El miedo al ‘greenwashing’ puede ser peor que la realidad del mercado

Los inversores están cada vez más en guardia para detectar aquellas empresas que exageran sus credenciales ‘verdes’

La emisión de bonos sostenibles, incluidos los bonos verdes, sociales, de sostenibilidad e instrumentos vinculados a la sostenibilidad, podría superar colectivamente el billón de dólares en 2021, lo que supone un aumento de aproximadamente 5 veces respecto a los niveles de 2018, según las estimaciones de S&P Global. Evidentemente, ESG se ha convertido en la corriente principal. Los principales grupos de interés, incluidos los consumidores y los inversores, han empezado a presionar a las empresas para que demuestren sus credenciales en materia de ESG, ya sea mediante compromisos y acciones adoptadas corporativamente, los productos que ofrecen o los instrumentos que utilizan para financiarse. Los gobiernos y los reguladores también han introducido normas y reglamentos mejorados para apoyar una mayor divulgación y consistencia de los informes ESG.

Sin embargo, el gran volumen de comercialización y etiquetado de ESG, junto con la falta de uniformidad en los compromisos y la información sobre sostenibilidad, ha hecho que los grupos de interés tengan cada vez más dificultades para identificar lo que es el trigo y los que es la paja dentro de la industria, lo que se ha dado en llamar greenwashed.

Una encuesta realizada por Quilter Investors en mayo de 2021 reveló que, en lo que respecta a la inversión en ESG, el greenwashing era la mayor preocupación para cerca del 44% de los inversores. El sondeo también muestra que los inversores que buscan actuar de forma más responsable y maximizar su impacto medioambiental están cada vez más en guardia para detectar efectos de aquellas empresas que potencialmente se considera que exageran sus credenciales verdes para capitalizar la creciente demanda de productos ambientalmente sostenibles.

Una de las preocupaciones tiene que ver con la falta de consistencia en la terminología ESG que va a asociada a las inversiones sostenibles, y que puede inducir a confusión a los inversores. La información sobre coherencia y calidad en el uso de los ingresos obtenidos de una emisión sostenible y sobre su impacto social o medioambiental final sigue estando poco estandarizada y fragmentada entre tipos de emisores y regiones. Esto, evidentemente, dificulta cualquier comparación y agregación de resultados.

A falta de una norma común o un mecanismo de aplicación para la divulgación de información ESG, a nadie se le escapa que lo amplio del alcance de lo que se considera el etiquetado de deuda sostenible o de lo que es o no un proyecto verde o social hace muy complejo a los inversores navegar por este mercado porque se reduce la capacidad de comparación.

Por ejemplo, los bonos sociales han suscitado preocupaciones en torno al llamado lavado social, es decir, el riesgo de que un emisor pueda ser considerado como exagerando el impacto social de sus proyectos financiados. El mayor desafío para este mercado es el de la medición del impacto, ya que el impacto social tiende a ser más cualitativo por naturaleza y está menos definido, lo que hace más difícil el seguimiento y la divulgación de los parámetros de los proyectos sociales. Por otra parte, los emisores de los sectores de alto consumo energético están recurriendo cada vez más a instrumentos sostenibles o de transición para ayudarles a avanzar en su contribución a una economía de emisiones netas cero. El crecimiento del mercado de la financiación de la transición ha aumentado la preocupación por el lavado verde o transition-washing, dado que estos instrumentos se caracterizan a menudo por la falta de claridad y de una terminología común sobre lo que se considera una actividad o un proyecto de transición.

Finalmente, la estructura de los instrumentos vinculados a la sostenibilidad, que permite a los emisores utilizar los fondos para fines corporativos generales, ha aumentado el temor de los inversores a que se financien proyectos sin un claro impacto beneficioso, lo que los convierte en una nueva plataforma para el lavado verde o social. A los inversores les sigue preocupando principalmente que los emisores de instrumentos vinculados a la sostenibilidad puedan establecer objetivos de sostenibilidad que no sean lo suficientemente ambiciosos.

Cada vez está más claro que las entidades ya no pueden limitarse a declarar sus objetivos de sostenibilidad o sus metas a largo plazo. Los grupos de interés quieren que las empresas presenten planes de acción de transición detallados, respaldados por datos y objetivos intermedios a más corto plazo, que demuestren un fuerte compromiso con un futuro más sostenible. En última instancia, creemos que las empresas que puedan justificar sus afirmaciones medioambientales y alinear la financiación con una estrategia empresarial basada en objetivos ESG a largo plazo, estarán mejor preparadas para soportar los posibles riesgos de reputación, financieros y normativos relacionados con la sostenibilidad.

Aunque la demanda de instrumentos de financiación sostenible sigue siendo muy fuerte y apunta a seguir aumentando en el futuro, las preocupaciones en torno a la exactitud de las declaraciones de sostenibilidad de los emisores pueden tener profundas repercusiones en la integridad y el desarrollo del mercado de financiación sostenible. Los instrumentos de financiación sostenible serán cada vez más diversos y matizados, en parte para adaptarse a la nueva realidad: que cada sector, incluso los que son difíciles de reducir su impacto, debe contribuir a la descarbonización si se quieren evitar las consecuencias más graves.

En respuesta a este riesgo, han surgido recientemente una serie de normas y taxonomías que intentan ayudar a normalizar el mercado y movilizar el capital hacia objetivos sostenibles. La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y la Loan Syndication Trading Association/Loan Market Association/Asia Pacific Loan Market Associations han lanzado un conjunto de principios para promover la estandarización y la transparencia de los mercados de bonos y préstamos vinculados a la sostenibilidad. Aunque los principios son voluntarios, se estima que el 97% del uso de los fondos emitidos y el 80% de los bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos a nivel mundial se adhirieron a ellos en 2020, según la ICMA y Environmental Finance.

A medida que se sigan desarrollando taxonomías ESG en todo el mundo, el reto será encontrar una forma de mantener la armonización global. Para ello será necesario un esfuerzo combinado de las organizaciones del sector, gobiernos, los organismos de normalización, los consumidores y otras partes interesadas.

 Luisina Berberian es Directora de Finanzas Sostenibles de S&P Global Ratings