Canarias

El cálculo sobre el PIB regional o la increíble historia de la riqueza menguante

Un estudio de la ULL concluye que la actividad económica de las Islas es inferior a la reflejada en la contabilidad oficial

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una foto de archivo
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una foto de archivo
Las Palmas de Gran Canaria

No es un clásico del cine fantástico ni el remake de una película de serie B, pero la historia del Producto Interior Bruto de Canarias en los últimos años podría ser titulada como la increíble historia de la riqueza menguante. Y no solo por la caída experimentada en el último año como consecuencia de la crisis de la covid, tasada en un 20%. Al retroceso se le suman las dudas que suscita un estudio reciente que cuestiona el método de cálculo de la riqueza generada por la economía regional en cada ejercicio. Y eso que se trataba de una cifra relativamente fácil de memorizar: sobre los 45.000 millones de euros, en torno al 4% de la capacidad económica total del Reino de España. Según el informe, si se atiende a criterios de cálculo más cercanos a la recaudación fiscal real de las Islas, el PIB regional son se reduce en 1.835 millones, un hecho que lejos de resultar baladí podría tener incidencia en otros cálculos igualmente relevantes, como la participación de Canarias en el reparto de fondos europeos.

El estudio, presentado en días pasados por la Real Sociedad Económica del País de Tenerife, ha sido elaborado por un equipo de investigación de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, compuesto por los economistas Domingo Lorenzo, Encarnación Esparza, Eugenio Díaz y Juan José Díaz Hernández. Bajo el título El PIB de Canarias y sus economías insulares. Reflexiones sobre su cálculo y aproximaciones al impacto de la Covid-19, el trabajo de los investigadores isleños subraya que “sin menoscabo de la importancia que tienen la dimensión social y medioambiental asociada al proceso de crecimiento económico, la correcta contabilización de la actividad productiva es un requisito básico en la gestión eficiente de los recursos”.

Y aquí surge la gran pregunta: ¿entonces resulta que el PIB de Canarias está mal calculado y nadie se ha dado cuenta durante años? Domingo Lorenzo, que además de docente universitario e impulsor del informe es funcionario del Instituto Canario de Estadística, lo aclara: “Yo no lo llamaría un error, sino que hay dos criterios posibles y hasta el momento se ha optado por uno de ellos, del cual se obtiene un cómputo superior sobre la riqueza total de Canarias”. Las normas para la elaboración de estos trabajos vienen definidas por el organismo europeo de referencia, Eurostat, y sus principios están muy claros: el PIB de una región se contabiliza a partir del cálculo sobre la actividad de todos sus sectores económicos, el llamado Valor Añadido Bruto (en Canarias está situado en torno al 3,8% del total español), al que se añade, como elemento corrector, el cómputo de la recaudación de impuestos sobre los productos. “Y aquí está la clave”, explica el economista, “porque estos impuestos son sobre el valor añadido e impuestos especiales. Eurostat deja claro que a efectos del cómputo se pueden tener en cuenta los regímenes especiales de las regiones de la UE”.

Tercera pregunta del acertijo: ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Que el Instituto Nacional de Estadística (INE), siguiendo un criterio correcto, pero quizá menos preciso, considera que a efectos de cómputo de PIB el Archipiélago es territorio IVA, de modo que estima una recaudación fiscal indirecta muy superior en las Islas, al estar situado el tipo de este impuesto en el 21% sobre el valor del producto o servicio, mientras que su homólogo canario, el IGIC, tiene un tipo general del 7%. “Las conclusiones del informe pueden sorprender, pero en el fondo se basan en principios muy simples que el INE entiende perfectamente”, afirma Domingo Lorenzo, quien a su vez recuerda que hay un ejemplo al que acudir en esta materia: son las regiones ultraperiféricas de Francia (Guayana, Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte), cuyo Producto Interior Bruto sí es estimado (a la baja, por supuesto) atendiendo a su peculiaridad impositiva.

¿Y todo esto, cuánto supone para el cómputo real de la actividad económica generada en Canarias en un ejercicio? Pues atendiendo al estudio elaborado por los investigadores de la ULL, “la cuantía de impuestos netos sobre los productos efectivamente soportada en Canarias sería 1.835 millones de euros inferior a la inicialmente a la estimada en la Contabilidad Regional de España”.

Este resultado, “lejos de ser un mero ajuste contable, tiene importantes implicaciones para la economía canaria”, pues supondría que el PIB canario del año 2018 “descendió hasta los 43.988 millones de euros frente a la cifra oficial de 45.823 millones”. Esta cifra, una vez extrapolada al periodo 2011-2013, habría provocado que Canarias presentase un PIB por habitante del 74,6% de la media de la Unión Europea, cuando la cifra oficial ascendió al 76,4%. De esta manera, Canarias, en lugar de haber sido calificada por la propia UE como una “región en transición”, habría sido considerada como una “región menos favorecida” al tener un PIB per cápita inferior al 75% de la media.

Menos fondos europeos

Menor riqueza, más fondos de la UE. El estudio de la ULL estima que durante el periodo 2014-2020 Canarias podría haber obtenido 840 millones de euros adicionales de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo si se le hubiese considerado como “región menos favorecida” en función de los cálculos sobre su PIB. El estudio resalta que “la rebaja en la estimación del PIB acogiéndose a una opción reconocida por las autoridades europeas permitirá captar un mayor volumen de fondos”.

Comisión de expertos. Una vez conocidas las conclusiones del trabajo difundido por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Gobierno de Canarias ha decidido mover ficha, aunque todavía en el plano de un análisis previo del que podrían derivarse acciones correctoras ante el organismo estatal responsable, el INE. Así lo ha señalado el viceconsejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Fermín Delgado, quien apela al “consenso académico” para sustentar unas conclusiones que ya define como “robustas”.

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