Más del 60% de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno se quedan sin solicitar

UPTA alerta de que los requisitos para acceder al fondo impiden a muchos autónomos pedirlo Ninguna región ha agotado todavía el dinero

El fondo de 7.000 millones de euros aprobado por el Ejecutivo en marzo para socorrer a las empresas golpeadas por el Covid está lejos de agotarse. “La ayuda está mal concebida”, denuncia Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), quien explica que a día de hoy se ha solicitado por parte de los autónomos y empresas menos del 40% de dichos fondos, porcentaje que se ha estancado desde hace más de un mes.

El motivo, señala el directivo, es que es necesario “tener una deuda reconocida con un proveedor de la característica que sea” y estar al día con la agencia tributaria. “Si eres deudor con Hacienda no puedes acceder a las ayudas del Estado, pero tampoco de ninguna comunidad. Es el motivo principal para que miles de autónomos no puedan acogerse a las ayudas”, explica Abad.

A día de hoy, según datos recabados por UPTA, solo en tres comunidades autónomas se ha solicitado más de la mitad del dinero a disposición de las empresas: Castilla-La Mancha (donde se ha pedido el 70%), Canarias y Baleares (ambas con el 60%). En la otra punta del ranking se encuentra Asturias, donde los empresarios y autónomos de la región solo han pedido el 4% del dinero y su convocatoria se encuentra actualmente cerrada. Le sigue Cantabria (14%), Cataluña y Murcia (ambas con menos de un 20%).

El mes pasado, según informó El País, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, había decidido abrir la mano y permitir que la ayuda sirviese para compensar pérdidas contables. Sin embargo, Abad denuncia que nada ha cambiado desde entonces, y que esto “solo ha añadido más incertidumbre sobre algo que estaba claro, pero que era una situación totalmente anómala”. “Estaba clarísimo que había que tener una deuda con un proveedor”, asegura Abad.

El presidente de ATA (la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), Lorenzo Amor, indica que comunidades como Madrid, Baleares, Canarias y Andalucía ya han comenzado a hacer efectivo el pago de las ayudas solicitadas, aunque “a estas alturas, de los 3,4 millones de autónomos que hay en España, ni 400.000 han llegado a solicitarlas”. “Esto tiene una solución y pasa porque se cambie la parte del Decreto Ley donde se hace referencia a las deudas con proveedores, que han de ser hasta el 31 de mayo del 2021, y que en su lugar se ponga hasta el 31 de diciembre”, explica Amor.

“Este fondo está acogido a la ley de subvenciones, no es una ayuda directa como las que han dado Alemania, Italia o Francia. Es una subvención y, como tal, tiene que asociarse a un gasto. Por eso el gasto que se exige son las facturas impagadas a 31 de mayo. El problema es que un taxista, el cual ha perdido dinero por la pandemia, no tiene facturas impagadas. Si ahora esa fecha se cambia y se pone a 31 de diciembre, esta persona puede utilizar la ayuda para pagar carburante y otro tipo de gastos de aquí a final de año”, añade Amor.

Por su parte, el presidente de UPTA argumenta que se debería de poder incluir en estas ayudas a todos aquellos que tengan deudas con Hacienda, ya que, “como es lógico, muchos empresarios han decidido pagar a sus proveedores antes que a la Agencia Tributaria”.

En este sentido, una fuente empresarial explica que el diseño actual de los fondos “induce a que algunas compañías no lo hagan del todo bien desde el punto de vista normativo”. “Los autónomos no son tontos (...) Muchos lo que hicieron fue solicitar más mercancías a sus proveedores, no costearlas, y después hacer frente a ese gasto con el dinero de estos fondos”, señala esta fuente.

Otro cambio que solicita UPTA para facilitar el acceso a las ayudas es que solo se tenga en cuenta la bajada de ingresos respecto a antes de la pandemia. “Sin más requisitos. La caída de facturación es muy fácil de probar. Yo creo que es lo más sencillo que se puede hacer”, añade Abad.

El conflicto abierto entre el PP y el Ejecutivo por las ayudas

Carta de Lasquetty a Calviño. Tras la información publicada por El País en julio, según la cual el Gobierno se abría a la posibilidad de que los fondos se utilizaran para cubrir pérdidas contables, la Comunidad de Madrid mandó una misiva al ministerio de Economía asegurando desconocer este cambio e instando a modificar la ley para hacerlo oficial. “Creo que cualquier nueva normativa o interpretación de la actual que realice el Ministerio, de una convocatoria de ayudas tan vital para nuestra economía, autónomos y empresas, debe realizarse de forma pública y con todo el rigor que exige el principio constitucional de seguridad jurídica”, indicaba la misiva, que estaba firmada por el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.

Murcia también se quejó. Ese mismo día, en la Conferencia Sectorial de Clima de Negocios y Mejora Regulatoria presidida por Calviño, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid (ambas presididas por el PP) mostraron su malestar ante la vicepresidenta primera por cómo se estaban otorgando estas ayudas, según fuentes conocedoras de la cita.