Normativa

Operadores de infraestructuras y transportes afrontan un otoño de fuertes reformas

El ‘Mitma’ ultima la reforma de la Ley ferroviaria, el DORA 2 o la nueva Ley de Movilidad

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto a la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto a la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera.

La segunda mitad de la legislatura ha arrancado con nuevas caras al frente del Ministerio de Transportes (Mitma), liderado por Raquel Sánchez e Isabel Pardo de Vera, y con desafíos a muy corto plazo. Constructoras, concesionarias y operadoras de transporte esperan una fuerte ola de nueva regulación hasta final de año.

Está en revisión la Ley del Sector Ferroviario; debe avanzar el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, de la que se espera cobertura al pago por uso en autovías; a finales de septiembre ha de salir adelante el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2), con nuevas tarifas e inversiones para las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, y está abierta la reconfiguración del mapa concesional de las grandes rutas en autobús. Desde el terreno de las infraestructuras también existe fuerte presión a favor de la restauración de la revisión obligatoria de precios en los contratos de obra pública y de la mejora de la tasa de descuento en futuros pliegos de contratos concesionales.

Tal actividad normativa ha puesto a decenas de empresas y sus lobbies a velar armas ante el debate que volverá a generarse en unas semanas sobre la tarificación de las carreteras de alta capacidad, la posibilidad de gravar el tráfico aéreo con tasas ambientales o la fijación de un nuevo modelo de cánones que pagan Renfe y sus competidoras por el uso de la infraestructura ferroviaria tras la liberalización del transporte de viajeros.

La normativa que viene dará cobertura al peaje en autovías y a un nuevo modelo de cánones de Adif

En este último terreno, el de las tarifas de Adif, el primer competidor de Renfe, Ouigo, está defendiendo el pago por convoy y no por plazas, así como un abaratamiento de la factura por circular. Adif verá desligados sus cánones de los Presupuestos Generales del Estado y ganará margen para modificarlos en función de la demanda. Todo ello viene contemplado en la reforma de la Ley del Sector Ferroviario, vista en julio por el Consejo de Estado, y en la que se asumen Directivas y el propio Reglamento de la UE en busca del espacio ferroviario único europeo. Se espera que el Proyecto de Ley pase al Congreso entre septiembre y octubre.

Respecto a los peajes blandos en autovías, la reversión de las concesiones de Acesa el próximo día 31 (479 kilómetros de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, y de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo) avivará la cuestión de la autofinanciación de las infraestructuras viarias para sufragar su conservación. Un asunto que cuenta con máxima oposición del transporte de mercancías y que preocupa al de viajeros. La sola mención del pago por uso en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible generó también fuerte contestación entre la opinión pública, ante lo que José Luis Ábalos ocupó las últimas semanas de su mandato en el Mitma a defender la necesidad de garantizar la sostenibilidad de una de las grandes redes europeas aún por tarificar. La polémica de la escalada de los precios de la electricidad no hace más que dificultar la imposición a corto plazo de cualquier tipo de tarifa por circular, comprometida con Bruselas.

Respecto al transporte de viajeros en autobús, la pública Ineco ultima la nueva configuración de las concesiones del Mitma, con rutas que varían en función de los movimientos de la población y de la demanda. En este contexto, entrantes como Flixbus piden mayor terreno para la competencia que el que ofrece el actual sistema de concesiones, con numerosos contratos vencidos incluso antes de la pandemia.

Tarifas aeroportuarias

Antes de las vacaciones de verano se produjo un intenso enfrentamiento entre Aena y las aerolíneas por el marco tarifario que estará vigente entre 2022 y 2026. Donde el operador público reclama un alza del 0,52% en los cuatro primeros años y del 3,29% en el quinto, la CNMC rebaja esa pretensión y recomienda un descenso anual del 0,44%. La última palabra la tiene la Dirección General de Aviación Civil, que trabaja en la versión del DORA 2 que irá a Consejo de Ministros.

El sector aéreo espera una rebaja tarifaria de Aena hasta 2026 tras la opinión de la CNMC

Mientras se dirime el marco de tarifas e inversiones de Aena para el próximo quinquenio regulado, las compañías aéreas permanecen en guardia ante la creciente presión política y de parte de la sociedad en favor de impuestos por la emisión de gases de efecto invernadero e incluso de la prohibición de rutas cortas con alternativa en el ferrocarril. Un argumento que todo el sector aéreo contrarresta argumentando la necesidad de ayudas para la reconversión de las flotas y la aceleración de la oferta de combustibles alternativos.

Para septiembre han quedado pendientes otros dos puntos que, en este caso, preocupan a constructoras y operadoras de infraestructuras: la demandada revisión de la Ley de Contratos del Sector Público para restaurar la obligatoriedad de la revisión de precios de las materias primas, así como la mejora de la tasa de descuento en contratos concesionales, dejando atrás los límites fijados por la Ley de Desindexación.

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