Lobby: el poder invisible

Si bien en los últimos años se han producido avances en su regulación, en España estamos todavía huérfanos de normativa regulatoria

La actividad del lobby tiene como objetivo llevar opiniones e intereses de determinados colectivos (normalmente empresas) a los poderes públicos. Si bien en los últimos años se han producido avances en su regulación, en España estamos todavía huérfanos de normativa que regule esta importante actividad. Ya por el 2014, en el primer informe de Transparencia Internacional nos llevamos un buen “tirón de orejas” cuando se reflejó una falta de transparencia en la forma de actuar de estos grupos de interés y tachó al lobby español de poco “profesionalizado” y “desregulado”.

En España tan solo contamos con una proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de fecha 7/5/2021, que puede suponer una primera piedra para sentar las bases de una próxima regulación, donde se confiera más transparencia en la actuación de estos grupos de interés. Decía J. F. Kennedy que un lobista le explicaba en diez minutos los problemas que planteaba una situación, y que un técnico asesor de su presidencia tardaba más de 3 días en hacerlo. Es indudable que desde que la democracia ha madurado: los lobbies son una realidad y siempre han estado pegados al poder.

El lobby en nuestra R.A.E. se define como un “grupo de presión”. Quizá esta definición no es más que el espejo de la mala prensa que tienen los lobbies en nuestro país, si bien hay que decir en su descargo que, en numerosas ocasiones, el lobby ha ejercido un papel crucial para resolver problemas complejos.

La actividad del lobby se viene ejerciendo desde hace muchas décadas ya, y en países como EE. UU. y Reino Unido es completamente legal y sus regulaciones muestran un grado envidiable de madurez.

Aquí, en el Viejo Continente, otros países como Austria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Lituania y Polonia ya cuentan con regulación legal de esta actividad. La UE ha habilitado un registro en el año 2008: a finales de 2019 había inscritos más de 12.000 grupos de interés, y solo en Bruselas hay más de 20.000 lobistas, datos objetivos que dan buena cuenta de la implacable penetración de este fenómeno en las democracias.

Es obvio que el lobby pretende ejercer una influencia en la Administración Pública para promover decisiones favorables a sus intereses. En ese logro de sus intereses reside, en muchas ocasiones, un beneficio para la sociedad, por lo que esa influencia toma cuerpo, aunque no lo veamos, en la opinión pública, y en el nacimiento de normas y decisiones con trascendencia económica, política o social.

El lobby existe, es invisible, pero, como su traducción al castellano indica, se ejerce desde la antesala del hemiciclo. Por eso, debemos tomar conciencia de que hay que regularlo cuanto antes. El objetivo tiene que ser la transparencia, fijando sus límites con claridad y haciendo el proceso plenamente transparente.

El lobby, puede servir como un instrumento formidable para abordar situaciones complejas donde las posiciones están muy encontradas. Tenemos casos de éxito palmarios en los últimos años que parece que a veces caen en el olvido, pero es preciso recordarlos para conocer el verdadero poder que entraña el ejercicio del lobby.

Un buen ejemplo del poderío del lobby es haber conseguido la quita a través de una condonación de la mitad de la deuda griega en manos de inversores privados, lo que supuso un salvavidas para Grecia y para la estabilidad financiera de la zona euro. El lobby bancario se empleó a fondo en jornadas interminables, salvó los muebles con arduo trabajo transnacional, impidiendo una crisis financiera en la zona euro sin precedentes. En España, a otro nivel, entre el año 2010 a 2012, con una crisis económica galopante, el lobby financiero maniobró en el Gobierno de España al más alto nivel, consiguiendo que se adoptaran nuevos mecanismos y la creación de un banco malo.

Es evidente que también el lobby, mal utilizado, puede provocar estragos en las democracias: véanse los casos recientes de corrupción producidos en los EE. UU. Estos ejemplos no son más que evidencias de la necesidad de una pronta regulación que acote las tramas que a veces se pertrechan tras las llamadas “puertas giratorias”. La Oficina Antifraude de Cataluña ya alertó sobre el riesgo de corrupción existente por el hecho de que los servidores públicos pasen a formar parte de las plantillas en el sector privado.

Cualquiera pudiera pensar que también estas ayudas benefician a la industria que promueve el lobby: sin duda, y es así. Pero ello no supone ningún menoscabo, porque, a veces, con una decisión se pueden beneficiar a todas las partes implicadas.

La apuesta por el lobby debe ser firme, su regulación es tan necesaria y palmaria como su gran poder, siempre al lado de los gobiernos, ejerciendo mando y a veces control sobre muchos aspectos que no vemos, pero que están presentes en nuestro día a día.

 Felipe García Hernández, abogado y socio de Círculo Legal