La automoción necesita inversión, pero también reformas normativas

El Gobierno debe ser consciente de que existen problemas inmediatos que están lastrando la recuperación del sector

El sector del automóvil, una de las industrias más golpeadas por la crisis del Covid-19, ha sido el destinatario del primer plan estratégico de recuperación y transformación económica (Perte) que aprueba hoy el Consejo de Ministros y cuyo contenido explicó ayer el presidente Pedro Sánchez. El plan, dirigido al vehículo eléctrico y conectado, contará con ayudas públicas por valor de 4.295 millones de euros que procederán de los fondos europeos, y con una inversión privada de 19.700 millones. Su objetivo es tan notable como el montante de inversión que pretende movilizar: lograr que España cuente con 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga en 2023, y que la aportación del sector al PIB español pase desde el actual 11,5% hasta el 15% en 2030. Las líneas generales de esa estrategia dibujan un futuro en el que la industria española del motor no esté tan fuertemente condicionada por la dependencia exterior como lo está en la actualidad. Para ello prevé crear un ecosistema de fabricación del coche eléctrico casi autosuficiente, que incluirá desde la extracción de materias primas al desarrollo y producción de motores, la fabricación de pilas de hidrógeno y el despliegue de puntos de recarga.

Como señaló ayer el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, el plan del Gobierno es necesario, pero no es suficiente. Como estrategia para impulsar la industria en la próxima década resulta impecable en el papel, pero su efectividad dependerá de cómo se gestione sobre el terreno. Pero más allá de esa incógnita, inevitable en la etapa inicial de toda estratégica sectorial, el Gobierno debe ser consciente de que existen cuestiones inmediatas que están lastrando la recuperación del sector y que no se resuelven con dinero, sino con reformas normativas. Es el caso de la flexibilización en materia laboral, una demanda que la industria volvió a plantear ayer, pero que de momento no encuentra eco en la agenda del Gobierno, más orientada hacia el endurecimiento de la legislación del trabajo que hacia su flexibilización.

El sector de la automoción, primera manufacturera de España, se ha ganado a pulso un lugar destacado en la industria europea y mundial. La crisis ha reducido la fabricación de vehículos en un 19,4% en 2020, lo que supone 550.000 unidades menos, unas cifras que muestran el daño provocado por la pandemia y el proceso de reajuste que están acometiendo las marcas de automóviles en todo el mundo. Pero también el alto potencial de una industria que cuenta con la experiencia y profesionalización necesarias para recuperar con rapidez su competitividad, siempre que disponga de un marco normativo que ayude y no dificulte la consecución de ese objetivo.