De profesión, abogado de causas imposibles
Estos letrados abren vías de protección innovadoras. La perseverancia y la fe en el caso son claves para la victoria
La abogacía ofrece la posibilidad de echarse a la espalda la defensa de causas difíciles o, a priori, imposibles. Ya sea por tratarse de un asunto que es la primera vez que se judicializa –como sucede cuando se aplica una ley novedosa–, un caso en el que haya que luchar contra un Goliat o una cuestión que necesite pelearse en tribunales supranacionales. Puede decirse que para estos letrados cada victoria supone poner una pica en Flandes.
Un grupo al que pertenece el veterano Miguel Ángel Albaladejo, socio fundador de Dikei Abogados. “A mis más de 70 años puedo afirmar que somos pocos los que optamos por aceptar el reto de ejercer como abogados de causas perdidas, difíciles o imposibles y que, sin embargo, en algunos casos, y no tan pocos, acaban siendo causas ganadas”, expresa. Quizá su espíritu inquieto y curioso le ha llevado a enfrentarse a temas muy dispares que no suelen ser “la práctica cotidiana de un abogado español”.
De esta forma, recuerda cómo innovó cuando en 1980 fue enviado por el Ministerio de Comercio a defender la posición de España en la ONU por reclamaciones arancelarias de Brasil y Estados Unidos. “Conseguimos convencerles de que no habíamos incurrido en dumping por vender el aceite extraído de la soja que EE. UU. nos exportaba más barato que ellos”. La denuncia de Brasil por el café tipo arábiga, en cambio, no pudo ganarse. Aun así, extrajo una importante enseñanza de esa primera aventura profesional. “Tuvimos que enfrentarnos a un cambio de chip: no había norma aplicable y hubo que presentar una defensa basada a la vez en razones jurídicas y de política internacional”.
Abrir camino
Más tarde, ya como abogado, Albaladejo inscribió una de las primeras escisiones de una compañía a raíz de la publicación de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. “Cuando resolví un grave conflicto mediante aquella escisión fui consciente de que se estaba abriendo un camino en materia de reestructuraciones”, afirma. Para el letrado, en suma, la abogacía no es aburrida ni monótona, solo hay que afrontar riesgos. “No me gustaría jubilarme sin haber tenido ocasión de impulsar una reforma legislativa a través de un caso”, confiesa.
El reto, según Efrén Díaz, responsable de tecnología y derecho espacial en el Bufete Mas y Calvet, es superar el miedo a lo imposible. Entre sus casos más difíciles, fue promotor de una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor del derecho al olvido, sobre un político que “fue falsamente acusado en un blog de un delito no cometido” contra Google. El fallo sentó un precedente y abrió una nueva vía de protección a los ciudadanos. “Hasta que no llegas al final no caes en la cuenta de que, quizá, el camino recorrido ha podido marcar un hito”, rememora.
Díaz también recuerda un asunto de inundaciones que afectó a más de una docena de familias. “Supuso más de siete años de trabajo y más de 22.000 folios de expediente”. Fue difícil reparar la injusticia causada por “la insuficiente y temeraria actuación municipal en el ámbito de la urbanización afectada”, como reconoció el tribunal. Sin embargo, el día que el letrado comunicó la victoria a los vecinos, “caí en la cuenta de que el niño de 7 años que me abrió la puerta era el bebé para el que logramos el reconocimiento judicial de daños morales y personales”. Su madre quedó marcada con un estrés postraumático crónico cuando creyó que perdía a su hijo durante la catástrofe. Al final, "la práctica jurídica y judicial me lleva a pensar que lo único imposible es aquello que no se intenta”, afirma.
Luchar contra una injusticia
La abogada Eva González se atrevió a destapar un caso de discriminación administrativa de la agencia tributaria de Países Bajos que puso en jaque al Gobierno holandés. El asunto le llegó a través de su marido, que acudió a ella cuando, en 2014, la Hacienda neerlandesa empezó a enviar cartas a los clientes de su guardería acusándolos sin pruebas de fraude y reclamándoles todas las subvenciones cobradas.
González decidió llevar el caso a los tribunales. “Durante tres o cuatro meses estuvieron tomando el pelo a toda esta gente y reteniendo las ayudas”. Se dio cuenta de que el 90 % de los investigados por Hacienda eran inmigrantes, sobre todo turcos.
La perseverancia de la abogada en la defensa de este caso ha hecho que, actualmente, muchos de sus clientes hayan recuperado ya su dinero, y todavía sigue luchando para que se les indemnice justamente. El escándalo ha provocado la dimisión en bloque del Gobierno de Mark Rutte. Sin embargo, lo que esta letrada ha perseguido es “que se cumpla la ley”. Una diputada neerlandesa dijo de ella que merecía una estatua, pero González insiste: “Siempre digo que esta causa no la he hecho yo sola porque he tenido la ayuda de mucha gente que no toleraba lo que estaba pasando”. Siete años después, les ha dicho a sus clientes: “Mi factura ya se la pasaré a Hacienda, y eso es lo que voy a hacer cuando termine”.
