Ayuntamientos y expertos exigen una regulación urgente de la plusvalía municipal
Reclaman también ajustar el IBI, recuperar el IAE y fijar competencias
La situación creada por los tribunales en relación con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, ha dado lugar a una indefinición legal sobre este tributo que ayuntamientos y expertos exigen al legislador estatal resolver de inmediato. Este impuesto "no es exigible si en el periodo computable no se ha producido un incremento real de valor " o "si se acredita que la cuota tributaria excede de la plusvalía realmente producida", según sendas sentencias del Tribunal Constitucional de 2017 y 2019 y es nula la liquidación "cuando la cantidad a pagar coincide o supera la ganancia", según falló el Tribunal Supremo en diciembre de 2020. Estas sentencias han provocado que estén en juego unos 4.000 millones de euros.
Desde entonces no ha habido ningún cambio legal que haya adaptado este tributo municipal a lo sentenciado por ambos tribunales, con lo que se ha disparado la litigiosidad entre contribuyentes y ayuntamientos, de acuerdo con las conclusiones de la Jornada sobre la Reforma de la Financiación Local que, organizada por Fedea y la Fundación Olof Palme, ha tenido lugar este mañana en el Senado. El Ayuntamiento de Madrid tiene 253 millones de euros en litigio por esta situación de la plusvalía, tras haber recibido 45.000 escritos de reclamación, y el de Barcelona, 118 millones, según han declarado sus responsables de Hacienda, Engracia Hidalgo y Montserrat Ballarín, respectivamente.
Otro de los impuestos que, a juicio de los expertos académicos y responsables municipales, hay que reformar es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). "Ampliar su rango", ha dicho Ángel de la Fuente, director de Fedea, y estudiar las valoraciones en que se basa "pues el valor catastral no se corresponde con el valor de mercado", ha señalado Ana Muñoz, de la Universidad de Cantabria. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha reclamado una ley de valoraciones de inmuebles que sea válida para todas las Administraciones.
Asimismo, ha habido coincidencia entre los técnicos, en recuperar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o en gravar de alguna manera los beneficios de las actividades económicas que se desarrollan en los municipios. Como también es urgente, han indicado, regular las tasas por el uso de dominio público, que están provocando no pocos problemas a los consistorios, desde las de la telefonía móvil a las de las terrazas de establecimientos hosteleros.
Reforma urgente
Una de las principales conclusiones de la Jornada es la necesidad de reformar el sistema de financiación local para dotar a las entidades municipales de recursos suficientes. "El sistema actual es obsoleto e insuficiente", ha manifestado Nuria Bosch, catedrática de la Universidad de Barcelona, quien ha recordado que los gobiernos locales gestionan el 11,67% del gasto público y son los únicos que han cumplido con la estabilidad presupuestaria. La reforma, han coincidido los expertos académicos y algún político como la representante de Madrid, debe ser paralela y simultánea a la del sistema de financiación autonómica.
La participación en los ingresos de las comunidades autónomas y en los del Estado debe, asimismo, revisarse. En la actualidad, los gobiernos locales reciben una parte de los ingresos autonómicos pero de forma condicionada y la reclamación es que deje de ser así. En cuanto a la participación en los del Estado, Ángel de la Fuente ha pedido un recargo sobre el IRPF. El catedrático de la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraja, ha asegurado que la participación en los ingresos estatales necesita "equidad" ya que "no tiene en cuenta las necesidades municipales y se trata de meras transferencias que no aportan autonomía".
Una conclusión también compartida es la de una inmediata revisión del marco competencial de las entidades locales. La queja general ha sido que los ayuntamientos, grandes, medianos y pequeños, asumen, además de sus propias competencias, otras impropias y no definidas en áreas como asuntos sociales o educación infantil. A ello se suma, han señalado las responsables de Hacienda de Barcelona y Madrid, los compromisos derivados del cumplimiento de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que comportan importantes cambios en los servicios prestados.