Puig plantea un impuesto a las rentas altas de Madrid y la región dice que no pagará su “incompetencia”
El presidente de la Comunidad Valenciana acusa a la comunidad central de competencia fiscal desleal y Ossorio le acusa de impulsar un "infierno fiscal"
La reforma del sistema de financiación autonómica que España tiene pendiente abordar desde hace años, y que el Gobierno quiere abordar en 2022 impulsando entre otras medidas una armonización fiscal entre las diferentes regiones, ha provocado este miércoles un choque de alto voltaje entre los Ejecutivos de la Comunidad Valenciana y Madrid.
Todo ha comenzado con unas declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que durante un desayuno organizado esta mañana por Europa Press ha declarado que entre las posibles soluciones a los problemas de infrafinanciación de comunidades como la suya “podría ser una opción” plantear la creación de un impuesto específico para las rentas altas de Madrid, que concentra las mayores del país, y a la que acusa de ejercer una “competencia desleal” en materia impositiva.
La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha tardado algunas horas en contestar pero lo ha hecho con contundencia: "Los dirigentes incompetentes no tienen que cargar las culpas sobre los que lo hacen bien", ha manifestado el portavoz del Gobierno de la Comunidad y titular de Educación, Universidad y Ciencia, Enrique Ossorio.
Puig había matizado que la creación de este impuesto sobre las rentas altas de Madrid “podría ser una opción”, pero aclaraba que no era una postura meditada. “Ya le digo que no quiero hacer ningún tipo de invención rápida y no suficientemente rigurosa”, ha añadido.
El presidente valenciano ha recordado, sin embargo, "lo que ha dicho la OCDE en relación a esta región", en referencia a las acusaciones de competencia fiscal desleal que Madrid podría estar ejerciendo aprovechando el efecto capitalidad para impulsar una política de impuestos bajos que el resto de regiones no podrían igualar. "Por lo tanto, busquemos la mejor solución. No voy a improvisar un impuesto, pero sí que esa vía tiene que estar presente", ha remachado.
Más allá, Puig ha defendido que “gran reforma fiscal que necesita España” debe atender a los nuevos tiempos impositivos. “Lo que no tiene que cambiarse es lo que dice la Constitución, que debe haber una fiscalidad progresiva y que tienen que pagar las personas que tienen mayor rendimiento”, ha añadido.
Ossorio ha cargado duramente contra los planteamientos de Puig. "Tiene que imitarnos, estamos dispuestos a explicarles como se hacen estas cosas, pero no puede para disimular sus errores decir que es porque somos capital o porque hacemos 'dumping fiscal' y somos insolidarios. Los dirigentes socialistas tienen tendencia a ocultar sus errores echando culpas a otros", ha criticado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Ossorio ha defendido que el PP lleva años “bajando los impuestos y controlando el déficit” de Madrid mientras que Puig, que gobierna desde 2015, ha organizado en la Comunidad Valenciana un "infierno fiscal", donde las rentas bajas pagan un 10% y las más altas un 25,5%, frente al 9% y el 21% de que aplica el Gobierno madrileño.
La Comunidad Valenciana ha añadido, “tienen una deuda pública brutal”. "Dicen que Madrid es un paraíso fiscal cuando todos tenemos las mismas reglas del juego. Cada uno lo hemos hecho de una manera", ha concluido.
Antesala de la reforma del sistema
El episodio denota del grado de tensión que augura la apertura del melón de la reforma de la financiación autonómica, dada la frontalidad con la que las distintas regiones están abordando el debate.
Así, de un lado, Valencia, Murcia y Andalucía, que son las peor financiadas, exigen nuevos recursos, si bien como se ha visto Puig persigue que se logren con más impuestos mientras que la Junta andaluza viene apostando por rebajarlos.
Madrid, por su parte, se ha erigido en bastión contra el plan de Hacienda de promover una armonización fiscal entre las comunidades autónomas que establezca, por ejemplo, tipos mínimos de obligada aplicación en todas las regiones. Algo que podría cortar las alas a la Hacienda madrileña, que mantiene bonificado al 100% Patrimonio y aplica fuertes reducciones sobre otros como Sucesiones o Donaciones. Ayuso ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional para preservar su política de bajos impuestos si es necesario a la par que ha enviado una propuesta al comité de expertos para la reforma fiscal que ha impulsado la ministra María Jesús Montero defendiendo las bondades de su modelo para toda España.
Desde Cataluña, de otra parte, ERC reclamó a Hacienda que actúe para acabar con la competencia fiscal desleal que Madrid estaría ejerciendo al atraer a contribuyentes de rentas altas y grandes empresas con este tipo de propuestas aprovechando que albergar la capital de España le garantiza fuertes recursos.