Cuando le preguntan qué es lo más bonito de su profesión González no duda en señalar que es “darse cuenta de algo que otras personas, que no conocen la ley, piensan que es normal”. Ya de pequeña, recuerda, “quería ser abogada y me metía en todos los líos”.
Fraudes colectivos
En ocasiones llega un giro de guion que hace que un abogado del sector tradicional se decida a montar una empresa especializada en demandas colectivas. David Fernández, CEO de ESKARIAM, lo hizo en 2007. “Ayudamos a un grupo de personas a recuperar todo el dinero que habían invertido en una casa: ahí se nos abrieron los ojos de luchar por causas perdidas”. Este asunto fue el de las viviendas no entregadas por la quiebra de Trampolin Hills. En enero de 2015, dos abogados del equipo, César Arnaiz y Susana Santamaría, lograron una sentencia en el Tribunal Supremo en un caso similar, donde se estableció la responsabilidad solidaria de las entidades financieras. “Fue un hito tremendo”, recalca Fernández. Después de unos años, “gente que compró la casa siendo novios han venido a cobrar el talón ya con tres hijos”, asegura. Fue en estos años cuando el letrado vio que su filosofía de buscar hacer del mundo un lugar más justo se alineaba con el movimiento en Europa para perseguir más eficazmente los daños causados por los cárteles.
“Nosotros hacemos de Erin Brockovich, nos dedicamos a llevar asuntos muy complicados que suelen ser a muy largo plazo y contra gente muy poderosa”, cuenta Fernández. Para ello han copiado el modelo americano, optimizando sus recursos y centrándose en la tecnología y en los procesos. También es fundamental, añade el letrado, tener un buen socio financiero. Sobre una de las causas que están llevando actualmente, el denominado cártel de la leche (un litigio de entre 1.500 y 2.000 millones de euros), se pregunta: “Sin esta fórmula, ¿qué ganadero podría tener al mejor experto en derecho de la competencia llevándole su caso?”.
Defender el planeta
La preservación del medioambiente es el reto para muchas asociaciones que, sin casi recursos, vigilan de cerca la actuación de Administraciones y particulares. Algunas, como la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, acuden a campañas de crowdfunding para sus proyectos. Su coordinador, Ernesto Díaz, relata cómo han conseguido recaudar 49.800 euros, un 122 % más de lo presupuestado para la defensa jurídica ante megaproyectos eólicos en estas montañas. Según asegura, ya hay cientos de proyectos de aerogeneradores en estos enclaves privilegiados por su biodiversidad y paisaje “cuando los pilares legales no están bien construidos”. Como explica, el ministerio sacó en diciembre una zonificación ambiental, “pero es tan solo orientativa y nosotros reclamamos normas vinculantes”. Se acaba de publicar la ley del cambio climático y no están en contra de las renovables, pero “lo que no vamos a consentir es que los últimos terrenos vírgenes se conviertan en un complejo industrial”, afirma.
María Ángeles López Lax es una de las letradas que forman el equipo jurídico. Después de veinte años como abogada mercantilista se pasó a la defensa ambiental por convencimiento. La causa por la cordillera le supone un reto, "pero no está para nada perdida". “Es un tema interesante a nivel profesional porque es para abrir vías nuevas”, comenta. En este caso, “al plan de implementación le falta detalle”. Es ahí donde los juristas se encuentran con el problema de la aplicación práctica de las normas y deben luchar para evitar que se produzcan efectos indeseados. Como asociaciones de protección ambiental, señala, "se nos ha confiado la vigilancia de la preservación de los valores ambientales y del uso racional de los recursos". La unión hace la fuerza, y por eso, la plataforma también se enfoca a publicar una especie de guías, "un diseño de pautas y estrategias para que todas las organizaciones pequeñas que están en esto sepan a dónde acudir".
El caso más difícil que confiesa haber llevado hasta el momento es el de Marina Isla de Valdecañas, una urbanización de lujo en un enclave de especial protección para aves de Cáceres. “Ahí he estado desde 2007 luchando y todavía está en el Supremo la ejecución de la sentencia”, relata. Eso sí, consiguió que se paralizaran proyectos y el Constitucional anulara la ley extremeña que los legalizaba. Como a sus compañeros, le mueve un sentimiento vocacional y el convencimiento de que el esfuerzo siempre merece la pena. “Mi madre me decía: si no tienes problemas, te los buscas”, recuerda López. “En realidad, me gusta solucionar problemas; a mí lo que me mueve es la protección del medioambiente, y sé que pasivamente no voy a conseguir nada”, sostiene.
