El Presupuesto revalorizará las pensiones cerca del 3,5% al ligarlas al IPC y compensar el desvío de 2021

El Gobierno estima que la inflación impondrá una subida cercana al 2,2% que le obligaría a abonar además una paga extra por la desviación frente al 0,9% aumentado este año Las cuentas públicas disparan el gasto social pese a rebajar un 10% el de desempleo

Belén Trincado / Cinco Días

“Los Presupuestos de la recuperación justa”, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos aprobó ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario, “pretenden hacer de España un país más productivo, más competitivo, más sostenible y garantizar que la mejoría económica llegue al conjunto de las familias”. “Son el catalizador para que la recuperación llegue a todos”, dijo, facilitando que “jóvenes, trabajadores, autónomos o pensionistas cuenten con más recursos, más oportunidades y mejores servicios públicos”. De hecho, la escalada de la inflación promete impulsar con fuerza el gasto en pensiones. Más allá, las cuentas, que serán presentadas ante el Parlamento el miércoles, apuntalan la coalición de Gobierno y le da gasolina para agotar la legislatura

El proyecto parte de un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros (un 0,02% más que en 2021), incorpora 27.633 millones de las ayudas europeas para la recuperación y eleva el gasto social un 3,6% a cifras inéditas aprovechando que las reglas fiscales europeas (los objetivos de déficit), están suspendidas hasta 2023.

La factura de las pensiones

Los 248.391 millones de gastos social son, de hecho, la estrella del Presupuesto, del que acapara casi seis de cada 10 euros (sin contar las ayudas europeas). Pesan especialmente las pensiones, para las que se prevé un incremento del gasto del 4,8% hasta alcanzar los 171.165 millones de euros. Se cuenta aquí con revalorizar un 3% las pensiones mínimas y no contributivas mientras que el Gobierno da por hecho la aplicación de la reforma de pensiones pactada con los agentes sociales que aún tramita el Parlamento y que supondría ligar las pensiones contributivas al IPC de los 12 meses previos a noviembre de este año.

A falta de ver si la luz sigue disparando la inflación, que cerró agosto en el 4%, el Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que el alza rondará el 2,2% o 2,3%. Esto supondría 3.200 millones de factura. A esa cifra habría que añadirle la llamada “paguilla” de compensación a los pensionistas por la desviación del IPC sobre la subida del 0,9% en 2021, que se abonaría en enero (casi 2.000 millones más). Es decir, que la revalorización total de las pensiones contributivas, de un 3,5% a un 3,7%, costará 5.000 millones. La “paguilla”, además, tendría impacto en el déficit de 2021 lo que explica que la previsión fiscal del Gobierno sea algo peor que otras como la de la autoridad fiscal Airef.

El resto del gasto social

En paralelo al gasto en pensiones, el ingreso mínimo vital obtendrá 4.436 millones; y se eleva un 43,77% la dotación del bono social térmico. De otra parte, se aumenta un 2,5% el indicador de rentas IPREM, facilitando recursos a los más vulnerables, y un 23,3% el gasto en dependencia.

La única partida que decrece es la del desempleo, que cede un 10,2% hasta los 22.457 millones ante la expectativa de mejora del mercado laboral. Lo que sí crece, un 3,3%, son las políticas activas de empleo y refuerzo de la FP, hasta los 7.600 millones.

Juventud e innovación

La ministra destacó que las cuentas ponen el foco en la juventud, duplicando las partidas destinadas al colectivo hasta los 12.550 millones, incluyendo 200 millones para el bono de alquiler de 250 euros mensuales por dos ejercicios para menores de 36 años (en el marco de un alza del 46% en los fondos para vivienda); y 210 millones para el bono cultural de 400 euros para los que cumplan 18 años. Además se alcanzan un récord de 2.199 millones en becas y se darán ayudas específicas para acceder a la carera judicial.

“Son los Presupuestos que cuentan con la mayor partida de inversión, más de 40.000 millones de euros van a inversión y transferencias de capital”, detalló Montero, añadiendo que otros 13.298 millones irán a investigación desarrollo, innovación y digitalización. A su vez, la política industrial recibirá 11.300 millones y las infraestructuras 11.800.

Ayudas europeas e inversión pública

Del lado de las ayudas europeas, “nueve de cada 10 euros se destinan a la inversión”, aseveró Montero. El 19,8% de estos fondos irá a Industria y Energía; el 19,6% a digitalización e I+D+i; el 17,4% a infraestructuras y el 9% a vivienda, por citar las principales partidas.

El tamaño del Presupuesto, por capítulos, crece un 2,3% hasta los 241.717 millones en términos no financieros. Destaca aquí un aumento del 3,4% en los gastos de personal, por el alza del 2% en las retribuciones (unos 3.000 millones) y por la mayor oferta de empleo pública, de 30.445 plazas, de 2021. Es relevante también el aumento del gasto corriente, del 16,7%, por la factura de la pandemia, especialmente tras dispararse en 2021 la inversión en vacunas de los 1.008 millones previstos a 2.436 millones. Para 2022 se presupuestan 1.465 millones para vacunas pese a la expectativa creciente de que habrá una dosis de refuerzo para toda la población.

La inversión pública sube un 8,6% y las transferencias de capital un 9,9%, buscando apuntalar el crecimiento, dijo Montero.

Transferencias y financiación regional

“En definitiva, ganan los jóvenes, que contarán con partidas específicas, ganan los funcionarios que verán incrementadas sus retribuciones un 2%; ganan los pensionistas que van a comprobar como su pensión aumenta según los precios; ganan las clases medias y trabajadoras, con mejores servicios públicos; y ganan empresarios y autónomos, que contarán con mayores oportunidades”, quiso resumir Montero.

Finalmente, habrá una transferencia extraordinaria de 18.396 millones a la Seguridad Social y otra de 7.000 millones a las regiones (perdonándoles la liquidación negativa por la sobrefinanciación de 2020 y abonándoles el IVA pendiente de 2017). En financiación, las autonomías recibirán 112.213 millones en entregas a cuenta y los ayuntamientos 23.350 más.