Digitalización y recuperación: comer en la mesa de los líderes
La transformación digital es clave, pero debe acompañarse de una fuerte reconversión en la gestión pública y en la cultura de la gente o no funcionará
En unas recientes declaraciones, el Premio Nobel de Economía (2001) Joseph Stiglitz llamaba a aprovechar la crisis para reconfigurar la economía norteamericana. “No debemos dejar que una crisis se desperdicie”, afirmaba en la CNBC. El reto podríamos trasladarlo a España. El mapa mundial se mueve, y es una pena incubar la sensación de que nuestro país parece cada vez más alejada de las mesas de poder mundial.
Lo mismo le sucede a la Unión Europea. En franca decadencia demográfica y de influencia, la palanca con la que librar la batalla de la resiliencia es, en lo principal, la tecnología. Tecnología para aliviar nuestra dependencia energética; y tecnología también para transformar el tejido productivo a través de la digitalización.
Tanto en el bienvenido Plan NextGeneration EU, como en su réplica nacional, la transformación verde y la digital son protagonistas principales. Esta última canalizará, en nuestro país, casi 21.000 millones de euros entre 2021 y 2023. El plan aspira a traccionar un crecimiento potencial “por encima del 2%”. ¿Suficiente para sentarnos a comer en la mesa de los líderes? No parece. Nuestra adhesión a la CEE propició un crecimiento tendencial medio del 3,7% anual entre 1985 y 2008. Y sacudida la crisis financiera, en el lapso 2014-19, veníamos creciendo en promedio al 2,6%. España debe recuperar una tasa de crecimiento tendencial en torno al 3%. O comeremos aparte.
Es cierto que, tradicionalmente, la parte magra de ese crecimiento se ha debido al aumento de horas trabajadas más que al avance de la productividad, inquietantemente estancada. Eso es lo que debe corregir la digitalización. España no puede perder el tren por una sencilla razón: todos los países tomarán el suyo, especialmente los comensales con los que aspiramos a compartir mantel. Si el sistema si no evoluciona, seguirá revolucionándose. Impulsar los servicios digitales es parte esencial de ese cambio de modelo. Son resilientes (a punto de recuperar los niveles pre-crisis), se han mantenido incólumes a la hora de crear empleo (+4% anual) y algo muy importante: multiplican la productividad del tenido productivo, con un efecto arrastre sobre toda la economía.
El plan de recuperación habla de “explotar el potencial de la digitalización en la productividad de las empresas y las Administraciones públicas españolas (...) Todo ello con una perspectiva humanista que garantice los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos (…)”. Pues bien, la otra cara de esta moneda, esencial para que las inversiones resulten productivas, tiene dos trayectorias:
En lo que afecta a las Administraciones Públicas, deben operar una transformación radical que trasciende el refuerzo tecnológico. La deficiente regulación es responsable principal (hay abundantes investigaciones al respecto) de la zozobrante tendencia de productividad a la que antes nos referíamos. Los conflictos con la normativa municipal para el efectivo despliegue del 5G o la parálisis de proyectos por la ausencia de herramientas legales de colaboración público-privada en el nuevo marco son ejemplos reveladores de que, ya en los prolegómenos, la Modernización de las Administraciones públicas (componente 11 del plan) tropieza con su propia naturaleza.
En el plano de los ciudadanos, las personas, es cierto que de nada servirá fortalecer las infraestructuras y disponibilidades TIC si su accesibilidad y uso no son efectivos. Pero además de derechos (como refiere el plan), las personas tenemos obligaciones y el país, como suma de personas, debe asumir las suyas. En lo que aquí importa, los ciudadanos deben tomar conciencia del cambio, comprender que las tareas y requerimientos profesionales se están rediseñando, y que será imprescindible buscar proactivamente mecanismos de reciclaje profesional. Los planes de formación que se van a desplegar, en una dimensión (teóricamente) nunca vista, de la mano del Plan Nacional de Competencias Digitales (dotado con casi 3.600 millones de euros), pueden ser una oportunidad.
Enlazando con lo anterior, hay además un detalle no menor y no trivial, especialmente para un país que dobla la tasa europea de desempleo. Si la transformación digital absorberá 21.000 millones de euros en dos años, eso implica una necesidad de especialistas TIC muy notable para llevarlo a término. Lo cual tropieza con nuestro alarmante y creciente déficit de perfiles y competencias. La dimensión del reto podemos aproximarla a través de la cifra de facturación por empleado (CNAE) de las actividades protagonistas (telecomunicaciones, sistemas, servicios TIC,..). Si esta se sitúa en casi 200.500 euros/ año, 21.000 millones precisan de movilizar en la tarea unas 135.000 personas, especialistas TIC, a lo largo de dos ejercicios. ¿De dónde van a salir? El mercado ya contrata entre 35.000 y 45.000 por año con extrema dificultad… Salvo que estas actuaciones canibalicen gran parte de la facturación actual, se avecina un importante cuello de botella.
Hay una oportunidad para jóvenes que no encuentran trabajo, para seniors expelidos del sistema por obsolescencia competencial, de tareas o salarial. Los nuevos empleos serán estables y sobrevivirán al plan de recuperación, porque la demanda mundial no para de crecer. ¿Estarán las personas vulnerables dispuestas a explorar esta posibilidad? ¿Cambiar?
La transformación digital, oportuna e imprescindible, ha de acompañarse por tanto de una reconversión en la gestión pública y en la cultura de las personas. Como sucede en la transición verde (encarecimiento del recibo de la luz), aquí también hay costes de cambio. Pero sólo así los fondos europeos nos acercarán a la mesa de los países líderes, que es donde España quiere (y debe) estar.
.-“Camarero ¿nos atienden ya por favor?. “Es que no hay servicio de mesa”.
Bueno, ¡pues habrá que levantarse!
Antonio Rueda Guglieri es Director de la Fundación VASS y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid