La tragedia griega del mercado eléctrico español

Los consumidores son víctimas de unas subidas de la luz que han de somatizar en tiempo real y de una batalla política en la que muchos quieren sacar tajada

La persistente subida de los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool), algún día por encima de los 140 euros/MWh, se ha convertido en una pesadilla sin fin tras la que subyace una batalla política de la que los partidos opositores al Gobierno (no solo el PP o Vox, sino su propio socio, Unidas Podemos) y otros lobbies de nuevo cuño quieren sacar la máxima tajada sin considerar el interés público. La compleja regulación del mercado eléctrico, rayana en el arcano, lo convierten en carne de cañón de la más vil de las demagogias: la que permite que los consumidores no concilien el sueño o sean víctimas de su propia impotencia ante una cuestión que está fuera de su alcance.

Se da la paradoja de que, aunque muchos usuarios han pagado más o menos lo mismo en sus facturas de julio y agosto por el recorte, entre otros, del IVA del 21% al 10%, y el posible ahorro por los nuevos peajes horarios, están somatizando igualmente unas escaladas de precios tan históricas como histéricas que, en tanto no se diluya dicho colchón fiscal, no se trasladará a su factura (la energía es un tercio de la misma).

¿Por qué el drama eléctrico español no tiene su reflejo en otros países europeos en los que los precios mayoristas han subido tanto o más que aquí? El caso más evidente es Portugal, socio del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), donde el acoplamiento de precios es total. La primera explicación es que España es el único país del mundo en el que el precio regulado al que tiene derecho el usuario doméstico (el denominado precio voluntario al pequeño consumidor o PVPC) está ligado a la cotización por horas del pool.

Una herencia envenenada del Gobierno de Mariano Rajoy (léase José Manuel Soria y Alberto Nadal), que, frente a la ventaja de ser el precio más competitivo que puede contratar un pequeño usuario (equivaldría a que los madrileños pudieran comprar directamente en Mercamadrid, a precios al por mayor y no en el mercado de su barrio), está sujeto a una volatilidad que está resultando insoportable. La electricidad se ha convertido en el único servicio cuyo precio regulado se conoce en tiempo real, cuando las facturas, que incluye otros muchos ingredientes, se emiten mensualmente.

Aunque el mecanismo del PVPC ha permitido a los acogidos al mismo (casi 10 millones frente a 28 millones de puntos de suministro) disfrutar de precios mínimos históricos, que nunca son noticia, es insostenible someter al ciudadano a la tortura paranoica de conocer no ya el récord en un día, sino informarles del domingo, el lunes o el martes más caros de la historia, compitiendo con el mismo descubrimiento de América. Entre las medidas que prepara el Gobierno para hacer frente a una situación que en el PP aprovechan para su derrocamiento, es modificar el PVPC y recuperar un índice de precios medios para periodos más largos (trimestrales o semestrales), que exigiría pagar coberturas del riesgo contra las oscilaciones en el periodo, como ocurre en otros países, pero que proporcionaría más tranquilidad. Se trataría de trocar volatilidad por dinero.

Abuso político

"Las grandes eléctricas, agazapadas por temor a salir escaldadas en el debate de grillos, son clave en la reforma del PVPC"

Pero no es solo el original PVPC la causa de la actual tormenta eléctrica, sino el abuso que desde hace décadas vienen haciendo los Gobiernos de la tarifa de la luz como un instrumento político y fiscal: con revisiones destinadas a controlar la inflación, el déficit público o las urnas, sin tener en cuenta los costes reales, o sufragando otros ajenos al sistema, que deberían pagar los Presupuestos del Estado (como las primas de las renovables, los sobrecostes de las islas o la deuda eléctrica). No es extraño, pues, que el español haya interiorizado que los Gobiernos pueden bajar la luz con solo apretar un botón. Sea cual sea la opción de mercado (los antimarginalistas parecen estar perdiendo fuelle) o el precio a aplicar a los domésticos, la UE obliga a todos sus miembros a respetar las normas de libre competencia.

Además, los ciudadanos europeos se enfrentan a otra factura: la de financiar la lucha contra el cambio climático y lograr una economía descarbonizada, que incluye la instalación masiva de renovables. Una energía inestable (la solar desaparece en los atardeceres y el viento con los anticiclones) que requiere en el medio plazo del respaldo de la generación con gas natural, industria obligada a comprar derechos de emisión de CO2 para su funcionamiento y que la UE ha encarecido sin compasión para desincentivar el uso de los combustibles fósiles. El gas es una materia prima en manos de pocos pero poderosos productores, como Rusia o Argelia, que están compensando con fuertes subidas de precios las pérdidas del primer año de la pandemia y quieren exprimir al máximo un recurso de futuro incierto.

En este punto, la cuestión es quién debe pagar el coste de la transición energética: los consumidores eléctricos o los contribuyentes, una opción esta última más adecuada, ya que, frente a la tarifa de la luz que pagan todos por igual (el bono social ligado de renta es la gran asignatura pendiente del Gobierno), los impuestos pueden ser progresivos.

Sea como fuere, los consumidores son hoy por hoy víctimas no solo de las subidas del pool, sino fundamentalmente de un Gobierno bloqueado (incapaz de rentabilizar medidas como la bajada del IVA o la minoración del CO2 ni, quizás, las que tiene en cartera); de una oposición que solo busca pescar en río revuelto; de un socio de Gobierno entretenido en proponer medidas pírricas, como es la reversión al Estado de las concesiones hidráulicas en décadas futuras (las que han caducando han pasado a manos de organismos tan públicos como las confederaciones hidrográficas) y de la confusión creada por los abusos de algunas comercializadoras independientes denunciados por la CNMC. Abusos que no tienen que ver con la situación de los precios, sino de una mala aplicación de los nuevos tramos horarios que entraron en vigor el 1 de junio.

Unas prácticas aisladas que desacreditan a las suministradoras del mercado libre que, junto con el consumidor industrial (que no disfrutan de la bajada del IVA), son las principales víctimas de la escalada de precios. La quiebra amenaza a las pequeñas comercializadoras que, salvo revisiones tácitas, no podrán renovar los contratos de sus clientes con precios similares a los actuales y menos aún con los que marcan los futuros.

La jaula de grillos en que se ha convertido el debate, en manos de un tertulianismo pánico, ha hecho que los principales protagonistas de la cuestión, las grandes eléctricas (empresas poco empáticas, según la ministra Teresa Ribera, y no como las telefónicas) que suministran por ley en el mercado regulado, guarden el silencio. Consideran que participar en dicho debate, sin reglas claras del juego y con el graderío en contra, solo les conducirá a la derrota, esto es, a recortes de ingresos o a encajar nuevas tasas. Pero, si no en el debate público, sí a puerta cerrada con el Gobierno, Iberdrola, Endesa o Naturgy deben aportar soluciones para buscar un mecanismo que acabe y mejore el PVPC. Pagando lo que sea.