El Banco de España ve factible crear la mochila austriaca sin sobrecoste empresarial con las ayudas europeas
Propone usar 8.000 millones comunitarios para impulsar un seguro individual que el trabajador mantendría al cambiar de empresa rebajando un 50% la indemnización por despido
El Banco de España ha dibujado este jueves una suerte de cuadratura del círculo de la reforma laboral al estimar que sería posible implantar en España la llamada “mochila austriaca”, un seguro individual de desempleo que el trabajador lleva consigo si cambia de compañía, rebajando a la mitad las indemnizaciones por despido pero sin recortar los derechos adquiridos por los empleados, y hacerlo sin sobrecostes para las empresas. Una ecuación que resuelve proponiendo un sistema transitorio de apoyo público abastecido con unos 8.000 millones de las ayudas europeas en camino.
El modelo, incluido en el Informe Anual que el supervisor financiero ha publicado este jueves, evitaría que las empresas elijan a quien despedir atendiendo al coste del despido en lugar de a criterios de idoneidad; fomentaría la productividad y los cambios voluntarios de compañía; y reduciría la brecha entre empleados fijos y temporales, expone el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce.
La llamada mochila austriaca, por el nombre del país que la puso en marcha, ha sido apadrinada por multitud de expertos así como por los Gobierno de diferente color político que han gestionado España desde la crisis financiera. Se trata de una suerte de fondo individual para cada trabajador que, alimentado por las empresas, el beneficiario podrá conservar aunque cambie de empleo y al que tendrá acceso en caso de ser despedido, de finalizar su contrato o al llegar a la jubilación.
De esta forma, el beneficiario acabará recibiendo esos derechos adquiridos en un momento u otro, mientras que el modelo de compensaciones actual solo beneficia a quien es despedido. Las compañías, a su vez, se evitan la necesidad de aportar fuertes sumas de dinero en forma de indemnizaciones por despido cuando una situación de tensión o crisis les lleva a plantear ajustes de plantilla.
Hasta ahora, el mayor escollo para su puesta en marcha es el difícil equilibrio entre mantener los derechos ya adquiridos por los trabajadores atendiendo a su antigüedad hasta la fecha de la reforma sin sobrecargar a las empresas con el doble coste de alimentar el nuevo fondo a la vez que siguen abonando las compensaciones tradicionales si realizan despidos.
El Banco de España soluciona este dilema aprovechando los 140.000 millones de euros en ayudas y créditos blandos europeos a los que el país aspira entre 2021 y 2026, dado que, detalla Arce, el reglamento que los regula permite su uso para cubrir la transición hacia el modelo austriaco.
Aunque asume que el diseño de esta reforma debería ser negociado entre Gobierno, patronal y sindicatos, el Banco de España ofrece algunos cálculos reveladores, tras analizar los costes del despido entre los ejercicios 2013 a 2016.
Partiendo de la hipótesis de una rebaja del 50% de las actuales indemnizaciones por despido (que pasarían de 33 a 16,5 días por año trabajado en el caso de los trabajadores fijos que sufran una salida improcedente; y de 20 a 10 en el caso de una por causas objetivas), el supervisor considera posible que, a medio plazo, los costes empresariales se mantengan en umbrales similares, los trabajadores conserven un colchón parecido y las arcas públicas no se vean resentidas.
El Banco de España ilustra el modelo con un ejemplo: el de un trabajador con un salario mensual de 1.500 euros contratado el 1 de enero de 2011 que sufre un despido objetivo por razones económicas el 31 de diciembre 2014. Su compensación sería de 60 días (20 por cada año anterior a la reforma y 10 por cada uno posterior), lo que suma 3.000 euros de indemnización. En paralelo, dispondría de 600 euros en su fondo individual (seis días por cada año posterior a la reforma), lo que sumaría 3.600 euros.
Sin la reforma propuesta, este mismo trabajador habría recibido al ser despedido una indemnización de 80 días por cada año trabajado (20 por año), es decir, 4.000 euros. Aunque la cifra es algo superior a la del ejemplo anterior, el supervisor matiza que si en lugar de ser despedido hubiera cambiado de trabajo no dispondría de los 600 euros acumulados en su fondo individual que acabará cobrando efectivamente en algún momento junto con lo que siga generando.
La reforma, en todo caso, arroja un sobrecoste de unos 9.000 millones de euros frente al modelo actual (por la suma de las indemnizaciones calculadas con el sistema original más las aportaciones al nuevo fondo). “Para cubrir esta brecha, se considera la posibilidad de que el Estado financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo, si bien solo en el corto plazo y de manera decreciente en el tiempo: cinco días por año trabajado en el primer año después de la reforma, cuatro días en el segundo año, y así sucesivamente, de modo que las empresas se harían cargo totalmente de los pagos al fondo seis años después de aprobarse la reforma”, defiende. El supervisor concluye que con 8.000 millones públicos sería posible hacer la transición sin encarecer el proceso sustancialmente.
Así, concreta, el coste por despido para las empresas entre 2013 a 2016 ascendió a unos 27.998 millones de euros mientras que con la implantación del nuevo modelo austriaco, a largo plazo, la factura apenas habría ascendido a 28.010 millones para ese mismo periodo.
Durante el tiempo de transición, sin embargo, el coste total ascendería a 37.093 millones de euros, por lo que si el Estado aporta 8.031, las empresas solo cargarían con 29.062 millones (23.082 en indemnizaciones por despido y 5.979 en aportaciones al fondo individual).
Arce admite, en todo caso, que el cálculo se basa en un periodo de bonanza y que la factura puede resultar superior si el cambio se introduce en un periodo de fuertes ajustes del empleo.
