las entidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 20 Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones.

Cada asociación de autónomos, Administración pública o patronal sectorial deberá presentar hasta tres propuestas de gestoras para que se encarguen de administrar el dinero que se vaya depositando a favor de los trabajadores. Por lo tanto, podrían participar decenas de firmas (normalmente ligadas a bancos, a aseguradoras y a mutualidades de previsión social, así como alguna firma independiente, e incluso grupos extranjeros).

La comisión máxima que podrán cobrar las gestoras será del 0,4% anual, mientras que la entidad depositante podrá cobrar hasta un 0,1% anual. Por lo tanto, como máximo las comisiones llegarán al 0,5%, muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales.

El Gobierno explica en la exposición de motivos las dos razones que le han llevado a promover este fondo de promoción pública. En primer lugar, se refiere al informe de la Airef que determinó que el actual sistema de pensiones privadas era claramente regresivo fiscalmente y no lograba su objetivo de ser un instrumento de ahorro a medio y largo plazo.

En segundo lugar, se refieren al “estancamiento observado en la actualidad en los planes de pensiones de empleo”. Desde 2012 su patrimonio se sitúa en el entorno de los 35.681 millones de euros alcanzados al cierre de 2020 y superando ligeramente los dos millones de partícipes. De esta forma, el peso relativo de los fondos de empleo sobre toda la previsión total complementaria ha pasado del 50% en los años noventa al 25% actual.

Para revertir esta situación, además de la creación de este fondo –que también responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a las de la Comisión Europea en el marco de los fondos de recuperación—el Gobierno ha modificado también los incentivos fiscales a la inversión trasladando el grueso de las deducciones a los planes colectivos en detrimento de los individuales, en los que en 2021 solo se podrá aportar 2.000 euros, y 1.500 euros en 2022, frente a los 8.500 euros que regirán para los planes de empleo.

En interés del partícipe

La nueva normativa prevé que “los activos de los fondos de pensiones serán invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones”.

El anteproyecto también prevé que se cree una comisión de control especial para los nuevos planes de empleo, con nueve representantes elegidos por el ministerio, cuatro por los sindicatos y cuatro por la patronal. La duración del mandato será de seis años. Y la retribución de sus miembros “se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función [...] de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido”. Al menos el 40% de sus miembros deberán ser mujeres.

Esta comisión de control especial será la misma para todos los fondos de pensiones de promoción pública y tendrá las mismas funciones que tienen las comisiones de control en los planes de empleo convencionales. La comisión de control se reunirá mensualmente “para evaluar los balances, cuentas de resultados de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, las nuevas adscripciones de planes, las incidencias y análisis de carteras con su composición, adecuación, rentabilidad y riesgo”, recoge el texto.

Los negociadores del equipo de Escrivá que participan en la mesa del diálogo social que estudia la reforma de las pensiones trasladaron ayer este borrador a los interlocutores sociales para que fuera analizado. Los sindicatos no tardaron en rechazarlo a media tarde de ayer. CC OO y UGT consideraron que “no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y que supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo que no compartimos”.

Dicho esto añadieron que solo abordarán la negociación de este fondo cuando se finalice el desarrollo de otras materias de la reforma, incluido el polémico y esperado diseño del futuro Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

En cambio, la recepción del texto ha sido buena entre las gestoras de planes de pensiones, pues se acerca mucho a un proyecto presentado por Inverco al ministerio antes del verano, y en el que participaron los grandes bancos y aseguradoras, coordinados por la consultora Deloitte. Para el sector era fundamental que hubiera una plataforma abierta a múltiples gestoras.

 

  • Petición sectorial. El texto precisa que “las entidades gestoras utilizarán una plataforma digital común que permita el acceso remoto y por medios telemáticos a las empresas y sus representantes, dando servicio a partícipes y beneficiarios”. Esta era una reclamación de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos y planes de pensiones.
  • Planes sostenibles. Se exigirá que los nuevos planes tengan un proceso de inversión “socialmente responsable, con criterios comunes que valorarán los riesgos extrafinancieros y los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo alineados con los Principios para la Inversión Responsable (UNPRI) y las mejores prácticas de finanzas sostenibles de la UE.
  • Trazabilidad. La nueva plataforma digital común deberá permitir la trazabilidad del histórico de movimientos económicos de los partícipes y de los promotores “independientemente de los traslados del plan que se hayan registrado”.
  • Cambio de gestora. La ley permite expresamente que se pueda promover un cambio en la gestora del plan.
  • Selección de gestoras. Cada tres años como mucho, el ministerio convocará un procedimiento abierto entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
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